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El 'forensic' de Iberdrola aflora un contrato de 1,2 M con el exembajador español en París
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RAMÓN DE MIGUEL, DIRECTOR DEL COMITÉ ASESOR

El 'forensic' de Iberdrola aflora un contrato de 1,2 M con el exembajador español en París

La investigación interna llevada a cabo por PwC revela que una empresa de Ramón De Miguel fue uno de los proveedores relevantes del área de seguridad de la eléctrica

Foto: El presidente de la compañía eléctrica Iberdrola, Sánchez Galán. (EFE)
El presidente de la compañía eléctrica Iberdrola, Sánchez Galán. (EFE)
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Iberdrola contrató en julio al general exjefe del Centro Nacional de Investigación (CNI) Félix Sanz Roldán como miembro de su consejo asesor internacional. Un órgano consultivo al servicio de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, que actualmente está dirigido por Ramón de Miguel, exembajador de España en Francia. Según documentación oficial, el grupo energético abonó al menos 1,2 millones de euros a De Miguel a través de una sociedad a la que pagaba el Departamento de Seguridad y que ha sido objeto de investigación interna.

La empresa instrumental se denomina Aseconint SL y es la segunda por facturación de las analizadas por PwC a petición del consejo de administración de Iberdrola para averiguar la relación de la compañía energética con José Manuel Villarejo. PwC, la compañía contratada por el grupo eléctrico para examinar las facturas pagadas al comisario jubilado, la seleccionó por ser uno de los proveedores más relevantes del Departamento de Seguridad, liderado por Antonio Asenjo, imputado por los supuestos pagos irregulares a Villarejo que están siendo investigados por la Audiencia Nacional como una de las piezas de la conocida como operación Tándem.

Foto: Sede de Iberdrola. (Reuters)

De hecho, PwC analizó hasta 135 proveedores que cursaron “facturas sin pedido asociadas a SAP (sistema de control interno)” relacionadas con el área “de Seguridad y Corporativos” por si pudieran estar vinculados al caso Villarejo. Y de este grupo eligió a 17 “por estar su CNAE [clasificación nacional de actividades económicas] relacionado con servicios de seguridad, estudios de mercado y/o actividades de consultoría”. Tras Kroll Asociates Iberia, la famosa empresa de detectives, que facturó 4,92 millones de euros, aparece Aseconint, propiedad de Ramón De Miguel, con 1,2 millones.

placeholder Parte del contrato entre Iberdrola y el exembajador Ramón de Miguel. (Pinche para ampliar)
Parte del contrato entre Iberdrola y el exembajador Ramón de Miguel. (Pinche para ampliar)

Iberdrola contrató a De Miguel en 2004, al poco tiempo de dejar la Secretaría de Estado de Política Exterior y Asuntos Europeos tras el cambio de Gobierno de José María Aznar por José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el primer contrato de la eléctrica con Aseconint se firmó el 1 de junio de 2006. Lo rubricaron Fernando Bécquer, director corporativo de Iberdrola y hombre también próximo al Partido Popular, y José Luis San Pedro, que llegó a ser el número dos de la multinacional energética presidida por Sánchez Galán.

El contrato fija una cantidad de 250.000 euros brutos al año, más gastos por desplazamiento, previa justificación de los mismos. Es decir, 20.833,33 euros al mes, por dos ejercicios, hasta junio de 2008, que fue la duración de la contratación. El objeto era “la realización de las actividades comerciales en prospecciones y búsqueda de oportunidades en mercados nacionales e internacionales, con administraciones públicas y/o empresas públicas o privadas, con organismos financiadores-promotores de proyectos, realizando la detección, elaboración, presentación, análisis y cuantas otras actividades sean necesarias en las oportunidades comerciales encaminadas a su adjudicación final”.

Por tanto, Aseconint debería haber percibido un máximo de 500.000 euros por esta labor. Pero PwC advierte en su investigación que facturó 1,2 millones. Preguntada Iberdrola por este contrato, la compañía ha declinado hacer ningún comentario, ni sobre las fechas de los pagos ni sobre si hubo prórroga de la relación con esta empresa de De Miguel.

Rajoy designó a De Miguel embajador en Francia y Mónaco, posición en la que se mantuvo hasta mediados de 2017, cuando tuvo que renunciar

El grupo con sede en Bilbao le nombró en marzo de 2009 presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco), la compañía que se vio salpicada por varios casos de corrupción que conllevaron una sanción del Banco Mundial. Precisamente, después de la publicación por parte de este medio en 2012 de los presuntos sobornos en el proyecto de una central de ciclo combinado en Letonia, inaugurado por el entonces rey Juan Carlos, tras una inversión de 300 millones, De Miguel fue destituido de su cargo, si bien se mantuvo en Iberdrola como asesor de Sánchez Galán para asuntos internacionales hasta finales de 2013.

En mayo de 2014, Mariano Rajoy designó a De Miguel embajador en Francia y Mónaco, posición en la que se mantuvo hasta mediados de 2017, cuando tuvo que renunciar al cumplir los 70 años de edad. En ese momento, Iberdrola le recuperó y le nombró presidente del International Advisory Panel, del que forma parte Sanz Roldán desde el pasado mes de julio.

De Miguel trabajó 10 años en la Comisión Europea, en la que llegó a ser director general de Energía y jefe de gabinete de Abel Matutes y Marcelino Oreja. También ha sido consejero de Abengoa Bioenergía y de Transatlantic Holdings, miembro de los consejos asesores de Climate Change Capital, Indra, Scottish Power y AT Kearney y consejero especial de Fipra y del Richardson Center for Global Engagement, en Washington DC.

Iberdrola contrató en julio al general exjefe del Centro Nacional de Investigación (CNI) Félix Sanz Roldán como miembro de su consejo asesor internacional. Un órgano consultivo al servicio de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, que actualmente está dirigido por Ramón de Miguel, exembajador de España en Francia. Según documentación oficial, el grupo energético abonó al menos 1,2 millones de euros a De Miguel a través de una sociedad a la que pagaba el Departamento de Seguridad y que ha sido objeto de investigación interna.

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