PwC cifra en 230M el golpe a Majadahonda por paralizar a Aedas

Entre 200 y 230 millones de euros. Este es el agujero que puede provocar en las cuentas del Ayuntamiento de Majadahonda la enésima paralización de la parcela RN-1, a la sazón, terreno que llevó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre a afirmar que ella destapó la Gürtel, la trama de corrupción que ha hecho temblar la tierra bajo los pies del Partido Popular.

Como publicó El Confidencial, este terreno vuelve a estar en el centro del huracán por la decisión del nuevo alcalde, el también popular José Luis Álvarez Ustárroz, de contratar a un experto independiente para que valore si fue legal toda la tramitación que terminó permitiendo la venta de este solar al fondo Castlelake, que años después creó con todos sus suelos la promotora Aedas.

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El regidor justifica su decisión como una medida de prudencia ante los informes contradictorios que han oscurecido la tramitación de este expediente, hasta el punto de que se solicitó y aceptó la recusación del arquitecto municipal, Pedro Sánchez. Cautela que le ha llevado a asegurar que elevará a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el pronunciamiento último de este asunto.

La clave está en determinar si es nula, o no, la decisión del pleno del Ayuntamiento de Majadahonda de hace seis años, que liberó esta parcela de una serie de cargas y garantías para poder venderla a un tercero. Una decisión que, en todo este tiempo, ninguna parte ha recurrido ante los tribunales.

Aquí radica un aspecto clave que lleva a la firma de servicios profesionales, PwC, a cifrar en la citada horquilla de entre 200 y 230 millones de euros el dinero que deberá pagar Majadahonda a Aedas si, ahora, declara nulo aquel acuerdo y le impide llevar a cabo la promoción Residencial Qian, uno de sus proyectos estrella, conformado por 240 viviendas, una inversión de 100 millones de euros y 200 puestos de trabajo.

Su licencia es la que más tiempo lleva esperando de toda la localidad, tres años, frente a la media de 16 meses, un triste récord que impacta directamente en los bolsillos de los ciudadanos. Según un estudio de EY y Asprima, en este municipio del norte de Madrid, los vecinos acaban pagando un sobrecoste medio de 39.000 euros por vivienda, el mayor de toda España, por estos retrasos administrativos.

PwC recuerda que a quien afirma la mala fe le corresponde la prueba, y este caso se remonta a seis años sin que nadie haya ido a la Justicia

PwC sostiene que Aedas podría considerarse dañada como consecuencia de la “inopinada e inesperada” revisión de oficio que se acordaría casi seis año después de que se aprobara el acuerdo del pleno de diciembre de 2014, el cual fue soportado por los informes de la secretaría general y de la intervención municipales previos a dicho acuerdo, además de un informe posterior de Andersen Tax. Elementos que llevan a la auditora a sostener que la buena fe se presume siempre, mientras que al que afirma la mala fe le corresponde la prueba.

Para la firma de servicios profesionales, es de difícil justificación jurídica la nulidad del acuerdo de dicho pleno y sostiene que, si lo hiciera, habría “un daño real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado” para Aedas. Además, advierte de que también concurriría el presupuesto de imputabilidad objetiva, ya que la actual revisión de oficio “sería un acto administrativo cuya iniciativa, sustanciación y resolución adopta el ayuntamiento” y lo hace en “ausencia de fuerza mayor”.

Es la suma de todos estos elementos la que, a entender de PwC, “daría cumplimiento a todos los requisitos para que del acuerdo de resolución de nulidad nazca una responsabilidad patrimonial de la Administración”.