Casi 4.000 empleos y 8.000 millones de euros de las arcas públicas se esfumaron en la controvertida fusión de las cajas de ahorro gallegas, una operación pilotada personalmente por Alberto Núñez Feijóo. Transcurrida toda una década, las dudas siguen persiguiendo el papel del presidente de la Xunta en aquella operación, tras desmontar la Audiencia Nacional (AN) su gran argumento para forzar la integración: el de que esta era absolutamente necesaria para la viabilidad de Caixa Galicia y Caixanova. Los documentos del Banco de España que sustentan la opinión de la AN nunca aparecieron en la comisión del Parlamento gallego sobre las cajas, un órgano que se abrirá por tercera vez en esta legislatura para investigar uno de los mayores fracasos de la política gallega en democracia.
La reapertura de la comisión de investigación fue aprobada por unanimidad a iniciativa de socialistas y nacionalistas. El Parlamento de Galicia analizará "la evolución económico-financiera" de las antiguas cajas de ahorros y las "causas y responsabilidades de su transformación en bancos", incluyendo las indemnizaciones millonarias de sus exdirectivos, con el fin de terminar los trabajos realizados en la IX y X legislatura que están pendientes de conclusión. Su objetivo es dictaminar, ocho años más tarde, un informe que arroje luz sobre la historia de fusión y la posterior bancarización que dio origen a Abanca. Por el camino se quedaron 9.000 millones de euros de ayudas públicas, de los que apenas se recuperaron 1.000 millones en la subasta de NovaCaixaGalicia, la caja fusionada.
Por la comisión nunca pasaron los informes del Banco de España que sustentan el duro varapalo a la tesis oficial de la Xunta de Galicia asestado este mes de octubre por la Audiencia Nacional, cuando afirma que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia". En un auto de la Sala de lo Penal, la AN concluye que la fusión se debió "a la situación económico-financiera en la que se encontraba Caixa Galicia, la caja nacida en A Coruña, antes de la fusión". La viguesa Caixanova, que se enfrentó a cara de perro con Feijóo para tratar de evitar la operación, con el apoyo del alcalde vigués, Abel Caballero, "nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NCG", sostiene el auto.
La oposición tendrá oportunidad en la reedición de la investigación parlamentaria de incorporar dos documentos del Banco de España que sustentan esas afirmaciones judiciales. Uno de ellos es una acta de la inspección de julio de 2009, que apunta que Caixanova "podría vivir por sí sola aunque con dificultades y esfuerzo". El otro, sobre Caixa Galicia, concluye: "La justeza de solvencia hace que se considere su perfil de riesgo muy alto, siendo cuestionada su viabilidad como entidad independiente". El Banco de España alertaba además de la "desafortunada expansión" de esa caja desde 2005, "con una agresiva política de créditos sin reforzar los controles de riesgos y financiándose en los mercados mayoristas".
Otro de los documentos que todavía no han sido aportados a la comisión de investigación es el informe encargado por la Xunta a KPMG, y que según el PP apoyaba su estrategia. Sí compareció en el Congreso uno de los directivos de la auditora, que aseguró que ese estudio solo corroboró lo que la Xunta ya había decidido y que no se le pidió "analizar otras alternativas ni reauditar las cuentas". La nueva caja rescatada con 9.000 millones no tardó en quebrar, para terminar en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet por 1.003 millones en 2013. Sus beneficios solo en el primer año de Abanca —1.157 millones—superaron ampliamente la inversión.
La oposición espera que esta tercera ronda de la comisión de investigación sirva para conocer otros dos documentos guardados celosamente por el Gobierno gallego, y que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga a la Xunta a entregar al exdiputado de En Común da Esquerda, Antón Sánchez. Se trata del informe de la que era 'conselleira' de Hacienda, Marta Fernández Currás —después Secretaria de Estado de Presupuestos del Gobierno de Rajoy— en el que proponía la fusión de las cajas, así como el acta del Consello de la Xunta en la que se dio luz verde a la operación. Cuatro meses después del pronunciamiento del alto tribunal gallego, Sánchez no ha recibido todavía la documentación, que viene reclamando desde 2013.
La resistencia de los directivos de Caixanova a la fusión cedió en la misma medida en que crecieron las indemnizaciones de las que se dotaron a sí mismos. El día en el que la caja única inició su corta existencia, el 1 de diciembre de 2010, el consejo de administración aprobaba validar los contratos de alta dirección, origen de las fraudulentas indemnizaciones posteriores y, más tarde, de la sentencia de la Audiencia Nacional que los envió a prisión por llevar a cabo "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro privado".
La contundencia con que se empleó la Audiencia Nacional al cuestionar la integración de las cajas llegó al pleno del Parlamento de Galicia un día después de que se aprobara la reactivación de la investigación. El portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero, culpó a Feijóo de "forzar" en su día la fusión y generar "un agujero con un coste de 8.000 millones", mientras el presidente de la Xunta acusaba al socialista de "manipular" el auto de la Audiencia Nacional. Cuando él tomó las riendas de la Xunta en 2009, afirmó, las cajas de ahorro ya estaban "quebradas", por lo que deberían ser el anterior Gobierno bipartito y el Banco de España los que tendrían que haber informado al respecto.
Tal y como ocurriera hace una década, cuando Abel Caballero lideraba como alcalde de Vigo la oposición a la fusión, Feijóo deslizó el supuesto carácter localista de quienes rechazan la integración de las dos cajas, frente a la presunta defensa del interés general de Galicia de quienes la defienden. "Lamento que dimita" de ejercer de secretario general del PSdeG y se dedique a ser "un dirigente de tercera de una ciudad de Galicia", le afeó a Gonzalo Caballero.
Casi 4.000 empleos y 8.000 millones de euros de las arcas públicas se esfumaron en la controvertida fusión de las cajas de ahorro gallegas, una operación pilotada personalmente por Alberto Núñez Feijóo. Transcurrida toda una década, las dudas siguen persiguiendo el papel del presidente de la Xunta en aquella operación, tras desmontar la Audiencia Nacional (AN) su gran argumento para forzar la integración: el de que esta era absolutamente necesaria para la viabilidad de Caixa Galicia y Caixanova. Los documentos del Banco de España que sustentan la opinión de la AN nunca aparecieron en la comisión del Parlamento gallego sobre las cajas, un órgano que se abrirá por tercera vez en esta legislatura para investigar uno de los mayores fracasos de la política gallega en democracia.
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