El juez pierde la paciencia con Villar Mir y pide el 'forensic' sobre los sobornos en OHL

Manuel García-Castellón empieza a perder la paciencia con las empresas cotizadas que son protagonistas de varios de los casos de corrupción más importantes de los últimos 20 años. El juez de la Audiencia Nacional ha pedido al bufete Baker McKenzie que le entregue el informe que inició hace año y medio y que todavía no ha terminado sobre los supuestos pagos de OHL al Partido Popular y al PSOE para conseguir obras. La semana pasada, el juez ya mostró su enfado con PwC, a quien apercibió por considerar que no estaba colaborando plenamente en la investigación a BBVA por su relación con el comisario José Manuel Villarejo.

Según han confirmado fuentes jurídicas, García-Castellón solicitó el pasado 16 de junio a Baker McKenzie el informe que le encargó la propia OHL en febrero de 2019, cuando salieron a la luz varias informaciones que aseguraban que la constructora de los Villar Mir había pagado de forma sistemática comisiones ilegales a cambio de contratos de obra pública con administraciones locales y autonómicas.

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Unas acusaciones basadas en unas grabaciones que fueron encontradas de forma casual en un registro en el marco del caso Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles. El hallazgo dio lugar a la apertura de una nueva pieza, que había permanecido secreta, y a la elaboración de un informe por parte de la UCO de la Guardia Civil, que concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.

En la junta general de accionistas, celebrada en mayo de 2019, Juan Villar-Mir de Fuentes, hijo de Juan Miguel Villar Mir y presidente de OHL, anunció la contratación del bufete Baker McKenzie para llevar a cabo una investigación sobre los presuntos sobornos cometidos por directivos y exdirectivos de la compañía. El bufete iba a realizar una "exhaustiva" investigación 'forensic', según OHL, que se defiende de las acusaciones al puntualizar que la empresa no es parte investigada en ninguna causa y que ninguno de sus empleados ha sido nunca condenado por corrupción.

Pero pese a su compromiso de colaborar con la Justicia, como dijo su consejero delegado, José Antonio Fernández Gallar, OHL ha reconocido que casi un año y medio después del inicio de las pesquisas el informe aún no está terminado. La constructora sostiene que “a lo largo del ejercicio 2019, la comisión de Auditoría y Cumplimiento se ha reunido con el despacho de abogados que lleva la investigación interna, recibiendo reportes parciales del curso de la investigación, sin que los mismos hayan resultado concluyentes y útiles para la investigación judicial en curso, de lo que se ha mantenido informado puntualmente al consejo de administración”.

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Una explicación que García-Castellón pone en duda, por lo que ha requerido la colaboración de Baker McKenzie para evitar que el 'forensic', lejos de ser un informe exhaustivo para aclarar los posibles delitos, se convierta, como en el caso de PwC en BBVA, en una posible obstrucción a la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional ha pedido a los abogados del bufete estadounidense dirigido en España por Rodrigo Ogea que le entreguen inmediatamente la documentación que tienen en sus manos para valorar si llama a declarar a los altos responsables de OHL.

De momento, el magistrado ha interrogado a Rosa María Corral, directora del departamento de Control de Gestión en España de OHL; Francisco Navarrete, que fuera técnico jefe de Producción y Obras en Andalucía Occidental y Extremadura; José Manuel Sanjurjo, delegado de Obra Civil de OHL en Andalucía Oriental; Joaquín Jiménez, exdirector de Obra Civil de la constructora, y a Rafael Martín de Nicolás, ex consejero delegado y exdirector del departamento de Construcción de OHL. Además, en esta causa se encuentran imputados Felicísimo Ramos, antiguo director de Control de Gestión de la multinacional, y Paulino Hernández, ex director general de Obra Civil Nacional.