FUSIÓN CAIXABANK-BANKIA

¿Están velando el Estado y Bankia por los intereses de los pequeños accionistas?

Aunque no se ha creado una comisión de independientes para proteger a los pequeños accionistas, como se hizo en la fusión con BMN, Bankia no ve posibles conflictos de interés del Estado

Foto: Sede de Bankia. (EFE)
Sede de Bankia. (EFE)
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La mayor fusión de la última década, entre CaixaBank y Bankia, podría estar dejando algunos cabos sueltos. Uno de ellos podría ser la consideración y protección de los pequeños accionistas, que hasta el momento han estado al margen del debate generado en torno a la operación. Al contrario que con la última gran fusión del Fondo de Reestructuración (FROB), la de Bankia y BMN, en las actuales negociaciones no ha trascendido la creación de ninguna comisión de consejeros independientes para proteger los intereses de los accionistas minoritarios.

Este es un punto en el que se tuvo especial cuidado en 2017. Se hizo para que los pequeños inversores de Bankia y BMN, sin representación en el consejo, vieran protegidos sus intereses ante una operación en la que tenían poco que decir frente al Estado. Los gestores de las entidades nacionalizadas dieron entonces una lección en gobierno corporativo, demostrando haber aprendido del pasado y diferenciándose de las actuaciones que dieron lugar a la crisis anterior, que estuvo motivada por los fallos en los esquemas de gobierno corporativo.

Frente a este ejemplo, fuentes próximas a la entidad señalan que en esta ocasión no hace falta tal comisión, ya que todos los intereses están alineados. El objetivo de los gestores de Bankia y del FROB es conseguir el mejor precio posible en la operación, lo que beneficiará a los pequeños accionistas.

Esta comisión de independientes, en caso de haberse creado de nuevo, habría podido analizar por qué ahora es el mejor momento para desinvertir en Bankia de esta forma, con su cotización cerca de mínimos históricos cuando se anunció y con el mismo contexto de tipos de interés bajos o tendentes a cero que motivó el retraso del plazo de desinversión hasta diciembre de 2021 por parte del Gobierno. Y todo cuando las previsiones económicas del propio Gobierno, confirmadas esta semana por la vicepresidenta Calviño, apuntan todavía a una recuperación en V asimétrica—. En caso de confirmarse dichas previsiones, pudiera llegarse a pensar que en unos meses se contaría con una posición mucho mejor por parte de Bankia para afrontar un proceso de negociación como este o cualquier otro.

Sinergias

La explicación oficial es que con la rentabilidad en mínimos, la crisis del covid-19 y la perspectiva de necesidad de provisiones al alza, hacen falta recortes de gastos. La unión de Bankia y CaixaBank es una de las que más sinergias genera, por lo que se indica que hay que ir en esa dirección, lo que contradice el análisis cualitativo de la fusión con BMN, en la que se valoraron positivamente los escasos solapamientos y su derivado impacto positivo en la competencia.

Y es igualmente contradictorio con los mensajes gubernamentales dados respecto a la actual crisis y la forma de afrontarla, con ayudas a la liquidez desde el Estado que permitan pasar los peores meses preservando el empleo, lo que podría añadir complejidad en la aplicación práctica del proyecto de fusión a futuro, por un consejo de la potencial entidad resultante que contaría con representación del Gobierno y tendría responsabilidad.

Otra potencial explicación de la operación sería que desde Bankia, CaixaBank, sus accionistas mayoritarios, el Estado y los supervisores estén valorando alguna contingencia no conocida o viendo llegar una crisis de unas dimensiones mayores de lo que se ha explicado hasta ahora, lo que justificaría la operación como una vía de proteger el patrimonio público y reforzar una de las principales entidades del país.

Sea como sea, la transparencia vuelve a ser clave. Así lo consideró el FROB en el caso de la operación de BMN, en la que publicó constantes notas y hechos relevantes al respecto, detallando en su comparecencia en la Comisión de Economía del ministerio del pasado 19 de octubre de 2016, que “el anuncio realizado hace unos días por el FROB respondió, por tanto, a una voluntad de transparencia y puntual respeto de la normativa de mercado de valores, que exige la máxima publicidad de este tipo de análisis por lo que pudiera impactar en una sociedad cotizada como Bankia”.

El FROB y el Gobierno deben ser ejemplarizantes en esta operación, la más importante desde un rescate financiero tan relevante en nuestro país y que ha costado ya 65.000 millones, de los que 42.000 millones los han pagado los contribuyentes. Todo apunta a que la operación va a coincidir en el tiempo con la sentencia del caso Bankia, un proceso en el que se ha comprobado que mezclar urgencias, excepcionalidad, banca, mercados y política no da buen resultado.

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