Acciona evita que le ejecuten un aval tras alegar fuerza mayor por covid ante el juez
Ha logrado que un juzgado de Madrid decrete medidas cautelarísimas y paralice la ejecución de un aval bancario que quería cobrarse un cliente mexicano para el que construye un parque eólico
Acciona ha logrado paralizar la ejecución de un aval bancario que quería ejecutarle un cliente mexicano para el que construye un parque eólico de 424 MW en la localidad de Reynosa, ciudad del Estado de Tamaulipas (México).
El promotor de la infraestructura de energía renovable advirtió hace pocos días a Acciona que quería ejecutar el aval bancario de cinco millones de euros que tenía depositado en una entidad española por entender que había incumplimientos en la construcción del parque. Este aval está respaldado por Acciona, con lo que si los mexicanos de Zuma Energía tomaban ese dinero, el banco depositante se lo cobraría a la firma que dirige José Manuel Entrecanales.
Sin embargo, justo después de que notificara la ejecución, Acciona decidió acudir a un juzgado de primera instancia en Madrid para tratar de esquivar el golpe. Solicitó medidas cautelarísimas consistentes en paralizar dicha ejecución. La multinacional de la familia Entrecanales alegó que los potenciales problemas con la obra se debían a cuestiones de fuerza mayor derivadas de la pandemia provocada por el coronavirus. Máxime en México, el cuarto país con más muertes por covid-19 del mundo.
Según explican fuentes al tanto de la situación, Acciona pudo incurrir en potenciales retrasos o problemas de otra índole debido a que no se daban las circunstancias para poder operar, ya que el cierre de fronteras y las medidas de confinamiento han paralizado muchas actividades y ha generado retrasos con proveedores y otros grupos con los que trabaja Acciona. Ante esta situación, el juez decidió estimar su petición y paralizar la ejecución del aval. En su auto viene a decir que los problemas que pudiera haber y los posibles incumplimientos de contrato se debían a cuestiones de fuerza mayor, con lo que en este caso no son responsabilidad de Acciona.
La causa de fuerza mayor, así como otro principio del derecho conocido como 'Rebus sic Stantibus' (estando así las cosas), están siendo cada vez más invocados ante demandas por incumplimientos de contrato en el contexto de la crisis económica derivada del coronavirus. Esto significa que pese a lo firmado, hay incumplimientos que escapan a la responsabilidad de quien los provoca y de cara a un juez estarían justificados.
De hecho, el caso de Acciona no ha sido el primero. El más sonado ha sido el de Celsa. Los administradores de la firma de producción siderúrgica pidieron a la justicia que exonerara a la compañía de las obligaciones de pago con sus acreedores de deuda por las especiales circunstancias que había provocado el coronavirus. Pese a la sorpresa de muchos en el mundo jurídico, el juez estimó que Celsa no debía hacer frente a los vencimientos de deuda que tenía por delante y que los fondos acreedores deberían esperar para cobrar.
Un juzgado de Barcelona permitió aplazar los 35 millones de cuota de deuda que el grupo industrial tenía que abonar esta primavera hasta abril de 2021. De esta forma, los fondos oportunistas o 'hedge funds' se vieron impedidos de ejecutar la prenda por impago para este préstamo.