El Gobierno negocia el traslado de Abengoa de Sevilla a Valencia por la crisis con la Junta
El Ejecutivo de Sánchez, que aportará más de 500 millones para salvar la compañía, contacta con la Generalitat de Puig en plena crisis con Moreno por el aval de 20 millones
Las insinuaciones que los responsables de Abengoa llevan algunas semanas lanzando sobre la posibilidad de que la compañía deje Andalucía tras 80 años por la falta del apoyo de la Junta a su nuevo plan de refinanciación empiezan a tomar cuerpo. Varias fuentes conocedoras del estado de la cuestión confirman que ya se ha empezado a explorar oficialmente esa vía, que cuenta entre sus promotores al Gobierno de España.
La Administración central tiene comprometida con Abengoa la financiación de 230 millones con apoyo ICO y líneas de avales de 300 millones con apoyo CESCE, pero reclama la participación de la Junta de Andalucía con un aval de 20 millones de euros que apalabró este pasado verano. Sin embargo, el Ejecutivo de Juanma Moreno sigue expresando todo tipo de dudas, tanto por el coste político que le puede suponer dar esa ayuda tras años criticando al PSOE por las ayudas millonarias a empresas en crisis (Santana, Delphi, Isofotón…) como por sus "dudas legales" de la operación. La versión oficial del Gobierno andaluz es "no encontramos herramientas legales para apoyar a Abengoa" pero no cierran la puerta definitivamente. "Lo estamos estudiando", apostillan.
A pesar de ello, la compañía sevillana empieza a no creer esas buenas intenciones y además no tiene ya tiempo de seguir esperando a la Junta —tiene que tomar una decisión antes de la Junta de Accionistas Extraordinaria del día 17—, por lo que ha empezado a barajar diversos escenarios. Uno de ellos es el cambio de su sede, algo que parece contentar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que así trasladaría a la opinión pública su compromiso con esta gran empresa andaluza a la vez que podría dejar en evidencia esa falta de apoyo por parte del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La idea es mover la sede a un "territorio amigo", por lo que la primera opción ha sido la Comunidad Valenciana.
Fuentes de la Generalitat confirmaron a El Confidencial la existencia de contactos para una posible mudanza a iniciativa del Gobierno central y la compañía sevillana, aunque los calificaron de "superficiales" y en una fase todavía muy embrionaria. Desde el Consell valenciano se mostraron abiertos a favorecer cualquier operación que implique acoger compañías en el territorio. La autonomía ya ha vivido situaciones similares, como el traslado de sede de compañías catalanas y las entidades bancarias CaixaBank y Sabadell en plena crisis soberanista en octubre de 2017, que han contado con respaldo institucional del Gobierno regional.
El caso de Abengoa tiene algunas particularidades porque se trata de una empresa que arrastra importantes problemas financieros. El grupo sevillano de ingeniería y energías renovables, con 14.000 empleados, necesita recursos para sobrevivir y habría que ver qué condiciones exige para instalarse en la Comunidad Valenciana y qué ofrece como contrapartida. Es decir, más allá del componente reputacional y de imagen para la región anfitriona, tratar de sustituir un aval de 20 millones de la Junta de Andalucía por otro de la Generalitat a cambio de un mero traslado de domicilio social sin comprometer inversiones o generación de valor o empleo sería complejo de justificar. La Administración valenciana tiene varios programas y líneas de respaldo empresarial y de atracción de compañías, pero sujetas a requisitos que Abengoa tendría que cumplir.
De hecho, el riesgo de ver judicializada en el futuro una inyección de recursos públicos es una de las razones esgrimidas por la Junta de Andalucía para frenar su participación en esta operación, máxime cuando en estos mismos días se juzga en los tribunales un posible delito por los 80 millones que la empresa Isofotón recibió entre 2005 y 2012 de la agencia pública IDEA, la misma a la que ahora se pide que aporte estos 20 millones.
