La Abogacía del Estado trata de involucrar a Mazda en el cártel de las automovilísticas

La Administración General del Estado está intentando que Mazda no se escape del cártel de los grandes fabricantes automovilísticos. Este escándalo se saldó con la sanción más severa impuesta por la CNMC después de destapar un pacto de precios entre marcas, lo que supone una infracción muy grave de la legislación española de defensa de la competencia.

Grandes multinacionales de automóviles como Peugeot, Citröen, BMW, Ford, Fiat, Chrysler o Hyundai, entre otras, vieron a finales de 2019 cómo la Audiencia Nacional ratificaba las sanciones por infracción, cuyo coste se elevó a más de 131 millones de euros.

Pero, a diferencia de lo anterior, el alto tribunal decidió estimar un recurso interpuesto por Mazda. Los magistrados que dirimieron el caso exoneraron de esta causa general contra las grandes corporaciones del automóvil al fabricante japonés porque, aunque creyeron acreditada su participación en el intercambio de información sensible, constataron que la cuota de Mazda en el mercado adulterado era del 0,0%, lo que en la práctica suponía, según su criterio, una ausencia de responsabilidad.

Peugeot, Citröen, BMW, Ford, Fiat, Chrysler o Hyundai recibieron una sanción histórica de CNMC

Sin embargo, ahora la Abogacía del Estado ha decidido presentar un recurso de casación frente al Tribunal Supremo en el que se pide a la sala de lo contencioso-administrativo que siente jurisprudencia sobre un caso así.

Para la Abogacía, el hecho de que la cuota de mercado de Mazda en el mercado de las automovilísticas fuera del 0,0% no le exime de su responsabilidad, a diferencia de cómo falló la Audiencia Nacional. Para el abogado del Estado esto se trataría de algo posterior a la infracción principal contra la defensa de la competencia ya que la CNMC señaló que Mazda también participó en el "en el cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de gestión empresarial, postventa y marketing, desde marzo de 2010 hasta agosto de 2013".

De esta manera, el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de la Abogacía del Estado para sentar jurisprudencia sobre este asunto, según consta en un auto firmado el pasado 11 de diciembre.

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Esta causa se dirime en paralelo a los recursos presentados por el resto de grandes fabricantes de automóviles, cuyas sanciones fueron ratificadas por la Audiencia Nacional. Diversos autos han sido admitidos por el Tribunal Supremo, a diferencia de lo ocurrido con los concesionarios. El alto tribunal tendrá que decidir finalmente si estas marcas fueron responsables de una trama de cártel y si tendrán que pagar los 131 millones de euros que les impuso la CNMC.

Este caso, destapado en 2015, se produjo a raíz de que Seat, cuya representación legal también está personada en la causa frente a Mazda, se acogiera al programa de clemencia. Tanto esta marca como las de su grupo (Volkswagen y Porsche) decidieron colaborar con las autoridades de competencia en el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos con el objetivo de así blindarse y no ser sancionadas por estos hechos.