Bankia, Mutua Loreto y Libertas 7 se juegan 150 M por el agujero del Banco de Valencia

Importantes compañías en activo como Bankia, Loreto Mutua o la cotizada Libertas 7 podrían terminar siendo las paganas del agujero millonario que en noviembre de 2011 obligó al Estado a intervenir el Banco de Valencia, una entidad centenaria impulsada por la burguesía valenciana que ha terminado integrada en CaixaBank tras el proceso de concentración forzado por la crisis inmobiliaria de 2008.

Las tres sociedades, junto a Deloitte y las firmas locales valencianas Minaval o Macomar, figuran como responsables civiles subsidiarias en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y accionistas minoritarios de la pieza que se ha instruido en la Audiencia Nacional por el presunto falseamiento de las cuentas en 2009 y 2010 por parte de quien fue su presidente, José Luis Olivas, el consejero delegado, Domingo Parra, y un consejo de administración compuesto por importantes empresarios de la Comunidad Valenciana como Silvestre Segarra (Porcelanosa), Federico Michavila (Torrecid), Agnés Noguera (Libertas) o Celestino Aznar (ex-Marie Claire).

A la espera de resolver los últimos recursos, la causa se encuentra al borde del señalamiento del juicio oral después de que el magistrado Santiago Pedraz acordase enviar al banquillo a los investigados por entender que la cúpula del banco, con el beneplácito del principal órgano de gobierno, maquilló la contabilidad aparentando una solvencia ficticia que terminó por perjudicar a los accionistas sin representación.

Anticorrupción reclama para los acusados desde cuatro años y medios de prisión para Olivas y Parra hasta entre dos años y medio y tres años para los integrantes del consejo de administración por un delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales y el informe corporativo de los ejercicios de 2009 y 2010. Pero, además, los fiscales Carmen Launa y Alejandro Cabaleiro sostienen que los consejeros y las empresas a las que representaban, como responsables civiles y subsidiarias, "deberán indemnizar a los accionistas del Banco de Valencia que no formaban parte del consejo de administración en los ejercicios cuestionados", si se confirma en el juicio oral la existencia del perjuicio.

La cuantía de la indemnización no se ha determinado durante la instrucción. Saldrá de una prueba que se practicará durante el juicio oral. Sin embargo, fuentes cercanas a pequeños accionistas personados en la causa señalan como mínimo una horquilla entre el valor neto contable de la acción en el momento de los hechos, en torno a 2,70 euros por título, y el precio al que cotizaba cuando se publicaron las cuentas, 3,9 euros. Estiman que esto arroja un valor del banco cercano a los 500 millones de euros y que en caso de fallo condenatorio tendría derecho a la indemnización alrededor del 30% de capital representado por los pequeños accionistas. El saldo indemnizatorio sería de unos 150 millones de euros.

La asociación Apabankval, que puso la querella original que acabó instruyéndose en la Audiencia Nacional, agrupa a unos 500 accionistas. Pero no son los únicos personados. A lo largo de la instrucción han ido sumándose a la pieza un importante número de tenedores minoritarios de títulos. Por ejemplo, en noviembre de 2017 se personó en la causa Jenusa de Valores Mobiliarios, la sicav vinculada a la familia del fallecido Silvino Navarro, histórico industrial que fue fundador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

La razón de que las indemnizaciones económicas puedan salir de Bankia (heredera de Bancaja), Loreto Mutua o Libertas 7 es que eran estas empresas —personas jurídicas— las que formalmente ocupaban los sillones del consejo de administración del banco cotizado en el Mercado Continuo pero que controlaba Bancaja con casi el 40% del capital.

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Jorge Zuloaga

Filiales de Bancaja eligieron consejeros del mundo de la empresa y la burguesía valenciana, como Silvestre Segarra, María Dolores Boluda, José Luis de Quesada (Pavasal) o Federico Michavila, que era consejero independiente. También formaban parte del órgano de Gobierno, Rosa María Lladró o María Irene Girona en representación de sus empresas. Pedro Muñoz Pérez asistía en nombre de Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social —hoy Loreto Mutua—. Ocupaba el cargo de consejero independiente y presidente del comité de auditoría.

Agnès Noguera, hija del financiero Álvaro Noguera, representaba en el consejo a su empresa familiar, Libertas 7, uno de los accionistas históricos del grupo Prisa. El apellido Noguera había estado ligado al banco desde que Vicente Noguera fue nombrado presidente en 1927.

