CONFLICTO DE INTERESES EN EL BANCO MUNDIAL

España recusa por parcialidad a árbitros del Ciadi que llevan 1.600 millones en demandas

La Abogacía del Estado ha conseguido apartar árbitros al considerar que están inclinados hacia los demandantes. En otros casos, el tribunal ha desestimado la reclamación

Foto: La energía termosolar es de las que más reclamaciones han generado. (EFE)
La energía termosolar es de las que más reclamaciones han generado. (EFE)
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España ha decidido jugar fuerte en el sistema de justicia del Banco Mundial, el Ciadi, el organismo que dirime arbitrajes por 10.000 millones contra el Estado por los recortes en las renovables. La Abogacía del Estado ha pedido que se retiren al menos 13 árbitros por conflicto de intereses que deciden en demandas valoradas en más de 1.600 millones de euros. El resultado ha sido desigual: ha logrado descalificar a algunos y otros se han retirado, pero en algunos casos ha sido desestimado.

El sistema es tan peculiar que España ha conseguido recusar a un árbitro en un caso y que siga en otros. La estrategia dio fruto cuando el propio Ciadi anuló un laudo de 128 millones contra España porque uno de los árbitros, un expolítico búlgaro, había trabajado con una de las consultoras especializadas en hacer valoración de daños sin revelarlo.

El sistema de arbitrajes internacionales, muy apreciado por las empresas, se ha visto sacudido por esta última reclamación de España. La Abogacía del Estado ha logrado anular el primer laudo contra España, en el que el fondo Eiser ganó 128 millones contra España en 2017 por los recortes de primas a las renovables. Tras conocerlo por un caso en Pakistán, España pidió la anulación alegando que uno de los tres árbitros, Stanimir Alexandrov, tenía vínculos con Brattle, la principal consultora que calcula los daños ocasionados por la política española. Brattle, en la que trabaja Pedro Marín, secretario de Estado de Energía en la última etapa de Zapatero, cuando comenzaron los recortes, es la que más asesora contra España.

Alexandrov sigue como árbitro en la reclamación de 52,8 millones de EDF contra España en Uncitral

En el Ciadi, el tribunal designa al presidente y cada parte a un árbitro. Buscan entre un listado de juristas con prestigio pero que mantienen en ocasiones sus despachos. "Son un grupo cerrado, casi todos hombres, los que se reparten los arbitrajes con suculentas costas", explica Julio García González, profesor de Derecho Administrativo y autor del blog GlobalPoliticsandLaw que ha estudiado este sistema.

El pasado 2 de abril, el departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía del Estado pidió la retirada del argentino Guido Tawil de un arbitraje, el de VM Solar Jerez GmbH, que estaba empezando a andar. España planteó la recusación solo 13 días después de que se constituyera el tribunal. Es la prueba de una estrategia que lleva tiempo pero que ahora se ha acelerado: atacar la independencia de los árbitros y, con eso, socavar uno de los pilares del sistema de arbitrajes.

En 2017, con motivo de un arbitraje de Pakistán, España detectó vínculos de Alexandrov con Brattle, lo que le daba una apariencia de parcialidad suficiente para anular todo. "Ningún tercero observador razonable concluiría que se puede confiar en que el doctor Alexandrov ejercería un juicio imparcial y neutral respecto de los informes y testimonios presentados por Brattle", señaló España al reclamar con éxito al Ciadi la anulación del laudo de Eiser. De forma inusual, lo logró, como adelantó El Confidencial. Eiser estaba a punto de embargar en Australia bienes de España. Los fondos que han ganado rastrean propiedades del Estado en el exterior para ejecutar los laudos y Australia es de los países más favorables.

Reunión convocada en las instalaciones del Ciadi. (Banco Mundial)
Reunión convocada en las instalaciones del Ciadi. (Banco Mundial)

Sin embargo, Alexandrov sigue como árbitro contra España en la reclamación de 52,8 millones de la eléctrica francesa EDF en Uncitral, la sede de la ONU para estos arbitrajes. En el sector, se da por tocada la reputación de Alexandrov, pero eso no impide que siga como árbitro en casos en marcha. Solo por el laudo de Eiser, que fue anulado, Alexandrov cargó una minuta de 177.439 dólares. También renunció en la reclamación de 99,7 millones de Soles Badajoz contra España.

