El juez tumba el ardid legal de Celsa y pone en riesgo el control de la compañía
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Se levanta la suspensión del pago

El juez tumba el ardid legal de Celsa y pone en riesgo el control de la compañía

Un juzgado de Madrid admite el recurso de los fondos contra las medidas cautelares dictadas en mayo del pasado año, que imponían una moratoria en el pago de 180 millones de deuda

Foto: Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)
Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)

Después de varias victorias judiciales que habían inyectado oxígeno en el futuro de la compañía y alejado el riesgo de pérdida de control sobre Celsa, el Juzgado número 60 de Madrid ha propinado un importante revés a los intereses de la familia Rubiralta, propietaria del grupo siderúrgico catalán. En una decisión cuyo contenido adelanta El Confidencial, el juez ha admitido el recurso presentado por varios fondos acreedores y ha levantado las medidas cautelares que retrasaban el pago de unos 180 millones de euros, tal y como constaba en el acuerdo de reestructuración suscrito en 2018.

Según explican fuentes jurídicas, el magistrado basa su resolución en la excepción procesal de la 'cosa juzgada', una figura legal que impide que se abra en un órgano judicial un asunto resuelto previamente por otro juez o tribunal. Estas fuentes detallan que la defensa de Celsa, en manos de Cortés Abogados, había presentado de forma casi simultánea varias peticiones de medidas cautelares en distintos juzgados: dos de ellas, el mismo día en sendas sedes judiciales de Barcelona (que fueron rechazadas el mismo día de su presentación), y la tercera, al día siguiente en el juzgado de Madrid.

Foto: EC.

Esta argucia, si bien en un primer momento sirvió a la compañía para ganar tiempo ante los fondos, a la larga ha sido el argumento que ha servido a los asesores jurídicos de los acreedores para desactivar las medidas cautelares. Una vez el juez ha comprobado que la petición ya había sido examinada y rechazada en otra sede judicial, ha decretado que no ha lugar a la petición.

Según explican fuentes de los acreedores, el fallo supone un espaldarazo a su posición en el conflicto que mantienen con Celsa, pero reiteran su compromiso de volver a entablar negociaciones con la empresa y todas las partes implicadas a fin de dar una solución viable a largo plazo para la compañía. Asimismo, adelantan que, a su juicio, el hecho de que se hayan anulado las medidas cautelares adoptadas en mayo conlleva que también se entienden desactivadas las que afectaban al préstamo de los convertibles dictadas en octubre por 112 millones de euros.

Foto: Oficinas de Celsa Group. (Celsa Group)

Celsa adeuda 1.500 millones de euros a un grupo de fondos de inversión oportunistas con nombres tan relevantes como Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi, Bank of America, Apollo y Goldman Sachs. La última propuesta de estos acreedores era canjear 600 millones de deuda en acciones, lo que les daría la propiedad del 49% del capital, mientras que los empresarios catalanes mantendrían el 51% restante en una primera etapa. Una solución que fue muy mal recibida por los Rubiralta, porque incluía una línea de financiación con un interés del 12% pagadera a cinco años. En realidad, los fondos se quedarían al cabo de ese periodo con cerca del 90% del capital de Celsa, que fue fundada hace más de 40 años por el padre del actual consejero delegado, Francesc Rubiralta.

La bola extra de la SEPI

El actual primer directivo, que ha dado orden de recurrir este auto, que no es firme, confía ahora en que el Estado ayude a Celsa a salir de esta grave situación. Como adelantó El Confidencial el pasado 15 de septiembre, la compañía se ha acogido al plan de ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ha solicitado financiación por 350 millones de euros. Unas líneas de crédito que engordarían el pasivo del grupo siderúrgico, con cerca de 9.000 empleados en todo el mundo, unos 4.500 en España.

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La SEPI no quiere entrar de forma directa en el capital de Celsa, por lo que los préstamos serían los llamados participativos, que se convierten en acciones en caso de impago a vencimiento. Los Rubiralta quieren que el Estado español haga como el italiano, que ha inyectado 400 millones en Ilva, una siderúrgica propiedad de la multinacional ArcelorMittal. Pero el acuerdo tiene que ser muy preciso desde el punto de vista legal porque los fondos podrían llevar también a la SEPI a los tribunales para debatir sobre la prelación a la hora de cobrar en caso de venta de activos o concurso.

De hecho, los fondos podrían reclamar de forma inmediata que parte de esos 350 millones fuera destinada a pagarles los 35 millones de los intereses vencidos de mayo y los 112 millones de octubre. En total, casi 150 millones, cerca del 40% del rescate. Según fuentes financieras, se espera que la decisión final del ente estatal, que lleva analizando la operación de ayuda a Celsa desde el pasado mes de septiembre, se adopte antes de final de enero.

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