Todos ellos contaban con importantes participaciones en la entidad financiera a la vez que en aquellos años tenían necesidad de solicitar periódicas renovaciones de líneas de financiación, según las acusaciones. Se estima que el consejo de administración llegó a acumular en los años en que presuntamente se maquillaron las cuentas cerca del 70% del capital social.

Desde que Olivas fue nombrado presidente en el año 2004, el banco inició una senda de negocio con una política crediticia muy expansiva

Desde que Olivas fue nombrado presidente en 2004, el banco inició una senda de negocio con una política crediticia muy expansiva marcadamente centrada en el mercado inmobiliario, tanto individual como en el sector de las empresas de promoción, como hacían también cajas de ahorro como Bancaja.

"Los reales malos resultados que acaecieron en el ejercicio de 2009 implicaban ofrecer una imagen al mercado que podría dañar los planes del consejo de administración, pudiendo provocar una pérdida de recursos propios de la entidad. De forma y manera que para que ello no sucediese, y pese a ser conocedores de los datos reales de morosidad, se decidió por la comisión ejecutiva primero y por el propio consejo de administración después, efectuará una práctica contable dirigida a mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma", sostiene Anticorrupción en una tesis recogida también por el magistrado instructor. Esto se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales para los ejercicios 2009 y 2010 que no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria. Las cuentas fueron informadas sin salvedades por la auditoría de Deloitte, a la que Anticorrupción y los minoritarios consideran también responsable civil subsidiaria.

Los procesos de inspección del Banco de España evidenciaron la ficción de la buena gestión y la buena salud financiera. Las inspecciones destaparon un déficit de provisiones de 420,41 millones de euros en el ejercicio de 2009. La realidad es que el Banco de Valencia debió cerrar aquel ejercicio con unas pérdidas de 86,23 millones y no con un beneficio bruto de 165,18 millones como declaró.

Dividendo pese al agujero

Se produjeron reuniones del Banco de España con Domingo Parra y el director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo. Pero los resultados de la inspección no aparecen en las actas del consejo de administración, aunque los consejeros eran conocedores de que iba a producirse. En 2010, Bancaja se integró en el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) por el proceso de integración de siete cajas de ahorro. Como consecuencia de esto, el Banco de Valencia pasó a consolidar y estar bajo control de BFA-Bankia. No obstante, las cuentas de 2010 tampoco reflejaron la imagen fiel. El mismo consejo de administración las formuló en una reunión celebrada el 28 de enero de 2011, también con informe favorable de auditoría de Deloitte, firmado por su socio Miguel Monferrer.

En el juicio, los accionistas minoritarios tratarán de demostrar que casi todos los consejeros eran conscientes de la situación real de banco. Olivas les había informado de la existencia de las inspecciones del Banco de España en una reunión en diciembre de 2010 tras ser llamado a capítulo por el subgobernador del supervisor, Javier de Aríztegui.

En noviembre de 2011 el banco fue intervenido e inspecciones posteriores destaparon deterioros significativos de los activos

Aun así las cuentas de 2010 se aprobaron con beneficios antes de impuestos de 63,9 millones y el acuerdo de repartir un dividendo de 22,8 millones y una retribución complementaria con acciones de autocartera. Las inspecciones del Banco de España, sin embargo, cifraban el resultado real en 100 millones de euros de pérdidas. Ello no impidió que el supervisor y el Ministerio de Economía autorizaran el pago del dividendo vía reparto de acciones de autocartera, con impacto neutro en la contabilidad. Elena Salgado era la ministra.

En noviembre de 2011, el banco fue intervenido e inspecciones posteriores destaparon deterioros significativos de los activos, con un agujero estimado de 819 millones de euros. En octubre de aquel año, Olivas dimitió como presidente 21 días después de haber destituido a Domingo Parra. En esa misma reunión del consejo en el que Olivas presenta su renuncia, los consejeros hicieron constar en acta que Parra no les había informado del resultado de la inspección del Banco de España. El banco terminó siendo entregado a CaixaBank con una inyección extra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 4.500 millones de euros y un esquema de protección de activos (EPA). Así se esfumó el banco y el poder financiero de la burguesía valenciana.