EEUU lanza una ofensiva contra la industria eólica española tras acusarla de 'dumping'

EEUU lanza una ofensiva contra la industria de aerogeneradores en España. Según afirman fuentes del sector, la Comisión de Comercio Internacional de EEUU (USITC, por sus siglas en inglés) está haciendo requerimientos de información a las empresas exportadoras del sector de fabricación eólica, entre las que se encuentran gigantes como Siemens Gamesa, Vestas, GE, Nordex (Acciona) y un largo etcétera de firmas que componen la cadena de valor, después de que algunos competidores estadounidenses hayan denunciado que se están realizando ventas en su país por debajo de coste.

Este mismo martes, después de un sondeo inicial, la agencia federal determinó que "hay indicios razonables de que esta industria en EEUU está sufriendo un daño material" por la importación de torres eólicas que utilizan las 'utilities'. Esta aprobación firmada el 1 de diciembre, que permitirá extender la investigación, se da después de que los denunciantes acusaran a las empresas españolas de exportar incurriendo en márgenes de 'dumping' del 73%, según refleja la documentación del USITC. La operación se activó después de que en septiembre dos firmas norteamericanas, Arcosa Wind Towers y Broadwind Towers, pusieran a la Administración estadounidense sobre aviso no solo de las importaciones de España, sino también del material procedente de India y Malasia, a las que acusa de ayudas de Estado ilegales.

Las fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está al corriente de la ofensiva lanzada por la Administración americana. Por ello, el departamento que dirige Reyes Maroto, que no ha hecho comentarios, estaría también recabando información de las compañías afectadas para poder defender sus intereses si hubiera lugar en el futuro.

La industria eólica española exporta anualmente material eólico por valor de más de 2.000 millones de euros y EEUU es uno de sus principales mercados. Pese a que la investigación se focaliza sobre las torres, estas suponen más del 30% del coste de cada aerogenerador y el montaje del resto de componentes depende de la columna principal. Además, las torres cuentan con muy diversas piezas para su encaje y todo ello podría afectar a la industria eólica española si de las investigaciones de EEUU se derivase la imposición de aranceles, como ya ha sucedido con otros productos españoles como el acero, el vino, el aceite o el queso.

Además, la afectación iría más allá, ya que grandes empresas españolas como Iberdrola o EDPR, que se abastecen de proveedores españoles, podrían ver incrementados sus costes en sus desarrollos eólicos en EEUU. España tiene empresas fabricantes de torres como Windar, Tecnoaranda o GRI que, en la mayor parte de los casos, producen para los grandes tecnólogos (Siemens Gamesa, Vestas, Nordex, etc.), que suelen ser quienes exportan y proveen las 'utilities'.

La agencia federal de EEUU determinó que "hay indicios razonables de que esta industria en EEUU está sufriendo un daño material"

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), señalan a El Confidencial que "el proceso activado por parte de la Administración de Comercio de EEUU está en una fase muy inicial y se centra en la obtención de información por parte de las empresas exportadoras hacia EEUU. Desde AEE, en ningún caso se interpreta que haya indicios como para justificar el proceso y se valora la situación con tranquilidad, teniendo en consideración el escenario actual de gran interés que la eólica despierta en todos los mercados. Hay que tener en consideración que las empresas fabricantes españolas operan en un mercado globalizado, con precios internacionales de las materias primas y bajo reglas de competencia exigentes".

Fuentes empresariales potencialmente afectadas confían en que la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca el próximo 20 de enero y la llegada del demócrata Joe Biden podría enfriar esta potencial amenaza de aranceles. Sin embargo, la Comisión de Comercio Internacional de EEUU señala que es "una agencia federal cuasi judicial, independiente y no partidista (...) que proporciona análisis de alta calidad sobre cuestiones comerciales internacionales al presidente y al Congreso".