Repsol avisa al Gobierno del riesgo de acabar en los tribunales si le carga el coste de las renovables
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Abre la puerta a hacer recortes

Repsol avisa al Gobierno del riesgo de acabar en los tribunales si le carga el coste de las renovables

La petrolera advierte a Transición Ecológica de que la creación de un fondo para pagar las primas a las renovables "genera serias dudas sobre su adecuación al marco constitucional"

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El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. (EFE)

Repsol advierte al Gobierno del riesgo de acabar en los tribunales si implanta el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico (FNSSE). Este mecanismo diseñado por Transición Ecológica prevé que las primas a las renovables, actualmente pagadas por los consumidores de electricidad en la factura de la luz, se carguen a todos los operadores energéticos. Esto supondrá un fuerte impacto para petroleras y gasistas, en que la compañía más afectada será la multinacional dirigida por Josu Jon Imaz (unos 1.000 millones al año), por lo que abre la puerta a posibles recortes. El primer ejecutivo cargó duramente contra esta medida.

En este contexto, Repsol señala que el departamento dirigido por Teresa Ribera pretende transferir costes del suministro eléctrico a sectores consumidores ajenos a dicho sector, lo que además es una solución injusta que "plantea problemas de constitucionalidad y de derecho comunitario".

En las alegaciones al anteproyecto de ley remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica, a las que ha tenido acceso El Confidencial, explica que mantener la sostenibilidad del sistema eléctrico con cargo a sectores ajenos al sistema eléctrico es contrario al principio de neutralidad tecnológica que contemplan tanto el Pacto Verde Europeo-Green Deal como la futura Ley Europea del Clima, así como el PNIEC 2021-2030 y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (2050).

Foto: La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. (EFE)

Critica la vía elegida: "La creación de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias históricamente ha generado una gran conflictividad jurídica. La prevista para financiar el FNSSE genera serias dudas sobre su adecuación al marco constitucional y al derecho de la Unión Europea (UE)".

Esta posición choca con la visión ofrecida por el ministerio competente en materia energética. Tras su presentación el pasado mes de diciembre, fuentes de este departamento del Gobierno de Pedro Sánchez aseguraron que el anteproyecto está construido jurídicamente con la solvencia necesaria para aguantar cualquier envite en los tribunales.

A este respecto, cabe destacar que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cuya forma de dotación se basa también en contribuciones proporcionales a sus ventas de los operadores energéticos, supuso un aluvión de demandas en los tribunales. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó sus recursos. Esto, no obstante, no es 100% extrapolable al nuevo fondo que ultima el Gobierno, cuyas implicaciones y finalidades son distintas.

Foto: El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. (EFE)

Al margen de los potenciales problemas legales planteados por Repsol, la petrolera presidida por Antonio Brufau señala que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Energético genera distorsiones en la formación de precios y en la capacidad de elección del consumidor y que su diseño afecta a la libre competencia.

Por todo lo anterior, la primera energética del país señala que la ley del sector eléctrico y el PNIEC contemplan medidas suficientes para gestionar 'potenciales desajustes del déficit': "Consideramos que dentro del propio sector eléctrico existen oportunidades para corregir ineficiencias sin necesidad de implicar a otros sectores".

Pide que reforme a través de impuestos

Pero, aun estando en desacuerdo con la implantación del mismo, le pide que si quiere llevar a cabo un mecanismo para la contribución de la sostenibilidad del sistema eléctrico, este "debería pasar por los Presupuestos Generales del Estado o, en su defecto, por la modificación de los impuestos especiales existentes". "En concreto, deberían utilizarse los dos principales impuestos especiales (IIEE) que actualmente gravan el consumo de energía: el impuesto sobre hidrocarburos (IH) y el impuesto especial sobre la electricidad (IE)", detalla. Es decir, que cargue directamente el coste a los consumidores en lugar de que sean las empresas quienes asuman el impacto y posteriormente lo compensen, si quieren, trasladándoselo a sus clientes.

Una maniobra, la de subir impuestos, que tendría un impacto político mucho más fuerte que la vía elegida. Además, desde el ministerio, aunque permiten que las dotaciones al fondo se trasladen a los consumidores, no tenían claro al presentar este fondo que esto se vaya a trasladar siempre y al 100%. De hecho, consideran que en un contexto de competencia creciente en el sector energético, algunos operadores podría decidir cargarlo contra su margen de beneficio para tratar así de mantener una mayor cuota de venta.

Avisa de potenciales recortes

Esta potencial merma en el negocio también supone una dura advertencia por parte de Repsol, sobre todo en lo referente al mercado exportador: "A diferencia de la electricidad, los productos petrolíferos que fabrican empresas españolas tienen que competir en el mercado internacional y, por tanto, si se llevase a efecto el
reparto injusto de los costes del sector eléctrico sobre estos otros sectores, sería necesario adoptar medidas de compensación suficientes para evitar que se produjera una pérdida de competitividad y, eventualmente, un perjuicio para la economía española en su conjunto".

De lo anterior, se desprende que Repsol podría verse obligada a implementar recortes si se le cargan estos costes extra para mantener así su nivel de competitividad, que aseguran que supondría un coste para la economía española en su conjunto

Prevé subidas de impuestos en la UE este año

Dotar este fondo para costear las primas a las renovables podría interpretarse, a ojos de Repsol, "como un instrumento parafiscal" y llega, según entiende la petrolera, en un momento inadecuado, ya que está en curso la reforma de la fiscalidad energética europea.

Por ello, insiste sobre las dudas del encaje legal, piensa que si se elige la vía fiscal en lugar de la dotación de un fondo para pagar las renovables, "se minimizan los riesgos de inconstitucionalidad o vulneración del derecho de la Unión Europea y el incremento de la conflictividad", y añade: "La utilización de figuras tributarias otorgaría mayor seguridad jurídica y minimizaría la conflictividad", entre otras ventajas esgrimidas por la petrolera, como evitar problemas de fraude o el incremento de costes formales a operadores y la Administración.

Es probable que la Unión Europea (UE) suba la imposición mínima a los productos energéticos

También considera que se facilitarían la transparencia y previsibilidad ante la Administración y permitiría adecuarse a la reforma de la fiscalidad energética en curso de la UE. Repsol explica que, "en la UE, está en marcha la reforma de la directiva de fiscalidad energética [ETD, en inglés[]y del mecanismo de ajuste en frontera del carbono [CBAM, en inglés] que se configuran como palancas e impulso del Green Deal europeo. Se prevé que durante 2021 se publiquen las propuestas de estas directivas. Es probable que la UE suba la imposición mínima a los productos energéticos (hidrocarburos y electricidad) y que la tributación se base total o parcialmente en las emisiones de CO₂. Si las aportaciones al FNSSE no se configuran como impuestos o gravámenes tributarios (IH e IE), no se podrán tener en cuenta dentro de la imposición mínima que exija la UE". En este sentido, pide observar el ejemplo de Francia, que ha establecido un recargo a los impuestos energéticos para la contribución climática.

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