La Administración valenciana tiene varios programas y líneas de respaldo empresarial y de atracción de compañías
La operación tiene un componente político importante. Es lógico que el Gobierno de Pedro Sánchez haya visto en un territorio "amigo" como la Comunidad Valenciana, gobernado por una coalición del PSOE con Compromís y Podemos, una alternativa de salida a la crisis de Abengoa con la Junta de Andalucía, en manos de PP y Ciudadanos. Pero también es verdad que un movimiento concebido exclusivamente como mecanismo de presión al ejecutivo andaluz para que libere el aval pactado y sin visos de concretarse solo sirve para enturbiar la cordial relación institucional que ahora mantienen el valenciano Ximo Puig y el andaluz Juan Manuel Moreno, pese a ser de partidos rivales. En este sentido, las mismas fuentes de la Generalitat apuntan a que, sin tener una posición "proactiva" en el conflicto entre Abengoa y la Junta, están a la expectativa de ver en qué condiciones se produciría un posible traslado de domicilio.
Esos contactos con Valencia han encendido las alarmas en el Ayuntamiento sevillano, cuyo alcalde, el socialista Juan Espadas, ha cargado duramente esta semana contra la Junta de Andalucía por su inacción y ha apuntado directamente al consejero andaluz de Economía, Rogelio Velasco. "Si la Agencia IDEA no es capaz de apoyar a una empresa como Abengoa, que es referencia tecnológica en nuestra tierra, con un aval de 20 millones frente a los 400 del Estado, ¿para qué está la Administración autonómica?".
El regidor sevillano, de perfil moderado y poco amigo de batallas políticas, especialmente entre administraciones, no ha dudado en criticar abiertamente la posición del Ejecutivo de Juanma Moreno en esta cuestión y en apuntar a esa posible salida de Abengoa de Sevilla. "Esta situación debe resolverse lo antes posible y no dejar caer al grupo empresarial o que se vaya a otra comunidad autónoma la sede social".
También los empresarios sevillanos, a través de su patronal CES, se han hecho eco de ese posible traslado y el viernes emitieron un comunicado en el que consideran "inaceptable trasladar el domicilio social de una empresa que ha sido buque insignia de Sevilla a otra provincia o comunidad".
Junta de accionistas el día 17
El traslado de sede no es la única vía que explora la multinacional sevillana, que vive una auténtica carrera contrarreloj para salvar la situación antes de la Junta General de Accionistas extraordinaria que ha forzado un grupo de accionistas de Abengoa, los mismos que denuncian que el nuevo plan de restructuración —el tercero en cinco años— diluye su participación en la nueva compañía (Abenewco), pasando de un 15% a un 2,7%.
Estos accionistas minoritarios, agrupados en la plataforma Abengoa Shares, quieren destituir a todo el consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo, al que acusan de opacidad y de 60 millones de euros en bonus por esta operación a 25 directivos, por lo que también pretenden reclamar la anulación de esas retribuciones.
Sin embargo, Abengoa aseguró el viernes, en una comunicación a la CNMV, que "los acreedores que han comprometido la financiación y los avales necesarios para asegurar la continuidad del grupo y de su actividad económica han manifestado que retirarán dicha financiación en caso de producirse un cambio en el consejo que debe ejecutar el Plan de Negocio Actualizado".
Para la compañía, "la propuesta que parece animar la convocatoria de la junta, que es la de provocar una renegociación de la refinanciación para que la matriz mejore su posición en la estructura de capital, entendemos que es meramente ilusoria", y recuerda a los minoritarios que la frustración de la operación actual "aboca a la situación de concurso del grupo".
Las insinuaciones que los responsables de Abengoa llevan algunas semanas lanzando sobre la posibilidad de que la compañía deje Andalucía tras 80 años por la falta del apoyo de la Junta a su nuevo plan de refinanciación empiezan a tomar cuerpo. Varias fuentes conocedoras del estado de la cuestión confirman que ya se ha empezado a explorar oficialmente esa vía, que cuenta entre sus promotores al Gobierno de España.