LA CONSULTORA RELACIONADA EMPLEA A MARÍN

De alto cargo a 'bestia negra' de España: el laudo anulado destapa las miserias del Ciadi

El caso de un expolítico búlgaro que condenó a España y que ha obligado a anular un laudo pone en cuestión el sistema internacional de arbitraje en el que España se juega 10.000 millones

Foto: Pedro Marín, durante su etapa de secretario de Estado. (EFE)
Pedro Marín, durante su etapa de secretario de Estado. (EFE)
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El laudo anulado por España en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, ha destapado las miserias de la industria del arbitraje internacional, en la que el Estado se juega cerca de 10.000 millones de euros, solo en los laudos referentes al recorte a las primas de las energías renovables efectuado durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Uno de los árbitros, un expolítico búlgaro afincado en EEUU, Stanimir Alexandrov, no reveló su relación con el Grupo Brattle, la consultora que más ha asesorado contra España y con la que trabajó durante años. En Brattle, en la sede en Londres, trabaja Pedro Marín, que fue secretario de Estado de Energía con el PSOE cuando empezaron los recortes a las renovables. Los fondos, además, a menudo están asesorados por abogados del Estado en excedencia. Los nombres van y vienen y la decisión del Ciadi de anular su laudo, adelantada por El Confidencial, ha dejado en 'shock' al sector. "Esto pone todo en cuestión", señala una parte en los procedimientos.

El fondo Eiser, con sede formal en Luxemburgo, invirtió en energía termosolar en España durante el mandato de Zapatero (2004-2011). Eran los años de bonanza y en los que Obama citaba a España como ejemplo en renovables. Pero las primas estaban mal calculadas y empezaron a suponer un coste inasumible para el Estado. Con la crisis llegaron los primeros recortes a las primas y, tras ellos, los primeros recursos y un alud de pleitos. A pesar de ello, solo en 2014 los consumidores españoles abonaron 6.500 millones por ese concepto.

Los inversores españoles acudieron a la justicia ordinaria, que dio la razón al Estado al considerar que las normas no estaban escritas en piedra y que en una época en la que se bajaron las pensiones y el sueldo a los funcionarios, las renovables no estaban al margen.

Los inversores internaciones tenían mejores bazas. Muchos fondos habían invertido desde vehículos en Luxemburgo y Holanda, aunque fuesen empresas de otros países o incluso españolas como Abengoa. Así que recurrieron a la Carta de la Energía, un tratado internacional de principios de los 90 hecho para garantizar las millonarias inversiones que requiere el sector en los países del Este tras la caída del telón de acero.

Este tratado obliga a dar un "trato justo y equitativo" en las inversiones. Unos 50 fondos reclamaron cantidades astronómicas —sumaban más 7.500 millones pero sigue subiendo con los intereses y las costas—. La mayoría lo hicieron en el Ciadi, la cámara de arbitraje del Banco Mundial. El sistema, muy apreciado por los anglosajones, hace que cada parte elija a un árbitro y el Ciadi al presidente. Son abogados, profesores de derecho... que cobran unas abultadas minutas. Las vistas no son públicas ni hay jurisprudencia. Un laudo puede influir en otros pero no tiene por qué.

Eso creó una industria bien engrasada. Los fondos lo primero que hicieron fue fichar a abogados del Estado en excedencia para pleitear contra España. El Gobierno al principio contrató al bufete Herbert Smith Freehills para defenderse, pero después creó su propio cuerpo de defensa en la abogacía general del Estado con apoyo de inspectores de Hacienda.

Los árbitros no son jueces profesionales y tienen otras vinculaciones. En 2017, tres árbitros condenaron a España a pagar 128 millones

El problema es que como los árbitros no son jueces profesionales tienen otras vinculaciones, e intereses. En 2017, por unanimidad, los tres árbitros condenaron a España a pagar 128 millones más intereses y costas. El tribunal lo componían "el profesor John R. Crook, nacional de los Estados Unidos, presidente, nombrado por el presidente del Consejo Administrativo del Ciadi de conformidad con el acuerdo de las Partes sobre el método de constitución; Stanimir Alexandrov, nacional de Bulgaria, nombrado por las Demandantes; y el profesor Campbell McLachlan, de Nueva Zelanda, nombrado por el demandado".

Como cada parte elige un árbitro, lo normal es que el presidente decante la votación, pero en este caso hubo unanimidad en condenar a España. Ser elegido para un arbitraje es lucrativo. El presidente cargó 277.929 dólares, el profesor Campbell McLachlan, 123.964 dólares y el búlgaro Alexandrov, 177.439 dólares. Los árbitros pueden llevar varios casos a la vez, lógicamente. Los gastos administrativos del Ciadi 96.000 dólares y 280.826 de costes directos. En total, un millón de euros solo en árbitros. En algunos casos los asistentes pasan minutas de 500 euros a la hora. Los bufetes pasan minutas mayores.

Eiser basó su reclamación en las periciales de The Brattle Group y, en especial de Carlos Lapuerta, uno de sus expertos con sede en Londres. Con él trabaja Pedro Marín, que fue secretario de Estado de Energía entre 2008 y 2011 con el Gobierno del PSOE. España llegó a proponerlo como director de Irena, la Agencia Internacional de Energías Renovables. Marín no contestó ayer al mensaje de este diario, pero fuentes del sector señala que no ha acudido a las vistas contra España. Suyos fueron los primeros recortes de primas que los inversores han recurrido. Lo curioso es que algunos laudos citan los mensajes que mandó como alto cargo, dando seguridad a las inversiones en España.

