Tienen miles de reclamaciones municipales

Las pequeñas eléctricas acarician el fin del impuesto que amenaza su supervivencia

ERC presenta una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes para hacer frente al covid-19. Pide regular el impuesto de actividades económicas para la comercialización de luz y gas

Foto: Uno de los leones del Congreso de los Diputados. (EFE)
Uno de los leones del Congreso de los Diputados. (EFE)

Las comercializadoras independientes de luz y gas están cerca de ganar una batalla que vienen dando desde hace años. La cuestión no es baladí, ya que la actual regulación del impuesto de actividades económicas las está poniendo contra las cuerdas, dada la voracidad recaudatoria de miles de ayuntamientos en los últimos años.

El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados ha presentado este mismo miércoles una enmienda al proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 (procedente del Real Decreto-Ley 11/2020).

La propuesta enviada a la mesa de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la que ha tenido acceso El Confidencial, sostiene que el RDL 11/2020 contiene una serie de medidas de flexibilización de los pagos de los suministros básicos como la luz y el gas que, aunque eran necesarias, suponen un impacto en el flujo de ingresos de las comercializadoras que en el caso de las firmas independientes supone un grave problema y que en algunos casos puede poner en riesgo su viabilidad futura.

Los diputados de ERC Gabriel Rufián y Joan Capdevila i Estevez (i). (EFE)
Los diputados de ERC Gabriel Rufián y Joan Capdevila i Estevez (i). (EFE)

La enmienda firmada por los diputados republicanos Joan Capdevila y Gabriel Rufián asegura que será necesario poner en marcha medidas de impulso económico para las comercializadoras independientes, muchas de ellas pymes, en un entorno en el que la crisis del covid-19 va a suponer un fuerte impacto económico.

Por ello, explican que una medida que se considera necesaria y se ha solicitado en anteriores ocasiones sin éxito es la creación de un epígrafe específico para el impuesto de actividades económicas relativo a las comercializadoras de luz y gas y que contenga una cuota nacional, como el resto de actividades que se engloban en la ley del sector eléctrico.

Desde que se liberalizó la actividad de comercialización de luz y gas, la regulación tributaria no contiene un epígrafe específico para el impuesto de actividades económicas. Por ello, en los últimos años, los ayuntamientos donde tienen clientes estas empresas se acogen a un epígrafe genérico y les reclaman cantidades que en muchos municipios están muy por encima de los ingresos que reciben.

Se da la circunstancia de que firmas independientes con solo un cliente en un determinado municipio pueden estar recibiendo reclamaciones del ayuntamiento por el IAE por entre 300 y 600 euros. Además, los consistorios están reclamando este pago con retroactividad a los últimos cuatro años, que es cuando prescribe la posibilidad de pago.

De esta forma, algunas comercializadoras que tienen actividad por toda España se están encontrando con un aluvión de reclamaciones. Una de las firmas consultadas señala que ha recibido cartas de 1.400 ayuntamientos distintos con reclamaciones e incluso algunos ya están lanzando expedientes sancionadores por esta causa, lo que supone una bola que, de tener que pagarse, podría enviar a la quiebra a muchas empresas o, en el mejor de los casos, restringir su actividad a aquellos municipios donde dispongan de una masa suficiente de clientes que les permita pagar este tributo sin incurrir en pérdidas.

La CNMC, del lado de las comercializadoras

Por esta cuestión, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ya se pronunció. Un informe de la sala de supervisión regulatoria solicitó la creación de un epígrafe a nivel nacional que permita pagar este impuesto anual para toda España, dado que la situación actual supone una barrera para la competencia y una clara ventaja para las grandes eléctricas, ya que el hecho de ser distribuidoras les exime de este tributo, que ya pagan por su actividad de distribución.

Daniel Pérez, responsable jurídico de la comercializadora Holaluz, afectada por esta cuestión, señala que "la ausencia de epígrafe específico para la comercialización de energía es una anomalía regulatoria que tiene implicaciones muy negativas para la competencia. Es preciso poner fin a este absurdo de forma urgente, para que el 1 de enero de 2021 ya se aplique una cuota nacional de IAE para la comercialización".

Una de las firmas consultadas ha recibido cartas de 1.400 ayuntamientos con reclamaciones y algunos ya están lanzando expedientes sancionadores

La falta de respuesta hasta ahora a nivel legislativo ha llevado a algunas empresas a emprender el camino de los tribunales. Factor Energía, la comercializadora del exvicepresidente del FC Barcelona Emili Rousaud, llevó este asunto ante un juez, quien ha admitido a trámite el recurso y en su auto de admisión reconoce dudas sobre el tributo.

De hecho, el propio Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la petición que hace ahora ERC en su Ley de Presupuestos de 2019. De hecho, la propuesta del partido catalán está redactada en los mismos términos que utilizó el Gobierno para los Presupuestos. Sin embargo, la falta de acuerdo parlamentario frustró ese trámite y dejó esta situación sin solucionar. Además, el largo ciclo electoral ha dejado la cuestión en el limbo durante muchos meses.

Ahora, algunas empresas acarician el fin de este problema con la vía elegida por ERC de enmienda al proyecto de ley de medidas para luchar contra el coronavirus. Las fuentes consultadas señalan que esperar a los próximos Presupuestos conllevaría que este problema engordara aún más y podría retrasarse posiblemente hasta enero de 2022, cuando previsiblemente podrían entrar en vigor unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Al tratarse de un proyecto de ley que procede de un real decreto ley que el Gobierno tramitó por urgencia, el diputado de ERC Joan Capdevila, impulsor de la iniciativa, cree que el poder legislativo debería actuar con rapidez y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Máxime, ahora que parece que el mes de julio puede ser hábil en el Congreso de los Diputados. Fuentes del sector esperan que esta pesadilla pueda haber terminado antes de final de este año.

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