Ofensiva de las comunidades del motor ante Ribera por miedo a más deslocalizaciones

No es solo Nissan. El previsible cierre de la planta de Barcelona es el caso más extremo del temor al que se enfrentan todas las comunidades autónomas con fuerte actividad de la industria de la automoción en sus territorios. Desde hace dos semanas, los dirigentes de Galicia, Castilla y León, Aragón, Navarra y Valencia han pedido al Gobierno, en ocasiones aprovechando la conferencia de presidentes autonómicos de los fines de semana, planes de ayuda al sector.

La llamada de auxilio se produce tanto en público como en privado. El último en hacerlo ha sido Alfonso Fernández Mañueco, presidente castellanoleonés, para advertir de la necesidad de establecer algún tipo de estrategia coordinada entre sector público y privado. Su comunidad tiene concentrado hasta el 25% del PIB regional en este sector económico, ahora que el plan de ayudas públicas a Renault puede influir en la continuidad de algún modelo producido en nuestro país.

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También otros responsables autonómicos como Ximo Puig, Alberto Núñez Feijóo o María Chivite se han expresado del mismo modo ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Incluso lo han trasladado personalmente en conversaciones bilaterales mantenidas esta misma semana con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, responsable de tutelar las medidas de reconstrucción económica, como reconocen fuentes oficiales de un Gobierno regional.

Las autonomías del motor están en vilo. No es solo el cierre de la planta de Nissan en Barcelona, también influyen el apoyo que el francés Emmanuel Macron está dando a sus fabricantes para repatriar carga de trabajo, situación amenazante para Vigo y Valladolid, o el goteo de ajustes que vive desde hace meses la factoría de Ford en Almussafes (Valencia). Hablamos de un sector que pesa el 10% del PIB (con distribución y actividades anexas) y supone el 19% de las exportaciones españolas.

Aunque la planta fabril española es exportadora, Elena Lluch, gerente del clúster de automoción de la Comunidad Valenciana AVIA, señala que la primera medida que esperan los fabricantes son incentivos a la reactivación del consumo nacional para renovar la flota. “Es lo prioritario en el escenario actual. La media del parque es de 12,4 años y los motores han evolucionado, son más eficientes, con menos emisiones, lo que iría en línea con los objetivos de transición ecológica”.

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Las patronales del sector están manteniendo un “diálogo fluido” con los gobiernos autonómicos para que se impliquen con el Gobierno en buscar soluciones, al tiempo que la asociación nacional de fabricantes, Anfac, hace lo propio en los despachos ministeriales, estos días por videoconferencia por la pandemia. Mientras tanto, ministerios como Industria sondean planes alternativos, como la llegada de fabricantes chinos, un hito que necesitaría superar la oposición de Alemania y Francia.

Por este motivo, antes que fiarlo todo a medidas poco aterrizadas, desde las comunidades recuerdan que "deberíamos aprovechar este momento para la renovación tecnológica del parque automovilístico español. El 15% de los coches produce el 50% de las emisiones contaminantes. Es una oportunidad para apoyar a un sector de gran peso económico, exportador y esencial para la balanza de pagos", tal como señaló Puig tras la conferencia de presidentes celebrada el pasado 3 de mayo.