El Corte Inglés ficha como nuevo director jurídico al jefe antiblanqueo de Abanca

El Corte Inglés sigue reforzando su departamento jurídico, liderado desde principios de año por José Ramón de Hoces, el abogado personal de Marta y Cristina Álvarez Guil, las herederas de la cadena de grandes almacenes. Según fuentes próximas a las conversaciones, el grupo de distribución ha fichado a Luis Florencio Santa-María Pérez, abogado del Estado y experto en blanqueo de capitales, como nuevo director jurídico.

Luis Florencio Santa-María Pérez procede de Abanca, donde era director de Órganos de Gobierno y Cumplimiento Normativo de la entidad gallega. Licenciado en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, se incorporó a Abanca en 2015 después de ser durante tres años el secretario general y del consejo de administración de Red.es, una institución pública dependiente del Ministerio de Economía que promociona la digitalización en España.

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Agustín Marco

Santa-María Pérez ocupará el hueco dejado recientemente por Juan del Moral, un histórico de la casa, que ha pasado a ocuparse de Mega 2 Seguridad. Del Moral se ha puesto al frente de la compañía de vigilancias comprada el pasado mes de julio por El Corte Inglés a Juan Carlos Fernández-Cernuda, una de las personas más influyentes del grupo y de sus accionistas de referencia tras años como responsable de Seguridad y de Datos del grupo.

La llegada de Santa-María Pérez a El Corte Inglés es una petición expresa de José Ramón de Hoces, que en febrero aceptó el cargo de secretario general del consejo de administración del 'holding'. Hoces, uno de los letrados con más renombre de Pérez-Llorca, era el abogado personal de Marta Álvarez Guil, presidenta del grupo de distribución, que le propuso hacerse también con la responsabilidad de la secretaría general, del área Jurídica, así como incorporarse a la comisión de Auditoría.

La acumulación de cargos es lo que ha llevado a De Hoces a proponer el fichaje de Santa-María Pérez, que se tiene que poner al frente de un área que suele tener mucho trabajo y mucha responsabilidad, ya que El Corte Inglés tiene que adaptarse a cada una de las legislaciones de las comunidades autónomas donde está implantado, así como enfrentarse a litigios frecuentes con los numerosos proveedores con los que trabaja.

Uno de los temas que tendrá que resolver es el pleito con el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por la demolición parcial de tres centros comerciales por exceso de edificabilidad ordenada por el Tribunal Supremo. El Corte Inglés ha presentado una demanda por daños y perjuicios contra las instituciones que presiden José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, por 180 millones de euros.

El 'holding' sostiene que es parte perjudicada por la aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid aprobado en 1997. Los abogados de El Corte Inglés se defienden con el argumento de que tan solo cumplieron con la normativa autorizada por el consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento. Por tanto, si ahora tuvieran que derruir tres de sus principales activos en la capital, por construir 25.000 metros cuadrados de más, consideran que deben ser compensados por daños y perjuicios.