Atraer inversión y otras responsabilidades de las CCAA en el futuro de las renovables

El cambio climático y sus posibles consecuencias no son algo que ya nos suene lejano. Energías verdes, coches eléctricos, descarbonización… El tren está en marcha, y aunque queda un largo camino por recorrer, tanto Europa como el Gobierno ya han iniciado esa ruta: la Ley de Cambio Climático está en el Congreso, y a nivel europeo, Bruselas tiene en sus manos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Pero a la hora de pasar a la acción y avanzar en el proceso, las comunidades autónomas están llamadas a jugar un papel clave.

“Necesitamos tener ese paraguas a nivel europeo y nacional, pero el desarrollo de las energías renovables es necesariamente local”, afirma Joaquín Castillo, director de Desarrollo de Negocio de Energía de Acciona. En este contexto, ¿qué está haciendo cada región? ¿En qué punto están y qué problemas encuentran? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, representantes de Castilla y León, Andalucía y las Islas Baleares debatieron en una mesa redonda junto a Acciona y la patronal del sector sobre las fórmulas más efectivas para llevar a cabo estos proyectos y fomentar la inversión.

El encuentro, bajo el título 'Energías renovables frente a la crisis, casos de éxito local', fue organizado por El Confidencial. En él también participaron Aitor Urresti, director general de Energía y Cambio Climático del Govern de las Islas Baleares; Rafael Ayuste Cupido, jefe del Departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía de Castilla y León; José Manuel Torres Ramos, director técnico y de Planificación Energética de la Junta de Andalucía, y José María González, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables).

"Las barreras fiscales o administrativas harán que un promotor opte por una u otra comunidad" (APPA Renovables)

En los últimos meses, la fiebre por las energías renovables se ha disparado y la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red eléctrica ha llevado al Gobierno a tratar de poner freno a los especuladores, aquellos que lo único que pretenden es revender el permiso de acceso: “Hay que poner orden, que se hagan de verdad proyectos viables con nombre y apellido, con actores solventes y con agentes comprometidos con el desarrollo local”, apunta Castillo.

Para solventar esta práctica, el real decreto-ley aprobado el pasado mes de junio, con una batería de medidas energéticas, fija algunos hitos que obligarán a los solicitantes a demostrar que los proyectos son reales y firmes. Pero para APPA Renovables, esta iniciativa ha tardado demasiado en llegar: “Nos preocupan los inversores que vienen a especular no solo en la primera fase, para comerciar con derechos de acceso, sino para construir proyectos pensando que en vez de 30 años van a durar cinco, exprimirlos y ponerlos después en manos de terceros”.

Desde Castilla y León, Ayuste añade que, con el real decreto aprobado, los problemas siguen presentes. Aunque ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) esté intentando regular de alguna manera toda esa avalancha de peticiones, “es algo que no ha hecho durante años y ahora es complicado, porque ya hay muchos derechos adquiridos a la hora de solicitar, y no es fácil quitarlos”.

¿En qué punto están las comunidades?

El pasado de las Islas Baleares en materia de energías renovables es corto. Hace algo más de año y medio, cuando el Govern balear aprobó la ley de cambio climático —con iniciativas ambiciosas, como la prohibición de nuevos vehículos diésel a partir de 2025—, las renovables ocupaban en torno a un 2% sobre el consumo final de energía. De ese 2%, han pasado a un 3% o 4%, y esperan llegar a 2022 habiendo alcanzado el 10%. Su objetivo a 10 años es ambicioso: conseguir el 35%.

¿Con qué problemas se encuentran? Baleares tiene costes de energía muy elevados. Sus centrales son muy pequeñas y antiguas, algunas de ellas superan ya los 50 años: “Hacer una transición bien planteada nos permite una seguridad de suministro. Estas centrales hay que renovarlas porque cada vez generan más problemas. Por suerte, no estamos teniendo apagones fuertes, pero no podemos descartarlo”, asegura Aitor Urresti, director general de Energía y Cambio Climático del Govern de las Islas Baleares.

Respecto a los nuevos proyectos e inversiones, las instalaciones de autoconsumo y de renovables se han disparado en Baleares. La comunidad autónoma ha duplicado el presupuesto en ayudas y ha recibido multitud de solicitudes con respecto al año pasado. Pero el Govern balear asegura que, en estos momentos, “casi toda la transición energética está en manos de fondos de inversión extranjeros, y no es algo negativo, pero queremos que nuestros propios ciudadanos también sean partícipes”.

