La Justicia europea anula la prohibición de la venta de la filial de Telefónica en UK

El Ejecutivo comunitario, conocido por su interpretación estricta y dura de las normas de Competencia, bloqueó en 2016 la venta de la filiar británica de Telefónica, O2, a Huchiston Three. Desde entonces la empresa española ha reforzado su posición en el Reino Unido, recientemente con una fusión con la filial británica de Liberty Global, Virgin Media, valorada en 38.000 millones de libras.

Bruselas bloqueó la operación con Huchiston porque el mercado británico tenía cuatro competidores: los dos implicados en la operación, y por otro lado EverythingEverywhere (EE), de British Telecom, y Vodafone. Y el ejecutivo comunitario consideraba que el paso de cuatro a tres competidores “habría conllevado probablemente un incremento de los precios” para los consumidores. Además, la Comisión Europea señalaba que podía influir negativamente en la prestación de servicios.

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Pero en su momento Three recurrió al Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que este jueves ha anulado la decisión de la Comisión Europea, un golpe a los criterios con los que Bruselas estudia las fusiones y adquisiciones. Aunque el Ejecutivo comunitario advertía de que la entidad resultante representaría el 40% del mercado, la corte de Luxemburgo identifica “errores de Derecho y de apreciación”. Y la sentencia ataca tres puntos distintos. El primero de ellos es que no queda demostrada que la operación habría afectado a los precios.

“El mero efecto de que se reduzcan las presiones competitivas sobre los demás competidores no basta por sí solo, en principio, para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para una competencia efectiva en el marco de una teoría del perjuicio basada en efectos no coordinados”, señala la corte de Luxemburgo, que apunta que el análisis cuantitativo, realizado por Bruselas, de los efectos que tendría sobre los precios dicha operación “no demuestra un grado de probabilidad suficientemente elevado”.

El segundo punto que ataca el texto del alto tribunal es la idea de que la adquisición habría afectado al uso de redes e infraestructuras. Los cuatro operadores del Reino Unido tienen dos acuerdos de uso compartido de redes para repartir los gastos de despliegue: a un lado están EE y Three, y por el otro lado comparten redes Vodafone y O2. Bruselas considera que el despliegue futuro de redes móviles se habría visto “obstaculizada” por el hecho de que la entidad resultante participaría en ambos acuerdos, lo que le había dado la posibilidad “de acceder a una visión de conjunto de planificación de los dos competidores restantes y debilitarlos”. En concreto, la Comisión temía que la entidad pudiera degradar una de las redes.

Pero el TUE señala que no se hizo un estudio adecuado y, además, considera que “una posible divergencia de los intereses de los socios de un acuerdo de uso compartido” o incluso su resolución “no constituyen, como tales, un obstáculo significativo para una competencia efectiva”.

Por último, la alta corte de Luxemburgo señala, “los efectos de la operación en el mercado mayorista no han sido considerados suficientemente para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para una competencia efectiva”.