El Gobierno aprueba una norma que regula las "acciones de lealtad" y los asesores de voto
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para su remisión a las Cortes

El Gobierno aprueba una norma que regula las "acciones de lealtad" y los asesores de voto

El proyecto de ley persigue facilitar el acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales, lo que contribuirá a su sostenibilidad y a su capacidad para crear empleo

placeholder Foto: La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. (EFE)
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. (EFE)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, para su remisión a las Cortes, el proyecto de ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de las sociedades cotizadas, que introduce las llamadas "acciones de lealtad" y regula por primera vez la figura de los "proxy advisors" (asesores de voto), ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El proyecto de ley, que traspone una directiva europea y modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, persigue facilitar el acceso de las empresas españolas a los mercados de capitales, lo que contribuirá a su sostenibilidad y a su capacidad para crear empleo.

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La nueva legislación permitirá a las empresas conocer la identidad de sus inversores para facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad.

Además, obligará a las instituciones de inversión colectiva a hacer pública su estrategia en las empresas cotizadas en las que participan a fin de aumentar la transparencia.

La nueva legislación permitirá a las empresas conocer la identidad de sus inversores para facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación

La norma permite las llamadas "acciones de lealtad", que conceden votos adicionales a los accionistas estables, y regula por primera vez la figura de los "proxy advisors", entidades que prestan servicios de asesoramiento a los inversores.

El Consejo de Ministros inició la tramitación de esta norma el pasado 3 de marzo.

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