Torpedo de Puigdemont contra la fusión CaixaBank-Bankia en la creación de JxCAT
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Respalda el consumo estratégico de la ANC

Torpedo de Puigdemont contra la fusión CaixaBank-Bankia en la creación de JxCAT

En la ponencia de constitución de JxCAT, se ataca a los grandes bancos sistémicos y se aboga por crear un sistema financiero alternativo, denunciando la marcha de sedes en 2017

Foto: Carles Puigdemont, en Bruselas. (Reuters)
Carles Puigdemont, en Bruselas. (Reuters)

Carles Puigdemont y los impulsores de JxCAT han lanzado un nuevo torpedo contra la fusión CaixaBank-Bankia en la ponencia política de su nuevo partido JxCAT aprobada este fin de semana. “Las limitaciones a la concentración bancaria deben ser, por tanto, mucho más estrictas, las condiciones comerciales mucho más transparentes y la interacción entre banca y poderes del Estado, infinitamente más diáfana”, se asegura en una ponencia que marca lo que serán las grandes líneas del partido y donde no ahorra críticas al sector bancario, además de otros grupos de empresas.

A cuatro meses de las elecciones, la ponencia política prácticamente es el programa electoral de JxCAT. Y en ella se alude a la marcha de las sedes de CaixaBank y Banco Sabadell en octubre de 2017: “Cataluña forma parte y debe seguir formando parte de la zona euro, y este es un elemento de seguridad muy importante, pero tenemos que lamentar la pérdida casi completa de nuestros operadores del sistema financiero por razones conocidas por todos”.

Foto: Logos de CaixaBank y Bankia. (EFE)

“Ahora mismo, la composición y estructura del sistema financiero operativo en nuestro país es uno de los grandes retos a afrontar. La interferencia política en los bancos (y viceversa) es obvia, y la lógica del sistema tiene un inaceptable impacto potencial en la implementación de los grandes proyectos de la sociedad, entre ellos, la construcción de una nueva república”. En la ponencia, los bancos son malvados, están politizados y conspiran contra Cataluña. En otro punto, se afirma que “el Tribunal Supremo se ha erigido en el protector de los poderes establecidos (decisiones a favor de la banca y en contra de la ciudadanía; sentencia del 'procés')”. Alinear la banca con el Tribunal Supremo en una ponencia que dedica varias páginas a denunciar las injusticias del sistema judicial no es algo positivo.

Pero las referencias más duras son para los grandes bancos, como el que nacerá de la fusión CaixaBank-Bankia. Así, se afirma: “JxCAT promoverá estructuras financieras públicas, mixtas o privadas que eviten esta situación, que formulen una oferta de servicios financieros adecuada para un sistema económico como el nuestro en un marco de competitividad y al mismo tiempo toda la seguridad a depositantes y clientes en general. Por eso, habrá mucha más transparencia, más operadores físicos y digitales, una gobernanza mucho más clara y cercana a las necesidades de la sociedad y entidades que no constituyan, consideradas individualmente, un riesgo sistémico ('too big to fail')”.

Un partido molesto

En JxCAT, están muy molestos por la fusión, de la que se enteraron por la prensa, y diversos miembros lo han expresado en todas sus reacciones. Todavía escuece la falta de apoyo de las entidades bancarias catalanas en octubre de 2017. Pero la ponencia política de JxCAT casi los coloca en la órbita de la CUP.

“La estrategia de JxCAT pasará por un desgaste del poder del Estado en Cataluña desde todos los niveles institucionales, pero también por el hecho de que cada grupo de JxCAT, en el territorio y las instituciones, se plantee acciones concretas para aumentar la fuerza del independentismo en su área de influencia territorial. Entre las prioridades, reducir la dependencia de los oligopolios financieros o energéticos dependientes de Madrid, que no solo dan un servicio deficiente y caro a los ciudadanos y las pymes catalanas, sino que además actúan como actores políticos favorables a la unidad de España cuando hay momentos de crisis”.

JxCAT defiende en su ponencia las tesis de Ponsatí y Canadell: que las grandes empresas han de ser discriminadas por las administraciones catalanas

No satisfechos con esto, la ponencia de JxCAT añade que “cada cargo electo o de libre designación de Juntos por Cataluña tiene la obligación de plantearse y llevar a cabo aquellas políticas que puedan reducir más la influencia del Estado en Cataluña y aumentar el apoyo social por el independentismo, construyendo una sociedad más libre, igualitaria y próspera”, asegura la ponencia que apoya así las iniciativas de boicot de Clara Ponsatí o los planes de consumo estratégico de la ANC y de la Cámara de Comercio de Barcelona, que encabeza Joan Canadell.

La energía, en el punto de mira

Estos planes fueron tumbados por los tribunales tras la actuación de la patronal el Fomento del Trabajo. No se puede hacer una contratación selectiva desde las instituciones basada en el origen de las compañías. Los contratos públicos han de ser objetivos y basarse en el precio e invitar a los cargos públicos a hacer lo contrario. Pero justo esto es lo que hace un partido de gobierno que tiene en sus filas a políticos como Jordi Turull, Josep Rull, Damià Calvet, Elsa Artadi o Meritxell Budó. En teoría, todas personas de orden.

Las críticas no solo se centran en la banca. El sector energético también recibe lo suyo, con planteamientos en JxCAT que encajarían mejor en un partido como el de los comunes de Ada Colau. Según la ponencia, “Cataluña necesita desarrollar un nuevo modelo propio energético centrado en el ciudadano, orientado a darle servicio y en el que pueda participar”, y defiende ejes estratégicos como “una gobernanza basada en el empoderamiento de la ciudadanía de gestión concertada y regulación orientada al usuario que facilite el establecimiento de modelos energéticos colaborativos, relacionados con el autoconsumo energético individual y de comunidades de vecinos”.

También se aboga en energía por “un sistema de financiación justo para la ciudadanía y competitivo por el tejido productivo, que sea transparente y comprensible y no incluya costes ocultos ni compensaciones heredadas”, y por “el fomento de la competencia en el sector energético, con la eliminación de las barreras injustificadas a la entrada de nuevos operadores y productores, una actualización de la fiscalidad correspondiente y la eliminación de los oligopolios para reducir significativamente el precio de la energía, que tanto afecta a las familias vulnerables y al tejido empresarial del país”. Una dura descripción del sector.

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