Enresa contrata a dedo para evitar 150 M en sobrecostes en Garoña ante la falta del ATC

La incertidumbre sobre qué pasará en el medio y largo plazo con la basura nuclear en España está obligando a Enresa a adaptar sus operaciones. Sin ir más lejos, la firma pública se ha visto obligada a lanzar un proceso de compra sin publicidad para el desmantelamiento de la planta atómica de Garoña por valor de casi 140 millones de euros para evitar sobrecostes, según justifica, de otros cerca de 150 millones de euros por retrasos. Dicho de otro modo, la firma dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica cree que compensa la adjudicación a dedo por ser más beneficiosa, al evitar costes extra "desproporcionados", antes que la reducción de precio de un proceso competitivo.

La empresa de la SEPI, encargada del desmantelamiento y cierre de la central nuclear burgalesa desde que el Gobierno decretó su cierre en 2017, ha adjudicado sin concurso público el suministro y licenciamiento de contenedores y sistemas auxiliares para el vaciado de la piscina (el lugar donde se encuentran los residuos radiactivos dentro de la central) a Equipos Nucleares SA (ENSA).

[Consulte aquí el informe justificativo de la compra de Enresa sin publicidad]

En la adjudicación de Garoña, Enresa explica que "desde agosto de 2017 se han realizado diferentes actuaciones, estudios e informes tanto por parte de Nuclenor [sociedad coparticipada por Iberdrola y Endesa] como de Enresa, encaminados a acometer el desmantelamiento de la central nuclear a la mayor brevedad posible. Como parte de los mismos, y de manera muy significativa, se encuentra la extracción del combustible gastado de la piscina de combustible: para esta actuación van a ser requeridos, teniendo en cuenta la incertidumbre de disponibilidad del ATC, del orden de 49 contenedores ENUN 52B, de los que actualmente se dispone de cinco", y añade que "se requiere pues comprar 44 contenedores que permitan acometer el vaciado completo de la piscina en plazo y forma compatible con las características técnicas existentes y las limitaciones físicas de la propia central, evitando incompatibilidades y dificultades técnicas de uso y mantenimiento".

¿Por qué se elige sin un concurso público?

La documentación justificativa de Enresa sostiene que actualmente solo ENSA cuenta con la capacidad de fabricar contenedores para el uranio gastado y ponerlos en el ATI en tiempo y forma. De convocarse una puja competitiva, se podría demorar el vaciado de la piscina entre dos y tres años, dado que de adjudicarse este millonario contrato a otra empresa, necesitaría pasar una serie de validaciones del CSN y otros organismos que extenderían el proceso por más tiempo, con los consiguientes costes de mantenimiento.

La propia memoria justificativa de esta adjudicación, publicada por Enresa durante el mes de junio, advierte de que el mantenimiento de los residuos en la piscina de Santa María de Garoña es una operación altamente delicada y que requiere de unos costosos cuidados. De optar por un nuevo diseño distinto al de ENSA, se incurriría en una demora de hasta 36 meses, dado que se necesitarían nuevas validaciones administrativas. Esto significa que cada año habría que sumar 33 millones por la operación de mantenimiento de los residuos de la piscina y otros 15 millones de impuestos. En total, casi 145 millones de euros al año. A esa cantidad, habría que sumar la adaptación del ATI, que está pensado para los contenedores ENUN 52B que fabrica la firma cántabra, que ya dispone de este material. Sin embargo, Enresa no entra a detallar cuál sería este último coste.

Por todo lo anterior, Enresa concluye que "el efecto provocado por un cambio de proveedor y, por consiguiente, de modelo de contenedor, cuya incidencia sobre el calendario de ejecución de los trabajos y sobre sus costes, así como las incompatibilidades y dificultades técnicas de uso y de mantenimiento de los distintos equipamientos, resulta claramente desproporcionada". La última estimación de Enresa es que la factura por el desmantelamiento de Garoña se elevará hasta los 468 millones y se extenderá hasta 2032.

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En definitiva, Enresa necesita sacar de la piscina y meter el combustible atómico gastado en contenedores que sean seguros y trasladarlos al almacén temporal individualizado (ATI) que se ha instalado contiguo a la central. El Gobierno de Rajoy proyectó un almacén temporal centralizado (ATC) para llevar todos los residuos nucleares de España en la localidad manchega de Villar de Cañas (Cuenca). Sin embargo, posteriormente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez paró ese proyecto, que aún no tiene una ubicación definitiva. El CSN aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la viabilidad del proyecto de Castilla-La Mancha.

Todo ello, mientras el Ministerio para la Transición Ecológica elabora el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que llevaba desde 2006 sin actualizar. El borrador prevé que un ATC esté operativo en 2028. Ahora mismo, y al no disponer de capacidad suficiente para almacenar todos sus residuos nucleares, España paga a Francia 75.000 euros diarios por custodiar parte de los mismos. La factura final podría superar los 1.300 millones de euros. La primera propuesta, a la que se opusieron algunos sectores medioambientalistas de la sociedad, preveía que la instalación estuviera lista en 2016.