La AN amplía la causa contra el Popular e imputa a otros cinco exdirectivos por estafa
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La AN amplía la causa contra el Popular e imputa a otros cinco exdirectivos por estafa

El magistrado argumenta que uno de los hechos investigados en esta causa es la financiación facilitada por el Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital de 2016

Foto: Foto: Reuters
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El José Luis Calama ha acordado ampliar la investigación en la causa contra el Banco Popular y considerar como investigados a otros cinco exdirectivos de la entidad por delitos de estafa a inversores o falsedad contable.

El juez atribuye la condición de investigados al exdirector del Departamento de Banca Minorista, Antonio Pujol González; al exdirector del Área de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo; el exdirector de la Dirección de Riesgos, Jose María Sagardoy; al exdirector de Auditoria Interna, Jesús Arellano Escobar, y a la exjefa del Departamento de Auditoria Interna,Yolanda García Cagiao.

Foto: Logo del Banco Popular.

Estos nuevos cinco investigados deberán comparecer ante el juez los días 12, 13, 20 y 21 de enero de 2021.

El magistrado argumenta en el auto al que ha tenido acceso El Confidencial que uno de los hechos investigados en esta causa es la presunta financiación facilitada por el Banco Popular a sus clientes para invertir en la ampliación de capital del año 2016, “ocultando el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio”.

El juez indica que esta conducta pudo estar orquestada por el consejero delegado, Francisco Gómez, junto al director de Banca Minorista, Antonio Pujol y el director de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso Lobo. Estos directivos mantuvieron reuniones con los directores territoriales y regionales en los días previos a la ampliación, el 24 y 25 de mayo de 2016, añade el auto. Fue en esos momentos cuando se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación del Banco (a través de pólizas de crédito o préstamos) y probablemente, según el juez, con un tipo de interés bonificado.

"Se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas (...) presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia"

Por eso, el magistrado considera ahora que los departamentos centrales del Banco, como el de Intervención, Riesgos y Auditoría, “podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal”.

El caso Banco Popular se abrió en otoño de 2017, tras la resolución del banco, centrado principalmente en posibles irregularidades contables de la entidad. Dentro de esta línea de investigación, hay dos ejes principales para el juez Calama y los fiscales: las posibles tasaciones irregulares y la financiación a clientes para que compraran acciones de la ampliación.

Este último extremo ha sido negado por todos los exdirectivos del equipo de Ángel Ron que han desfilado en los últimos años por la Audiencia. Sin embargo, en los últimos días han ido declarando antiguos clientes de la entidad explicando justo lo contrario.

Según el mismo auto, en los registros de la entidad constaban las operaciones de activo con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación (la inversión en la ampliación de capital), lo que implicaría una "grave alteración" de su contabilidad: "Se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial del Banco para que procedieran en el sentido indicado, presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo (PwC) y del supervisor bancario (BCE)”.

Foto: Ana Botín, presidenta del Santander, en su reciente declaración en la Audiencia por Popular. (EFE)

Por todo ello, el juez considera que, aparte de la participación que pudieran tener en estos hechos querellados como Angel Ron, Francisco Gómez y Javier Moreno, en este momento es necesario ampliar la imputación a estos cinco directivos. Todos ellos, salvo Yolanda García, aparecen expresamente citados en un informe de 2 de octubre de 2017 elaborado por dos vicesecretarios del Consejo de Administración en el que se les atribuía su participación en la operación investigada.

Yolanda García fue ayer protagonista al entrar como testigo en la Audiencia y salir como imputada en la causa contra el Popular. El juez explica que fue citada expresamente por uno de los autores del informe de 2017 y que por razones de su cargo, considera “altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica tan irregular como frecuente, pues abarcaba a toda la red comercial de BP”.

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