La situación de Castilla y León es algo diferente: es la región que más energías limpias genera de todo el territorio. Esto es una palanca para la generación de empleo, pero en este contexto, el jefe del Departamento de Energías Renovables del Ente Regional de la Energía de Castilla y León explica que hay que saber elegir en qué proyectos se debe invertir. "Hace poco, un promotor fotovoltaico nos hablaba de 350 megavatios y 15 o 20 empleos, mientras que una planta de biomasa [materia orgánica utilizada como fuente de energía] en la que hemos intervenido cuesta la tercera parte y genera 450 empleos". La relación de empleo por dinero invertido de la biomasa con respecto a la energía fotovoltaica es de 100 a uno.

Otro de los aspectos que preocupan al representante castellanoleonés es la producción industrial de los materiales necesarios para implantar las energías renovables. Gran parte de la cadena de valor está fuera de España. “Es cierto que antiguamente fabricábamos cosas, pero ahora prácticamente casi todos los paneles fotovoltaicos se harán en China. ¿Cuál va a ser el retorno industrial? Intentaremos no poner problemas a los inversores, pero qué modelo será mejor entonces, ¿a efectos de empleo o a efectos industriales?”.

“Necesitamos tener ese paraguas a nivel europeo y nacional, pero el desarrollo de las energías renovables es necesariamente local” (Acciona)

Andalucía, por su parte, ha conseguido salir de años atascada en cambios legislativos y recortes en ayudas públicas. Ahora, la comunidad tiene entre manos proyectos de inversión privada que alcanzan los 17.000 millones de euros. José Manuel Torres Ramos, director técnico y de Planificación Energética de la Junta, aboga por apoyar estas inversiones y espera que de los 750.000 millones que Europa tiene sobre la mesa para la recuperación, lleguen cantidades importantes a España.

“La balanza energética supone un desembolso de 40.000 millones anuales en este país, y si conseguimos que se queden aquí, generaríamos muchísima actividad”, apunta. Pero, por desgracia, en línea con lo expresado por el representante de Castilla y León, “hay inversiones que tendrán que seguir saliendo porque no somos capaces de competir al fabricar paneles fotovoltaicos”.

Para Torres, “el esfuerzo real de las autonomías debe centrarse hoy en esas otras actuaciones con mayor valor local, como la biomasa o las instalaciones de autoconsumo, tanto a nivel doméstico como industrial”. En estos momentos, la región andaluza parte de 7.000 megavatios instalados en energías renovables y pretende alcanzar los 32.000 megavatios en 2030.

¿Más o menos impuestos?

Desde la patronal del sector, José María González reflexiona sobre las consecuencias de que cada autonomía tenga impuestos específicos en este campo. Para él, esto provoca la deslocalización del sector: “Las barreras fiscales o administrativas harán que un promotor opte por una u otra comunidad”. Puso el ejemplo de Cataluña, que fue pionera en el desarrollo de renovables y “se quedó atrás por temas de paisaje ambientales y administrativos”.

Acciona, por su parte, cree que, aparte de la agilidad y transparencia en la tramitación, la fiscalidad es un parámetro más y que lo importante es, sin embargo, que los proyectos se desarrollen con visión a largo plazo: “La aportación que se hace con los proyectos renovables a las economías locales es muy amplia, desde puestos de trabajo hasta alquiler de terreno, impuestos locales, de construcción o cánones urbanísticos. Ese conjunto es lo que los inversores tenemos en cuenta para decidir si el nivel de rentabilidad de un proyecto es adecuado”.

¿Qué tienen que decir las autonomías en materia fiscal? Baleares baraja la idea de generar ingresos a través de los grandes emisores de CO2 y así crear un fondo que sirva para financiar estos proyectos. Aunque el escollo de esta idea está en la red eléctrica. “Cuando planteamos un impuesto verde, lo lógico es aumentar tasas e impuestos en sectores más contaminantes para obtener ingresos en aquellos que interesa impulsar. Pero aquí la red eléctrica es una red débil y tendremos que hacer inversiones, ¿tiene sentido aumentar impuestos sobre algo que de por sí se va a tener que desarrollar?”, se pregunta.

La apuesta de Andalucía es eliminar barreras a los inversores y atraerlos a su región. “Las grandes centrales no necesitan impulso, necesitan que les facilites la tramitación y les limpies el campo. En el caso de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o autoconsumo, es fundamental que la gente nos conozca; aquí no es tanto el dinero como el conocimiento”, manifiesta Torres.

Desde Castilla y León, Ayuste plantea sus dudas sobre si el impuesto a la generación de energía eólica supone un verdadero obstáculo: “Cuando un proyecto eólico se vende por dos millones de euros, uno se pregunta si realmente es un problema real para el desarrollo del sector el tema de este impuesto”. Más allá de los impuestos, Ayuste quiso concluir que lo importante en materia de energías renovables y ayudas del Gobierno es elegir bien los proyectos para evitar que esas ayudas se pierdan por el camino. En algunos grandes proyectos presentados en su región, los inversores llegaron a hablar de pedir avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y "eso significaría que si el gran proyecto sale mal, al final pagaríamos todos".