Urrechu y varios fondos se suman a la puja por Zalacaín

Zalacaín tiene más de un pretendiente para seguir con vida en el mundo de la alta cocina. Declarado en concurso de acreedores voluntario el pasado mes de noviembre, el grupo de restauración controlado por la familia García Cereceda (La Finca) cederá el relevo al candidato que presente ante el administrador concursal designado por la jueza de lo Mercantil Bárbara Córdoba, en este caso, FTI & Partners, la oferta más atractiva para quedarse con la marca y las unidades productivas en liquidación.

De momento, la lista de interesados va cogiendo peso. Además del empresario Blas Herrero, primero en mover ficha de manera tentativa, otros candidatos han formalizado su disposición a pujar por Zalacaín poniendo una señal de 3.000 euros para acceder a la memoria económica realizada por el administrador concursal. Uno de ellos es el grupo restaurador Urrechu, dirigido por el popular chef vasco Iñigo Urrechu, que comparte propiedad con el empresario Manuel Marrón (Gilmar).

Fogueado en las cocinas de Martín Berasategui y Didier Oudil, el chef vasco cuenta con cuatro establecimientos en la capital. Su restaurante enseña Urrechu está en las inmediaciones de La Finca, el lujoso complejo residencial y de oficinas propiedad de los García Cereceda, donde la familia ubicó el centro operativo del negocio de 'catering', Inn Zalacaín, una de las unidades productivas en liquidación, junto al restaurante original sito en la capital y la cafetería del Club de Golf Somosaguas.

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Agustín Marco

Una vez solicitado el concurso, la familia García Cereceda está colaborando con la administración concursal para que Zalacaín tenga relevo. El encargado de estas gestiones es el financiero Jorge Morán, mano derecha de Susana García Cereceda para llevar La Finca, a quien corresponde facilitar la información financiera sobre el grupo hostelero, por el que también se han interesado varios fondos de capital riesgo, tal como han informado fuentes próximas a la operación.

Zalacaín arrastraba una deuda de 9,5 millones de euros (de los cuales, ocho corresponden a la familia García Cereceda a través de préstamo participativo realizado hace años) y un pasivo laboral de casi otro millón. Tras una reforma millonaria realizada en 2017, la familia decidió dejar de poner dinero casi 10 meses después de cerrar como consecuencia de la crisis sanitaria, ante la dificultad de recuperar la inversión realizada, pese a ser una de las mecas de la restauración de la capital desde hace 40 años.