Acciona liquida a los minoritarios de ATLL con el dinero de Fortress

Iba a ser una inversión ganadora a 50 años y se convirtió en un pleito milmillonario. Acciona ha terminado de resolver su pillada en el concurso de ATLL, la concesionaria de Aguas del Ter-Llobregat, casi ocho años después, tras recomprar las participaciones de sus socios minoritarios en aquella aventura, los empresarios catalanes Leopoldo Rodés y Liliana Godia, con un 5% cada uno, además de los propios José Manuel y Juan Ignacio Entrecanales, presidente y vicepresidente de Acciona respectivamente, con una participación del 12% entre ambos a partes iguales.

Según consta en la memoria del primer semestre, Acciona liquidó con sus socios minoritarios la parte correspondiente de los 170 millones ingresados del fondo Fortress, a quien vendió el pleito y los derechos de cobro contra la Generalitat de Cataluña en junio de 2019. Ese dinero sirvió para que Acciona Agua recomprara las participaciones de los socios minoritarios en ATLL el pasado mes de abril, “ofreciendo a todos los mismos términos y condiciones”, según se remitió a la CNMV como operación vinculada, de los que 22,8 millones fueron para los Entrecanales.

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De esta manera, Acciona termina de liquidar su aventura en ATLL a la espera de que el juicio que ahora libra Fortress contra la Generalitat pueda reportarle algún ingreso extraordinario, tal como recogen las condiciones de la venta del pleito. Sin contar con esa eventualidad, la inversión original de 995 millones ha sido un traspié, tanto por las minusvalías a corto como por la pérdida de un negocio a largo de esa infraestructura, donde Acciona, en el momento de la venta del pleito, controlaba un 76% y el otro 24% se repartía entre los diferentes accionistas minoritarios.

Al margen de los cambios accionariales en la concesionaria, al principio la operación se articuló de tal manera que Acciona controlase ATLL con una mayoría del 51%, con un 39% en manos directas de la compañía y con otro 12% en manos de José Manuel y Juan Ignacio, cada uno a través de las sociedades personales Global Lubbock y Global Buridan, desde las que aportaron cerca de 60 millones respectivamente. En su caso, ocho años después, ahora recuperan un total de 23 millones, a la expectativa de que Fortress tenga más suerte en la vía judicial aún viva.

Tras perder la concesión, Acciona abrió un frente para reclamar hasta 300 millones por la anulación del contrato (por el que la comunidad autónoma liquidó algo más de 60 millones), más otros 1.000 millones por el perjuicio económico generado. Cifras muy importantes, propias de las características que rodearon a la ‘privatización’ de ATLL, la mayor llevada a cabo por la Generalitat, que le permitió apuntarse un ingreso contable de más de 900 millones apremiada por importantes tensiones de liquidez en sus arcas (pagar 300 millones en nóminas de funcionarios).