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España afronta una factura de cerca de 8.000 millones por los avales del ICO
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SEGÚN GOLDMAN SACHS

España afronta una factura de cerca de 8.000 millones por los avales del ICO

Los primeros informes apuntan a una morosidad cercana al 10% en las líneas de financiación avaladas por el Estado, lo que elevaría en un 26% el coste de la crisis

Foto: Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (EFE)
Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. (EFE)

Los avales públicos anticovid-19 han generado un gran debate en los últimos meses por sus condiciones y agilidad en su puesta en marcha, pero poca por su coste. El Gobierno español ha aprobado ya garantías públicas por valor de 84.500 millones, que podrían ascender pronto a los 100.000 millones prometidos en marzo por el presidente Pedro Sánchez.

Con ello han empezado a surgir los primeros balances de daños, que apuntan a un coste medio de unos 8.000 millones de euros para las arcas del Estado, según Goldman Sachs y agencias de calificación crediticia. Estos cálculos van en línea con el repunte de la morosidad que han pronosticado tanto el Banco de España como algunas grandes entidades. Desde el Ministerio de Economía no hicieron comentarios.

Foto: Oficina bancaria durante el confinamiento. (EFE)

Estos 8.000 millones de euros supondrían encarecer el coste de la crisis del covid-19 entre un 21% y un 26% para el Estado español, según las estimaciones que han ido dando el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Para poner en contexto, lo que podrían costar los avales es lo que se desembolsa mensualmente para pagar las pensiones o seis veces la factura sanitaria de luchar contra la pandemia.

Los 8.000 millones de coste de los avales implicarían una morosidad de entre el 8% y el 9% en los préstamos que está poniendo en circulación la banca con la garantía pública. Así, el esquema que se aprobó en marzo estipula que el Estado asuma en torno a un 70% de las pérdidas de los préstamos que no se devuelvan, y la banca el 30% restante, que baja al 20% en los créditos a pymes y autónomos.

Las entidades más beneficiadas por los avales son Bankinter, Santander y Sabadell, según Goldman

Según las cifras que ha ido dando hasta ahora el Ministerio de Economía, ya se han aprobado avales por casi 50.000 millones, que implican que se hayan concedido una financiación bruta de algo más de 65.000 millones, lo que implica un reparto del riesgo del 70% para el Estado y del 30% para la banca.

Hay cálculos de agencias de 'rating' que elevan los impagos incluso por encima, hasta el 10%, lo que implicaría una factura para España de más de 9.000 millones, y para los bancos de casi 4.000 millones. Todo ello en el supuesto de que finalmente se lleguen a los 100.000 millones de avales públicos puestos en circulación, algo que dan por hecho distintos banqueros consultados.

Escenarios para el ICO

El informe de Goldman Sachs da distintos cálculos en función del escenario macroeconómico. En el más favorable, calcula que los avales del ICO costarían entre 3.300 y 6.600 millones de euros. En el más realista, alineado con las proyecciones del BCE, el impacto para las arcas del Estado estaría entre 4.500 y 8.900 millones de euros. Y en el más pesimista, la factura podría dispararse hasta los 13.400 millones de euros.

El banco de inversión norteamericano también calcula las entidades a las que más va a beneficiar estos avales públicos, absorbiendo la nueva morosidad que llegue a sus oficinas. Son Bankinter, Sabadell y Santander, para los que los avales podrían reducir su coste de riesgo hasta la mitad del que tendrían sin los avales. Unicaja y CaixaBank serían las que menos amortiguarían el golpe con el ICO.

Los avales públicos anticovid-19 han generado un gran debate en los últimos meses por sus condiciones y agilidad en su puesta en marcha, pero poca por su coste. El Gobierno español ha aprobado ya garantías públicas por valor de 84.500 millones, que podrían ascender pronto a los 100.000 millones prometidos en marzo por el presidente Pedro Sánchez.

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