Air Europa o en qué manos están los miles de millones del rescate empresarial

Ministro: ¿Has dicho Cepsa?

Presidente: No, no, Celsa.

Ministro: ¿La petrolera, la de las gasolineras?

Presidente: No, no, Celsa, el primer grupo siderúrgico de España.

Ministro: Ah, no lo conozco. ¿Y dónde estáis?

Presidente: Tenemos 26 centros productivos en España y el grupo cuenta con más de 9.000 empleados. Vamos a hacer 40 años desde la fundación.

La conversación, prácticamente literal, se produjo en un acto en Moncloa organizado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que invitó a una nutrida representación de los principales dirigentes de la empresa española. El ministro que dialoga es José Manuel Soria, por aquel entonces máximo representante de la cartera de Industria, y su interlocutor era Francesc Rubiralta, presidente de Celsa, la mayor corporación siderúrgica de España y el tercer consumidor de energía eléctrica del país.

El desconocimiento del 'panameño' Soria sobre una compañía fundada en 1967 y con unas ventas de casi 7.000 millones de euros pone de manifiesto que ministro de Industria en España puede ser prácticamente cualquiera. No se necesitaban ni se necesita ninguna experiencia en la materia ni mérito alguno para ocupar semejante responsabilidad, como es la de sembrar el tejido económico de un país.

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Agustín Marco

La situación podría ser irrisoria, si no fuera porque España, siempre dependiente del sol y el ladrillo, no se estuviera jugando el futuro de las siguientes generaciones. O tuviera que decidir a qué dedica los 140.000 millones que presuntamente llegarán de Europa para reconstruir lo que quede del país tras la pandemia. O, incluso con más celeridad, seleccionar a quién destina los 10.000 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas constituido por el Ministerio de Hacienda y que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Un organismo dirigido ahora por Bartolomé Lora, que dejó Ferrovial en 1988, hace ahora 32 años. Como adelantó El Confidencial esta semana, la primera decisión de Lora ha sido conceder 475 millones de euros a Air Europa, la aerolínea de Globalia, el mayor grupo turístico de España, a la que el covid-19 ha llevado a la quiebra técnica. Pero, lejos de la transparencia prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez, todavía se desconoce en qué condiciones le ha dado este préstamo a la empresa de los Hidalgo, que en febrero repartió un dividendo de 35 millones y que cuenta con múltiples propiedades en la República Dominicana.

Muchas preguntas no tienen respuesta oficial por el momento ¿Por qué se rescata a esta empresa que tiene una cuota de mercado menor del 5% y que por tanto no tendría el carácter estratégico que exige la definición del fondo? ¿Sabe alguien el plan estratégico de Air Europa con el que los Hidalgo devolverán esos 450 millones a los españoles? ¿O si el rescate es para no frustrar la venta a Iberia, empresa perteneciente a la británica IAG, con la justificación de que España debe tener un 'hub' en el Aeropuerto de Barajas?

La siguiente empresa sobre la que debe decidir la SEPI si la rescata con 100 millones por delante es Duro Felguera. La empresa de ingeniería asturiana lleva cerca de tres años arrastrando los pies, en una ruina continuada, con numerosos cambios de gestión, dimisiones de consejeros, querellas contra el anterior presidente y despidos abruptos de gran parte del equipo directivo. La compañía, que apenas capitaliza 40 millones de euros, asegura tener un ángulo por el que debe ser considerada estratégica y salvada con dinero público.

La empresa asturiana ha pedido 100 millones al ente público del Ministerio de Hacienda, que le reclama 125 millones por malabares contables

Y no le falta razón. Lo es, y mucho, para el Ministerio de Hacienda, de quien depende la SEPI. Porque Hacienda le viene reclamando una deuda de unos 125 millones de euros que Duro Felguera se resiste a abonar y contra la que ha presentado numerosos recursos en la Audiencia Nacional. Los responsables de la empresa asturiana están convencidos de que tienen razón. Hasta el punto de que han propuesto a la Agencia Tributaria pagar una pequeña multa de 10 millones y saldar el conflicto.

Sea como sea, el Gobierno se está planteando conceder 100 millones a una compañía que le adeuda 125 y que tiene litigios por medio mundo, desde Argentina a Australia, pasando por Bélgica y Argelia, por diferencias sustanciales de mucho dinero con el contratista, y que ha sido acusada de pagar comisiones de hasta 50 millones de euros por lograr contratos en la Venezuela chavista.

El Estado se ha comprometido a conceder otros 200 millones más a Abengoa, con la que ha perdido más de 400 en las dos últimas refinanciaciones

Otro ejemplo es Abengoa, que pelea por un tercer rescate tras cinco años de contabilidad creativa y bonus millonarios para sus presidentes y consejeros delegados. El Estado, que ya perdió cerca de 400 millones de euros en la última refinanciación, la de 2016 con una quita del 97% de la deuda, le ha concedido ahora otros 200 millones más a una compañía cuya viabilidad está cerca de la nada al arrastrar un pasivo de 6.000 millones. Hasta el punto de que depende de 20 millones que nadie le quiere conceder, pese a anunciar un acuerdo el pasado mes de julio con los acreedores y cuya firma se prorroga semanalmente mientras deja de pagar los sueldos a los empleados y las facturas a los proveedores.

La Junta de Andalucía del PP, que en un principio se comprometió a poner esos 20 millones, no quiere mancharse las manos, mientras el ICO de Pedro Sánchez se quiere jugar otros 200 millones tras perder 400 por las decisiones del Ministerio de Economía que en aquel momento dirigía Luis De Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

Nadie ha pagado por ese despilfarro, como tampoco por los 46.000 millones perdidos con las cajas de ahorros, Bankia incluida, ahora vendida a CaixaBank por la mitad del precio al que salió a bolsa en 2011. Y nadie parece querer dar luz ahora sobre el uso de los 10.000 millones de euros a tenor de cómo se ha aprobado el primer rescate, el de Air Europa. El siguiente puede ser también el de la propia Celsa, que también anda en serios problemas y ha pedido oxígeno a la SEPI, si es que Maroto, como hizo su predecesor, no la confunde con Cepsa.