Brattle es "la bestia negra" de la Abogacía del Estado. Hace los cálculos para muchos de los perjudicados. "Brattle es la firma que más asesora en el cálculo de daños por los recortes", explica Lucía Bárcena, investigadora en el Transnational Institute, con sede en Holanda. En un informe de hace un año ya alertaban de este potencial conflicto de intereses: "Stanimir Alexandrov, que ha presidido varios casos contra España. España puso en tela de juicio su imparcialidad como árbitro debido a sus estrechos vínculos con la consultora Brattle Group, que los inversores habían contratado para que evaluara los daños que reclamaban a España en dos casos. Alexandrov ha trabajado con la consultora en otros cuatro casos, en los que actuó como consejero de los inversores. El método que siga un árbitro para calcular los daños puede suponer una gran diferencia en la cantidad de dinero que debe pagar un Estado. Cuando España tuvo conocimiento de los vínculos que mantenía Alexandrov con Brattle Group, el árbitro ya había condenado al país, junto con otro árbitro, a pagar 128 millones de euros al fondo de capital privado Eiser, basándose en los cálculos de la consultora. Posteriormente, se retiró de un segundo caso".

Los peritajes de Brattle no son baratos. Uno de los laudos contra España detalló que Brattle se llevó 498.622 euros al margen de los casi dos millones de euros para despachos de abogados.

En este caso el problema surgió porque Brattle tenía una antigua relación con Alexandrov, pero este nunca la desveló. Hasta que Pakistán lo recusó en julio de 2017 en otra reclamación por lo mismo. España acababa de perder el laudo contrario de Eiser, cuando la abogacía del Estado recibió una llamada pidiendo que miraran el caso de Alexandrov. La anulación del propio Ciadi revela cuál fue ese vínculo: "Durante sus 15 años en la oficina de Sidley Austin en Washington D. C., en la cual el doctor Alexandrov fue socio y codirector de la práctica de arbitraje internacional de la firma, el doctor Alexandrov y su equipo nombraron al Grupo Brattle en numerosos casos en los que actuó como abogado, incluyendo pero sin limitarse a nueve arbitrajes entre inversor-Estado, incluyendo ocho ante el CIADI, y numerosos arbitrajes comerciales. En cuatro de estos casos, el señor Lapuerta testificó como perito". Alexandrov sigue vinculado al despacho y fue viceministro de Exteriores de Bulgaria.

España alegó que "el hecho de que esto ocurriera mientras Alexandrov estaba en Sidley Austin reviste particular importancia"

España alegó que "el hecho de que esto ocurriera mientras Alexandrov estaba en Sidley Austin reviste particular importancia por dos motivos. En primer lugar, la identidad de un árbitro y su bufete deben considerarse como una para efectos de identificar y revelar conflictos de interés. De modo similar, los expertos individuales no pueden simplemente separarse de la empresa para la que trabajan, como pretende Eiser".

El Ciadi no entra en si Alexandrov pudo juzgar o no a España tras haber colaborado con Brattle, sino en que no lo desveló, y eso impedía que España lo recusara. "Es cierto que los árbitros, abogados y peritos que se dedican a arbitrajes de inversión viven en el mismo planeta. Por consiguiente, cierta interacción resulta inevitable. Sin embargo, es evidente y se debe esperar que a mayor cantidad de 'vínculos' entre ellos, a través de casos y, en particular, en distintos roles, mayor será la probabilidad de que estos den origen a conflictos. Por consiguiente, en aras de una conducción justa y objetiva de los procedimientos de arbitraje, estos deben declararse y hacerse específicamente del conocimiento de las partes y de los otros árbitros".

Reunión en la sede de Ciadi. (EFE)
Reunión en la sede de Ciadi. (EFE)

Lucía Bárcena cree que esto es la punta del iceberg: "Es el claro ejemplo de los árbitros que son juez y parte. España lo ha recusado en más casos". Alexandrov, que no contestó al mensaje de este diario, ha dado un paso a un lado en otros arbitrajes. Eiser, que estaba a punto de embargar a España en Australia, puede ahora comenzar la reclamación de cero.

El caso revela la dificultad de investigar a estos árbitros. ¿Quién puede controlar la relación de un árbitro con un despacho de abogados en Washington? "Estos casos salen por casualidad como ha ocurrido aquí. No se puede controlar. Deberían prohibir que los árbitros tengan despachos", opina una fuente que ha participado en los arbitrajes. El sector reaccionó con enorme sorpresa. "Espero que sea el último. Es muy, muy raro. Nadie lo esperaba", comentó en privado un inversor con arbitrajes planteados. "Esto es un escándalo que pone en cuestión todo en el Ciadi, todas las relaciones".

Tras una racha de derrotas iniciales, que hizo pensar a los inversores internacionales que ganarían con comodidad todos los laudos, el departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía del Estado suma otra muesca a su revolver con una victoria inesperada, que llega después de una última racha de victorias.

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