Puigdemont exige a la nueva Generalitat que declare la guerra al Ibex 35
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Se pide evitar contratos

Puigdemont exige a la nueva Generalitat que declare la guerra al Ibex 35

La propuesta de Puigdemont y su Consell per la República es de imposible encaje legal. Con la ley en la mano, no se puede marginar a estas compañías de los concursos públicos

Foto: El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)
El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

Carles Puigdemont sube su apuesta contra las grandes empresas del Ibex 35 y de la economía española. Exige a la Generalitat que salga de las urnas del próximo 14-F que no contrate con estas compañías como parte de la "confrontación inteligente" contra el Gobierno español. Lo hace un su documento 'Preparémonos', que quiere ser una ruta para los próximos años para conseguir romper con el resto de España y que este fin de semana aprobó en su recién creado Parlament paralelo, en un acto virtual al que se conectaron diversos 'consellers' desde el Palau de la Generalitat.

El documento, de 55 páginas, pone diversos deberes a la futura Generalitat, entre otros: "Dar pasos encaminados a romper la dependencia de los poderes españoles que actúan a través de las compañías del Ibex 35 en la provisión de servicios financieros y energéticos y de comunicación", según se recoge en el texto. Se abona así la estrategia de la ANC y del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, de defender el "consumo estratégico" que margine a este tipo de compañías. Golpe directo a los bancos, las energéticas y las empresas de telecos que no respaldaron a Puigdemont en 2017.

La idea no es nueva. La eurodiputada Clara Ponsatí la ha defendido en diversas ocasiones, pero esta vez se convierte en algo programático a lo que se compromete un partido que concurre en las elecciones: JxCAT. Todos los diputados que participaron en el acto eran de JxCAT y muchos de ellos formarán parte de la lista de esta formación. Atención, porque el PDeCAT también formó parte del evento y votó a favor del documento. Igual que Demòcrates. La CUP, en cambio, no votó, ya que fue solo en calidad de observador. ERC prefirió no participar calificando el acto de “partidista" y al considerar que tenía que haberse llevado a cabo tras las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Consulte aquí el documento completo.
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En el documento, se culpa a las empresas de todo, no solo de haberse llevado las sedes en 2017, cuando se produjo el intento de sedición. Así se afirma, por ejemplo: "El nacionalismo español ha gestado una estrategia de descapitalización del país desde los poderes del Estado, impulsando la destrucción del tejido de entidades financieras y recentralizando empresas".

También va más lejos cuando acusa a estas compañías de ser "empresas monopolistas de servicios, creadas al abrigo del propio Estado y los grandes dueños de los medios de comunicación, grupos todos estos que no esconden la voluntad de coartar las decisiones democráticas de los ciudadanos". Una visión cuanto menos peculiar del mundo de la empresa privada.

Difícil encaje legal

La propuesta de Puigdemont y su Consell per la República es de imposible encaje legal. Con la ley en la mano, no se puede marginar a estas compañías de los concursos públicos con la Generalitat y tampoco se puede expulsar a las que ya están dando servicios, ya sea la atención telefónica de Ferrovial para el covid, los contratos con Telefónica o el papel de ACS en la línea 9 del metro, solo por poner algunos ejemplos.

ERC deja de asistir a la Asamblea de Representantes, pero aparece el PDeCAT

Puigdemont quiere que su Consell per la República esté acompañado de este Parlament paralelo, la denominada Asamblea de Representantes, que ayer se constituyó de manera extraordinaria en un acto que se llevó a cabo en el Palau de la Generalitat, ese mismo edificio que no puede usar Pere Aragonès, quien por cierto sí tendría derecho en su calidad de presidente en funciones. Pero en Cataluña todo funciona al revés. El apoyo al Consell per la República era parte del acuerdo de gobierno entre JxCAT y ERC, pero en este momento nadie duda de que todo eso es papel mojado.

Escaso apoyo

Al participar solo JxCAT, la Asamblea de Representantes solo nace con el apoyo del 22% de los votos del censo de 2017. Eso le fue bastante a Puigdemont para aprobar el documento, constituir lo que será su Parlament paralelo y sobre todo que le votasen a él como presidente del propio Consell per la República, porque hasta ahora solo había habido una autoproclamación que le ha servido para tirar tres años.

El propio Consell se declara "autoridad nacional”, colocándose a un nivel superior que la propia Generalitat. Y si Puigdemont y los suyos ignoran las reglas de la microeconomía en su declaración de guerra al Ibex 35, también actúan de espaldas a la macroeconomía. Cuando en 2017 se llevó Cataluña a la mayor crisis política desde la Transición, la economía crecía un 3%. Ahora, con la mayor recesión de la historia, se pide a los catalanes que hagan un esfuerzo enorme y "sostenido en el tiempo" para oponerse al Gobierno español. Cuando se creó el Consell per la República en 2018, había unas 300 personas en plaza Sant Jaume para dar apoyo a la iniciativa. El sábado pasado, no hubo casi nadie.

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