Pero Alexandrov, un exviceministro de Exteriores búlgaro, no es el único señalado por España. El departamento de arbitrajes internacionales de la Abogacía del Estado ha pedido retirar a otros árbitros. En enero, por ejemplo, consiguió descalificar al sueco Kaj Hober como árbitro en la Cámara de Comercio de Estocolmo, una de las sedes en las que se dirimen arbitrajes, en este caso los 53 millones que reclama Freif.

España consideró que Hober tenía una opinión prejuzgada. En diciembre de 2019, en el caso de la empresa pública de energía de Múnich, Stadtwerke München, que reclamaba 423 millones a España, Hober hizo un voto particular contra los recortes de primas del Gobierno. Además, asesora en un arbitraje contra la UE y España considera que hay conflicto de intereses. Hober apoya a un reclamante, la rusa Nord Stream 2, en un mega arbitraje contra la UE, que es parte en los arbitrajes a favor de España.

La Abogacía ahora recusa árbitros nada más constituirse el tribunal y paraliza la causa

El sistema de arbitrajes no sigue jurisprudencia y lo que decida un tribunal no afecta a otro. Por eso, pese a que España ha logrado descalificar a Hober en Uncitral, el Ciadi decidió el pasado 15 de mayo mantenerlo en otro caso, el de KS, que reclama 80 millones. Es decir, que un árbitro descalificado por parcialidad en Estocolmo seguirá juzgando a España en la Justicia del Banco Mundial. Lo mismo que ocurre con el búlgaro Alexandrov, cuya presencia ha anulado un laudo pero sigue decidiendo sobre otra reclamación.

Kaj Hober, que no ha contestado al correo de este diario, es uno de los líderes de lo que un artículo de expertos de la Universidad de Oxford llamaba "dobles sombreros", árbitros que a la vez mantienen su trabajo como abogados o asesores de reclamantes. El artículo "Puertas giratorias en el arbitraje internacional" situaba a Hober como el cuarto en ese listado. Alexandrov era el decimoprimero.

Lucía Bárcena, que ha investigado y analizado los 17 casos en los que España ha pedido la recusación para el Transnational Institute, explica que el cambio de camisa es frecuente: "Dos tercios (16) de los 25 principales árbitros que han participado en casos bajo la Carta de la Energía han actuado como abogados en otros procedimientos entre inversores y Estado. Este 'doble sombrero' abre una caja de Pandora de conflictos de intereses, por ejemplo, cuando un árbitro tiene que decidir sin prejuicios sobre una cuestión que también figura en otro caso en el que actúa como abogado. El ejemplo más claro es Alexandrov, quien presidió varios casos contra España mientras tenía una estrecha vinculación con la consultora Brattle, contratada por los inversores para asesorar sobre el cálculo de los daños para pedir indemnización a España”.

"16 de los 25 principales árbitros actúan de letrados en otros procedimientos. Este 'doble sombrero' abre la caja de Pandora de conflictos de intereses"

La industria de los arbitrajes está engrasada con suculentas minutas: "Los árbitros, mucho más que los jueces, obtienen cuantiosas recompensas por sus servicios. No hay un salario fijo y no existe un tope sobre la remuneración económica. Sus honorarios pueden oscilar entre los 375 y los 700 dólares por hora. La suma que gana el árbitro dependerá de la duración y la complejidad del caso, pero por uno de 100 millones de dólares, un árbitro puede ganar, como promedio, hasta 350.000 dólares". Fuentes del sector explican que descalificar a un árbitro no es sencillo, y mucho menos anular un laudo. Es muy difícil controlar los vínculos de un despacho de abogados que emplea a un árbitro. Los contratos son internacionales y opacos, como las vistas en las que se deciden los arbitrajes.

