Iberdrola asegura un sueldo de 240.000 euros al general ex del CNI Sanz Roldán

Félix Sanz Roldán, el general que dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante 10 años, hasta el pasado mes de mayo, ya ejerce como asesor del presidente de Iberdrola tras dejar la Administración a finales de julio. Según indican fuentes próximas a la eléctrica, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa percibe unos 240.000 euros al año como miembro del International Advisory Panel, o Consejo Asesor Internacional, en el que Ignacio Sánchez Galán se apoya para analizar la situación geopolítica de los países en los que la primera eléctrica española está presente.

Según indican las mismas fuentes, cada uno de los consejeros de este órgano consultivo, del que Iberdrola no informa públicamente, recibe unos 20.000 euros mensuales, a los que hay que añadir los gastos que originan su labor, como viajes, restaurantes y otros servicios de apoyo que necesitan sus miembros. Entre ellos, destacan "personalidades de alto nivel de todo el mundo entre los que figuran Ernesto Zedillo, expresidente de México; Joschka Fisher, exministro de Exteriores alemán; Jonathan Hill, antiguo comisario europeo de Mercados de Capitales; Laurence Tubiana, ex directora general de la European Climate Foundation, representante especial del Gobierno francés para la COP21 de París; Ken Salazar, antiguo secretario del Interior de Estados Unidos, y Ramón de Miguel, exembajador de España en París y ante la UE".

Precisamente, De Miguel es el presidente de este Consejo Asesor Internacional. El que fuera secretario de Estado de Política Exterior durante las dos legislaturas del Gobierno de José María Aznar ya percibió 250.000 euros como colaborador de Sánchez Galán en 2006, año en el que se incorporó a la eléctrica. Según la información publicada por El Confidencial el pasado 4 de septiembre, De Miguel, que había empezado a trabajar para Iberdrola nada más dejar Moncloa, firmó en 2006 un contrato por dos años por el que cobraba 20.833 euros al mes.

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No obstante, aunque su remuneración total debería haber ascendido a 500.000 euros, De Miguel llegó a ganar 1,2 millones a cargo de Iberdrola, según figura en el sumario de la pieza separada número 17 de la operación Tandem que investiga la Audiencia Nacional y que vincula a Iberdrola con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. De Miguel llegó a ser nombrado presidente de Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de la eléctrica, envuelta en varios casos de corrupción y para la que trabajaba como consejero Ignacio López del Hierro —fue destituido en noviembre de 2018 por su relación con Villarejo—, marido de Maria Dolores de Cospedal.

Iberdrola ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, al tratarse de un asunto privado. La compañía con sede en Bilbao ha asegurado en repetidas ocasiones que aboga siempre por la transparencia y que colabora estrechamente con la Justicia para esclarecer los contratos con el comisario, hoy en prisión. Pero la composición y la remuneración de los consejeros de su órgano asesor internacional se mantienen en secreto.

Más querellas

El fichaje de Sanz Roldán por Iberdrola se produjo justo con la apertura del sumario de la citada pieza 17 en la que se detallan las presuntas irregularidades en la contratación de Villarejo por la eléctrica, que la compañía niega con rotundidad. Sanz Roldán y Villarejo mantienen un enfrentamiento desde hace años. Uno de los últimos episodios se produjo a mediados del pasado mes de junio. Entonces, se aplazó el juicio contra el comisario por delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del CNI.

A la causa se han sumado ahora Greenpeace y dos sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), los cuales han presentado sendas querellas contra Iberdrola y contra Villarejo por haber sido presuntamente espiados por el policía. En concreto, la organización medioambiental y Carlos Bravo, el que fuera uno de sus hombres de referencia en España, denuncian que Villarejo e Iberdrola les investigaron para saber la "situación patrimonial por si se detectaba un enriquecimiento injustificado, conseguir evidencias sobre operaciones irregulares, y hostigamiento y en la medida de lo posible boicoteo".

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Según la documentación en manos del juez, Cenyt, la empresa de Villarejo, "para lograr tales objetivos, habría dispuesto, como en otras ocasiones, dispositivos IC de captación de información, dispositivos IC de comunicaciones o, entre otros medios, 'software' y 'hardware' para acceder a determinados bancos de datos". Greenpeace se interesó en aquellos momentos por "el resultado de una auditoría elaborada por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares [WANO, en sus siglas en inglés] sobre el funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes [Valencia] gestionada por Iberdrola".

Por su parte, Manuel Quirós y José Manuel Sánchez, ambos de CGT, han presentado su querella contra Villarejo, Iberdrola Renovables, Iberdrola SA e Iberdrola Nuclear SAU por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, por coacciones, por discriminación de índole laboral, así como un delito contra la libertad sindical. Los dos también denuncian que fueron investigados por Cenyt.