La duda legal que pende sobre los consejos de la fusión CaixaBank-Bankia
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La duda legal que pende sobre los consejos de la fusión CaixaBank-Bankia

Un artículo del mercado que ofrece distintas interpretaciones condiciona la decisión sobre cómo se debe estructurar la fusión sus implicaciones sobre el precio y la competencia

Foto: El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. (EFE)
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. (EFE)

La estructura legal de las operaciones es uno de los capítulos que menos atención mediática genera, pero en los que más se juegan grandes fusiones como la de CaixaBank y Bankia, que este jueves vive momentos clave. La segunda y tercera entidad española parecen haberse decantado por una fusión por absorción, en la que en la práctica la entidad catalana comprará la nacionalizada.

Dicha compra a través de canje o absorción viene marcada por la baja cotización de Bankia respecto a sus fondos propios y valor contable, que sí refleja su solvencia y las ayudas públicas con las que fue rescatada. Esta diferencia entre ambos valores es un aspecto común al sector, que se ha incrementado por la crisis derivada de la pandemia.

Foto: Sede social de Bankia. (EFE)

Fuentes legales conocedoras de la operación exponen que hay puntos de la Ley del Mercado de Valores (LMV) que han generado dudas y ofrecen distintas posibles interpretaciones. Se trata de una derivada del escudo antiopas extranjeras aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo, dentro de las medidas urgentes anunciadas por el covid-19.

El Gobierno justificó esta medida ante “la extraordinaria y urgente necesidad de la situación”, lo que, según exponen diferentes expertos al respecto, activaría lo dispuesto en el artículo 137.3 apartado B de la LMV. En este punto se consideran situaciones extraordinarias, en las que “los precios de mercado se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales”, estableciendo respecto al precio ofrecido una serie de exigencias para las “ofertas públicas de adquisición voluntarias”, “que confieran directa o indirectamente derechos de voto en una sociedad cotizada”.

Letra pequeña

Lo dispuesto en este artículo, en caso de no solicitar la exclusión a efectos de OPA (Oferta Pública de Adquisición), implicaría que las dos entidades aportaran un informe de experto independiente “sobre los métodos y criterios de valoración aplicados para determinar el precio ofrecido”, soportados de distinta forma y con nivel de detalle suficiente para que, “en todo caso aseguren la salvaguarda de los derechos de los accionistas”, fijándose una limitación sobre el precio mínimo.

Asimismo, si la oferta se formulara como canje de valores [como van a hacer CaixaBank y Bankia], además de lo anterior, se deberá incluir, al menos como alternativa, una contraprestación o precio en efectivo equivalente financieramente, como mínimo, al canje ofrecido.

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella. (EFE)
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella. (EFE)

Al margen de este artículo, todo apunta a que se va a optar por plantear la operación como una fusión, figura que, tomando el control de la entidad absorbida (art 4 del real decreto de OPAs) obligaría a lanzar una oferta pública, a no ser que se aplique algún supuesto de exclusión (artículo 8 del mismo Real Decreto) y sea solicitado expresamente, según las fuentes consultadas. Uno de estos supuestos es que “pueda justificarse que la operación no tiene como objetivo principal la toma de control sino un objetivo industrial o empresarial”, algo que tendrían que soportar legalmente, así como la elección de esta estructura legal sin que penalice a los intereses de accionistas en Bankia.

A falta de unas horas para la celebración de los consejos de los bancos y la comisión rectora del Fondo de Reestructuración (FROB), no se conocen los detalles exactos sobre su decisión entre una opción y otra respecto a la forma que tomará la operación y los informes legales que lo soportan en esta situación de excepcionalidad, también para el mercado de valores y operaciones de fusión.

Foto: Jaime Ponce, presidente del Fondo de Reestructuración (FROB). (EFE)

La información que se requiere en la LMV está dirigida, principalmente, a la protección de los intereses de los intereses minoritarios, que es responsabilidad de consejeros independientes. En el caso improbable de algún fallo de cálculo en este sentido, sería la CNMV (miembro de la comisión rectora del FROB) el encargado de velar por el cumplimiento.

En las próximas horas se conocerán nuevos detalles de la fusión. Su racional ha sido hasta ahora la de hacer un grupo más rentable con recortes de gastos —cierre de oficinas y salida de empleados— financiados con el 'badwill' (fondo de comercio negativo). Con ello se deberían generar sinergias de 5.000 millones en los próximos años, según los analistas. El Estado y las dos entidades saben lo mucho que se juega en la operación y que el diablo está en los pequeños detalles. De ahí que se espere que hayan dejado todos los flecos atados antes de rubricar el acuerdo.

CNMV FROB
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