La Justicia europea anula la 'multa' de 13.000 M de Bruselas a Apple

La Justicia de la Unión Europea acaba de golpear de manera grave uno de los pilares básicos de la Comisión Europea desde 2014 al anular una decisión por la que obligaba a la multinacional Apple a devolver 13.000 millones de euros a las arcas de la República de Irlanda al haberse beneficiado de un acuerdo fiscal ofrecido por Dublín y que Bruselas consideró ilegal. Esta decisión ataca el principal instrumento utilizado desde hace más de un lustro por parte de la Comisión Europea para lidiar con los países que, desde dentro de la UE, erosionan la base fiscal de otros Estados miembros ofreciendo ventajas fiscales a grandes multinacionales.

El Ejecutivo comunitario lleva años reforzando la lucha contra los acuerdos fiscales selectivos puestos en marcha por Estados miembros como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos con los que grandes multinacionales lograban esquivar el pago de impuestos en otros países europeos. El tema de la “erosión fiscal” dentro de la UE ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de la Comisión, de la recién estrenada presidencia alemana del Consejo, y también del Parlamento Europeo, que el septiembre estrenará un subcomité que abordará, entre otros aspectos de la evasión fiscal, este asunto.

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La decisión, adoptada en 2016 por el departamento dirigido por Margrethe Vestager, marcó un hito. Ahora el Tribunal General de la UE la acaba de anular en una sentencia que provocará fuertes reacciones en la capital comunitaria. “Mediante la sentencia de hoy, el Tribunal General anula la decisión porque la Comisión no logró demostrar la norma jurídica requerida que existía una ventaja a los efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Según el Tribunal General, la Comisión se equivocó al declarar que ASI y AOE obtuvieron una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda estatal”, señala la sentencia.

La corte de Luxemburgo no absuelve a Irlanda de sus acuerdos fiscales. De hecho, en la resolución “lamenta la naturaleza incompleta y, en ocasiones, incoherentes de los acuerdos fiscales impugnados”. Sin embargo, señalan “los defectos identificados por la Comisión no son, en sí mismos, suficientes para demostrar la existencia de una ventaja”.

“Agradecemos la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que anula la Decisión de la Comisión Europea de agosto de 2016, que alegó que Irlanda proporcionó ayuda estatal a Apple”, señalan desde la oficina de Paschal Donohoe, ministro de Finanzas irlandés. Hace solo una semana Donohoe se hizo con las riendas del Eurogrupo, el foro de ministros de Finanzas de la Eurozona, al vencer a la española Nadia Calviño.

“Irlanda siempre ha tenido claro que no se proporcionó un tratamiento especial a las dos compañías de Apple: ASI y AOE. La cantidad correcta de impuestos irlandeses se cobraba impuestos de acuerdo con las normas impositivas irlandesas normales. Irlanda apeló la Decisión de la Comisión sobre la base de que Irlanda no concedió ninguna ayuda estatal y la decisión de hoy del Tribunal respalda esa opinión”, explica el ministerio.

En todo caso la decisión es del Tribunal General de la UE (TUE), lo que significa que la Comisión Europea puede recurrir la decisión ante el más alto tribunal europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bruselas, que seguramente lleve el asunto a la alta corte de Luxemburgo, todavía no ha reaccionado a la sentencia.

La lógica del equipo de Vestager era la siguiente: Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos tienen derecho a ejecutar la política fiscal que ellos deseen, pero debe ser igual para todas las empresas. Si un acuerdo fiscal se hace a medida de Apple u otra multinacional y se puede considerar selectiva, entonces el Ejecutivo comunitario hincaba el diente sobre el asunto. Y es ahí, en ese talón de Aquiles, en el que el TUE clava la lanza y desmonta el edificio sobre el que está basada la multa: el tribunal “considera que la Comisión no demostró, en su línea de razonamiento alternativa, que las resoluciones fiscales impugnadas fueron el resultado de la discrecionalidad ejercida por las autoridades fiscales irlandesas y que, en consecuencia, ASI y AOE obtuvieron una ventaja selectiva”.

Esta sentencia pone en duda la manera en la que la Comisión Europea y sus técnicos trataban de tumbar la “competencia desleal” en materia fiscal dentro de la Unión Europea. No es casualidad que esta misma semana se hayan producido filtraciones que apuntan a la voluntad, por parte del Ejecutivo comunitario, de utilizar el artículo 116 de los tratados para perseguir el “dumping fiscal” dentro de la Unión.