Funcionarios de Minas piden amparo a la Junta andaluza ante empresas y ecologistas

Los ingenieros superiores y técnicos de Minas que trabajan como funcionarios en la Junta de Andalucía, alrededor de medio centenar de profesionales distribuidos por las ocho provincias, han levantado la voz por primera vez. Lo han hecho hace unos días a través del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur de España y ante lo que consideran un creciente, y a su juicio desproporcionado, uso de los recursos judiciales y administrativos para cargar contra ellos personalmente.

El caso Aznalcóllar, donde nueve funcionarios y ex altos cargos políticos involucrados en la resolución del concurso de adjudicación de la reapertura de la mina en 2015 siguen imputados, es solo la punta del iceberg. Piden por ello a la Junta un apoyo más firme para sus funcionarios, tanto internamente como cara a esas instancias judiciales.

Ese amparo lo piden para los profesionales de carácter técnico que siguen trabajando —o siguieron haciéndolo pero ya están jubilados— en el área de Minería de la Junta. Bien en servicios centrales o bien en delegaciones provinciales tras esa adjudicación de 2015. No así para los cargos políticos como el expresidente de SEPI Vicente Fernández, que dimitió de ese cargo tras ser imputado a finales del pasado año. Fernández era el secretario general de Industria en 2015.

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"En los últimos años, se está extendiendo la pretensión de condicionar el funcionamiento de la Administración a intereses privados, a través del sometimiento de la actuación de algunos de los principales actores de esta, como son los ingenieros de Minas y los ingenieros técnicos de Minas de la Administración. La vía judicial indebidamente utilizada está llevando a una desprotección real de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que ya está teniendo graves consecuencias en el normal funcionamiento de la Administración". Así se ha manifestado el colegio, y funcionarios concretos han declinado ofrecer su versión, ya que consideran que el comunicado es fiel reflejo de la situación.

La evolución judicial de la investigación sobre esas presuntas irregularidades en la resolución del concurso de Aznalcóllar, caso que se reabrió por tercera vez el año pasado tras dos archivos previos, ha derivado en investigaciones sobre el patrimonio personal de los trabajadores públicos imputados. El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla que preside la jueza Mercedes Alaya ha ordenado esa tercera reapertura a instancias de Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso pero cuyos recursos han impedido que se pueda reabrir la explotación en los últimos cinco años y medio.

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En esta tercera reapertura, al supuesto delito inicial de prevaricación se han sumado ahora otros de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.

Se trata de determinar si esos funcionarios se han podido beneficiar de su labor en esos cargos a lo largo de su trayectoria profesional. Y todo ello en el marco de un procedimiento penal, más rápido y barato para los recurrentes que el contencioso-administrativo (que es más lento y puede suponer la condena en costas para los perdedores). "El recurso al Código Penal desprotege al funcionario del razonable manto de defensa que siempre le ha otorgado el régimen administrativo, y la consideración de la Administración como entidad pública, para centrar la acción contra la persona física", señala el comunicado del colegio profesional, que preside Felipe Lobo.

Transparencia para señalar

Junto a recursos de empresas disconformes con las resoluciones administrativas respaldadas por esos funcionarios técnicos, los trabajadores públicos se ven señalados permanentemente por las asociaciones conservacionistas. En particular, por Ecologistas en Acción, que lleva la bandera de oposición frontal a la apertura, reapertura o ampliación de cualquier explotación minera. "Si las leyes españolas estatales y autonómicas regulan cómo se debe operar una mina, es un fraude de ley usar esas mismas leyes para tratar de conseguir justo lo contrario de lo que pretenden: que no haya minería", señala una experimentada fuente jurídica a este medio de forma anónima.

La Ley de Transparencia, estatal y andaluza, así como la trasposición a la legislación española en 2007 del Convenio de Aarhus, que regula la participación pública en temas medioambientales, permiten a los ecologistas el acceso a todos los detalles de la tramitación administrativa de cualquier proyecto minero. Los escritos de alegaciones administrativas que Ecologistas en Acción presentan sistemáticamente contra todas las resoluciones mineras "personalizan esas alegaciones en los funcionarios responsables de los informes que las sustentan o en los funcionarios que firman la toma de determinadas decisiones", según esta fuente judicial.

El "clima de pánico" entre los funcionarios retrasa las resoluciones: Las Cruces es el último ejemplo

En paralelo, las alegaciones judiciales que presenta esta organización en todos los procesos que están judicializados —como en el caso también de distintos trámites de la mina de Riotinto— están empleando un lenguaje cada vez más "beligerante y deslizan acusaciones de connivencia de estos funcionarios con las empresas mineras", añade esta fuente. "Se está consolidando un clima de pánico entre los funcionarios", concluye.

Los técnicos están recurriendo, por ello, con mucha más frecuencia de lo habitual, a solicitar informes previos a los servicios jurídicos de la Junta. Estos tardan una media de entre seis y ocho meses en responder. Por eso el comunicado del Colegio de Ingenieros de Minas señala que todo esto está teniendo un impacto en el normal funcionamiento de la Administración, demorando los plazos.

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El último ejemplo de ello está en el proyecto de ampliación de la mina de Las Cruces (Sevilla), cuya documentación se presentó en octubre de 2018 y la empresa ha reconocido que va retrasado respecto a los plazos que se manejaban. No hay, además, un horizonte claro de cuándo se obtendrán los permisos de Junta y Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Precisamente el Gobierno andaluz de PP y Cs está tratando desde que tomó el mando a finales de 2018 de ofrecer certezas temporales a los promotores privados de proyectos industriales. La llegada del exdirectivo del sector industrial Fernando Arauz a la Secretaría General de Industria en 2019 es un claro signo de esa voluntad.

Desde el Colegio de Ingenieros de Minas, se solicita a la Junta "un apoyo más firme a sus funcionarios en general, y a los técnicos involucrados en procesos penales como consecuencia del ejercicio ordinario de sus funciones en particular, tanto de modo público como dirigiéndose a los órganos judiciales de la jurisdicción penal que participan en los procedimientos". El ente colegial apuesta por crear una normativa "que proteja a los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, de acusaciones penales derivadas de su actividad propia, debiendo descansar esa responsabilidad en el normal funcionamiento de la Administración".