BBVA reconoció a EEUU operaciones por 354 millones con un banco ruso sancionado

BBVA intermedió durante cinco años operaciones por valor de 412 millones de dólares (354 millones de euros) con un banco público ruso que acabó en las listas negras de Estados Unidos. Así lo reconoció la entidad presidida entonces por Francisco González ante la oficina del Tesoro de EEUU encargada de investigar delitos financieros, el Financial Crimes Enforcement Networks (FinCEN).

Advirtió de estos hechos el 8 de julio de 2014, tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa a grandes empresas rusas en respuesta a la crisis de Ucrania. La entidad bajo la lupa, el Vnesheconombank (VEB, o Banco de Desarrollo ruso), ya fue ligada en octubre de 2013 a bancos sirios acusados de financiar la guerra en Siria, según un artículo de Reuters al que hace referencia el documento enviado por BBVA al FinCEN.

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Jesús Escudero ICIJ

Este informe es un 'suspiciuos activity report' (SAR) al que ha tenido acceso El Confidencial gracias a una investigación transfronteriza del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), cuyos principales contenidos llevan publicándose desde el pasado 20 de septiembre.

"BBVA NY cree que esta actividad es sospechosa por las siguientes razones", afirma el banco español en su reporte a EEUU, que a continuación afirma que "la entidad [el banco ruso VEB] está en la lista actualizada de identificación de sanciones sectoriales del 16 de julio de 2014" y que "en septiembre de 2013 se publicó que hizo negocios a través del Banco Comercial de Siria, que está en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por proliferación de armas de destrucción masiva".

Preguntada por este documento, la segunda mayor entidad española explica: "No podemos comentar sobre clientes ni operaciones concretas, pero sí confirmamos que a todos los clientes del banco se les realizan 'due dilligences' [exámenes financieros] acordes con su operativa y nivel de riesgo".

Banderas rojas

Desde la entidad, no entran a valorar los controles concretos que pasó VEB dentro de su operativa de prevención de blanqueo de capitales, por cuestiones de confidencialidad. Fuentes expertas en 'compliance' bancario consultadas por este medio señalan que las transacciones con la entidad rusa debieron generar diversas alertas. En primer lugar, por el origen de la entidad, y en segundo lugar, por la noticia de Reuters, que se publicó ocho meses antes de la notificación efectiva de las transacciones.

BBVA reportó en 2014 al FinCEN 66 operaciones "sospechosas", principalmente a través de su oficina en Nueva York, que actúa de banco agente para grandes transferencias internacionales. De estas, 21 se realizaron por el VEB a BBVA desde JP Morgan, en 15 de las cuales el dinero se envió a cuentas en los antiguos servicios centrales del banco español en Madrid —Clara del Rey 26—, y otras seis a una antigua sucursal en el centro de la capital —plaza Vázquez de Mella 12—.

Otras 25 transferencias vinculadas al VEB fueron ordenadas por CaixaBank, con dinero procedente de Citibank que acabó en la sede de Clara del Rey de BBVA. Desde la entidad catalana, señalaron que "CaixaBank realiza sus operaciones bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente, colaborando siempre con las autoridades en todos aquellos aspectos que nos solicitan. CaixaBank no facilita nunca información sobre las operaciones realizadas con sus clientes". "En relación con la información referenciada, una vez realizadas las comprobaciones correspondientes, no se ha detectado ningún motivo que indique la existencia de transacciones incorrectas", añaden.

En el resto de operaciones, figuran como intermediarios en 12 BNP Paribas, en tres Banesto —actual Santander—, en dos Citibank y en una Bank of America. Además, hay otras cinco operaciones que llegaron desde filiales holandesas de Credit Europe Bank, Anadolubank y Garanti Bank, filial de BBVA. Desde el Banco Santander no hicieron comentarios.

Fincen Files: las tuberías del sistema

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con medios de todo el mundo (El Confidencial y La Sexta en España), aborda más de 2.100 documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News, además de otros 17.000 archivos adicionales aportados por un equipo de más de 400 periodistas.

Todos ellos arrojan luz sobre cómo funcionan las tuberías del sistema financiero global y el papel clave que algunos bancos juegan en la arquitectura de pagos de redes de corrupción, estafadores de guante blanco y organizaciones criminales; pero también en su detección y denuncia. Una parte de esos documentos formaron parte de las investigaciones del Congreso de Estados Unidos sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, de las que Donald Trump salió como el 45º presidente del país. El documento más antiguo está fechado en 1999 y el más reciente, en 2017.

En la teoría, el envío de los SAR es una prueba de que el sistema funciona. La entidad pone en conocimiento de las autoridades competentes una actividad presuntamente ilícita y estas deciden si la investigan o no. No es una prueba de que se ha cometido un delito, pero sí un indicio de que se ha podido cometer y una invitación a investigarlo en profundidad.

El año pasado, los bancos comerciales remitieron al Fincen casi 1,2 millones de reportes de este tipo. El problema es que, en la práctica, muchas de las notificaciones llegan tarde, mal o las dos cosas. La rapidez de la comunicación es algo clave para poder prevenir la comisión del delito y, en ocasiones, para poder procesar a los presuntos culpables.

Muchos de los bancos solo notificaron transferencias sospechosas una vez que sus clientes (empresas o personas físicas) recibían atención mediática por algún escándalo o actividad presuntamente ilícita. Pero en la práctica, la normativa obligaba a alertar de ello con anterioridad. En algunos casos, pasan años entre la primera operativa sospechosa y la comunicación formal del banco. Todo ese periodo es tiempo que las autoridades de cada país han perdido para determinar si ese dinero ha estado financiando delitos y, en su caso, haberlo detenido.