España ha apuntado alto, contra popes del arbitraje como el británico Peter Rees, que trabajó como directivo de Shell hasta 2014. La Abogacía del Estado ha intentado evitar que Peter Rees arbitre en el caso de Canepa, uno de los últimos arbitrajes. Canepa es una sociedad instrumental luxemburguesa de la española Azora que en 2019 reclamó 112 millones y que designó a Rees como 'su' árbitro. El uso de Luxemburgo para pagar menos impuestos le permite además recurrir a estos arbitrajes, vetados a los inversores españoles, que tienen que acudir a los tribunales nacionales, menos proclives a condenar al Estado.

En diciembre de 2019, cuando la UE se personó en el arbitraje para apoyar a España, Rees notificó a las partes una declaración: "En vista de la solicitud de la UE de intervenir en este arbitraje y de mi deber continuo de revelación, mi intención es revelar que, el 26 de septiembre de 2019, Nord Stream 2 [sociedad suiza] me nombró árbitro en un arbitraje contra la UE". Bruselas ha logrado recusarlo en ese arbitraje por conflicto de intereses, ya que Shell, que financia Nord Stream, tenía relación con Rees. Pero esto, según el propio árbitro, no le impedía seguir en un caso contra España y la UE. "El arbitraje no está relacionado con este, puesto que el objeto es completamente diferente, las partes son completamente diferentes (salvo por el hecho de que la UE pretende intervenir en este arbitraje) y los abogados son completamente diferentes".

El gasoducto Nord Stream 2 tiene de asesores árbitros que dirimen sobre España. (Reuters)
El gasoducto Nord Stream 2 tiene de asesores árbitros que dirimen sobre España. (Reuters)

España ha intentado dos veces apartarlo, alegando que los árbitros pueden ser recusados "ante la más mínima duda de parcialidad". "El árbitro recusado tiene un conflicto abierto con la UE que le ha obligado a abstenerse en etapas relevantes del procedimiento. Si el señor Rees no es capaz de ejercer un juicio imparcial e independiente con respecto a la persona jurídica de la UE, no puede tener imparcialidad e independencia para resolver un caso en el cual el derecho internacional de la UE es fundamental".

Los otros dos árbitros compañeros de Rees, el presidente propuesto por el Ciadi y el elegido por España, han dado por buenas las explicaciones de su colega. "El árbitro Rees no se encuentra en conflicto con la UE que demuestre una carencia manifiesta de independencia o de imparcialidad en el presente caso". En otro caso en el que Rees está como árbitro, el de Hydroenergía (133 millones), los árbitros también decidieron mantener a Rees.

Fuentes del sector consideran fundamental que el árbitro comunicase de antemano su posible conflicto de intereses, algo que no hizo Alexandrov. Señalan que un punto débil del sistema es que con comunicar las relaciones ya se desmontan las acusaciones. De hecho, al anular el laudo de Alexandrov, el Ciadi destacaba que lo importante era conocer las relaciones más que estas en sí: "Es cierto que los árbitros, abogados y peritos que se dedican a arbitrajes de inversión viven en el mismo planeta. Por consiguiente, cierta interacción resulta inevitable. Sin embargo, es evidente y se debe esperar que a mayor cantidad de 'vínculos' entre ellos, a través de casos y, en particular, en distintos roles, mayor será la probabilidad de que estos den origen a conflictos. Por consiguiente, en aras de una conducción justa y objetiva de los procedimientos de arbitraje, estos deben declararse y hacerse específicamente del conocimiento de las partes y de los otros árbitros".

Pese a que Rees y Hober han decidido con éxito defender su imparcialidad, otros han preferido apartarse de las causas al recibir la recusación de España. El estadounidense Gary Born se retiró en 2018 de dos arbitrajes que sumaban 147 millones de euros, los de los fondos KS y Matthias Krug. España consideraba que Born tenía una opinión prejuzgada por un voto particular previo en un caso contra la República Checa. Aunque sus colegas decidieron que no era suficiente, él prefirió apartarse.

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