El Gobierno se lanza a reclamar a empresas morosas las deudas impagadas para I+D

El Gobierno quiere evitar que se le escapen las empresas morosas a las que prestó dinero destinado a financiar proyectos de innovación y desarrollo, pero que años después de desembolsar la financiación aún no han pagado sus deudas.

Con esta premisa y en plena pandemia por el covid-19, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), entidad pública que promueve el I+D con fondos del Estado, ha contratado esta misma semana a la firma de asesoramiento jurídico y financiero Vaciero con el objetivo de analizar y reclamar todos aquellos préstamos impagados y susceptibles de prescribir de los que es acreedor.

Según explica el centro dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación en documentación oficial, "las sucesivas crisis económicas que ha padecido el sector empresarial español en las últimas décadas han supuesto una acumulación significativa de la cartera de deudas impagadas del CDTI. El elevado número de expedientes y la complejidad y dilación de las actuaciones necesarias para su recobro, en un sistema tan garantista como el ordenamiento jurídico español, hacen que se eleve el riesgo de prescripción de las acciones asociadas a la citada cartera".

Con esa justificación, el CDTI detalla que el adjudicatario del contrato tendrá que analizar y reclamar hasta 250 expedientes, con un importe medio de deuda por expediente de 246.000 euros y una antigüedad media de la deuda de siete años. Esto significa que el Ejecutivo acumula deudas impagadas en financiación a empresas que presentaron proyectos de I+D por más de 61 millones de euros.

"Las sucesivas crisis económicas padecidas han supuesto una acumulación significativa de la cartera de deudas impagadas del CDTI"

El trabajo de Vaciero, que se ha impuesto a grandes firmas de servicios profesionales como KPMG, EY, Deloitte, BDO, Ramón y Cajal o Andersen Tax & Legal, entre otras, estará dividido en dos fases.

En primer lugar, deberá hacer un análisis en el que incluirá una "hoja informativa de los deudores, resumiendo la información relevante del expediente (datos de contacto, cuantía de la deuda determinada por el riesgo vivo de los proyectos, garantías existentes, situación patrimonial y cualesquiera otras particularidades que se consideren relevantes). En ella, se incluirá un juicio de valor sobre: las posibilidades de recobro, fundado en la situación de solvencia de la empresa titular y, en su caso, fiadores; la posibilidad de ejercicio de acciones de recobro o, en su caso, la prescripción de estas", explica el ente público.

También debe reunir "documentos de 'rating' de la empresa titular y los fiadores" y "documentos de información procedente de inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad, tanto de la empresa titular como de los fiadores, o cualquier otro documento que la empresa adjudicataria tenga disponible y sea procedente. Con todo lo anterior, debe emitir un informe con una calificación global sobre la posibilidad de recobro de la deuda". Para este trabajo, tendrá dos meses, y otro más si lo solicitara y el CDTI lo concediera.

"En caso de no atender el pago, se procederá de inmediato al ejercicio de las acciones legales pertinentes en defensa del CDTI"

En segundo lugar, y una vez que el expediente de reclamación sea favorable, se pasa a la gestión de recuperación de la deuda: "Envío de una carta conminatoria a la empresa titular y, en su caso, a los fiadores, para el pago de la deuda en el plazo máximo de 15 días, con la advertencia de que, en caso de no atender su pago, se procederá de inmediato al ejercicio de las acciones legales pertinentes en defensa de los intereses del CDTI".

"Esta comunicación irá acompañada de la liquidación de la deuda por principal e intereses, indicando que tras su pago del principal, se liquidarán los intereses de demora correspondientes. Esta comunicación deberá remitirse mediante un procedimiento que deje constancia del contenido y la fecha de notificación (por ejemplo, mediante burofax)", explica la entidad dependiente en última instancia del ministro Pedro Duque, que añade que "las gestiones durante esta fase incluirán otros intentos de contacto con el deudor y fiadores, preferentemente por medios escritos de los que quede constancia (solo excepcionalmente será telefónico), informándoles de la cuantía debida y las posibilidades de pago de la misma, mediante pago aplazado, según conveniencia del CDTI".