48 horas de vértigo para evitar el despido de 2.000 personas del servicio a bordo de Renfe

Todavía queda una última esperanza. La decisión que comunicó Renfe este lunes de que rechazaba prorrogar con Ferrovial el contrato de restauración y servicio a bordo en sus trenes puede todavía corregirse y evitar así el despido de 2.000 trabajadores en un momento en que, desde el Estado, se está pidiendo a las empresas que hagan todos los esfuerzos para sostener el empleo y que nadie se quede atrás.

De hecho, este es uno de los principales argumentos que, tanto desde CCOO como desde UGT, se ha echado en cara al presidente de Renfe, Isaías Taboas, a quien han remitido sendas cartas pidiéndole que reconsidere su posición. Una presión que, por el momento, ya ha dado su primer fruto con la reunión que mantuvieron ayer por la tarde la empresa pública y Ferrovial para analizar posibles escenarios, encuentro que ambas partes acordaron continuar este miércoles, según fuentes sindicales, ya que ningún asistente ha querido hacer comentarios.

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Sobre la mesa están todas las opciones, desde la propuesta de modificar el contrato, para adaptarlo a la realidad de la falta de servicio que ha traído consigo el coronavirus, pasando por despidos individuales, la aplicación de un ERE, ERTE o el reingreso de los trabajadores en la empresa pública. Bajo la mesa, la sospecha de que Renfe ha aprovechado la crítica situación que vive el país para recortar costes y repensar este servicio, con la agravante de intentar trasladar el problema laboral al contratista, Ferrovial.

Hace siete años, la empresa presidida por Rafael del Pino se adjudicó este contrato y, con él, subrogó la plantilla, ya que una de las condiciones de este tipo de acuerdos es hacerse cargo del empleo, una fuerza laboral que anteriormente estuvo bajo el paraguas de otras empresas, como Cremonini Group o Wagon Lits, pero siempre operando como una contrata de Renfe.

De hecho, si en 2017, en vez de haber decidido prorrogar con Ferrovial hubiese optado por llevar adelante una nueva licitación y se hubiera adjudicado a otra empresa, estos trabajadores seguirían sirviendo cafés y ofreciendo comidas a los viajeros de Renfe, pero sería otra compañía la que se encontraría ahora en esta tesitura, desenlace en el que ha sido clave el hecho de que el contrato actual expire este mismo jueves, 30 de abril.

“Renfe ha aprovechado la circunstancia, porque si la crisis del coronavirus ocurre con un contrato en vigor, no podría hacerlo. Pero, además, de cara a la imagen de Renfe, la decisión que ha tomado es muy negativa. Una empresa pública poniendo a 2.000 personas en la calle en el momento actual no tiene mucha explicación”, denuncia Pepa Páez, secretaria general del Sector Ferroviario de FSC-CCOO.

La 'nueva normalidad'

Entre los trabajadores, se sospecha que, con este órdago, Renfe está intentando forzar al máximo unas nuevas condiciones de contrato, mucho más ajustadas a la ‘nueva normalidad’ que el coronavirus amenaza con traer para el sector de transportes de viajeros. Porque, más allá de la limitación de movimientos actual, que ha recortado en un 90% los servicios públicos de transporte, están las limitaciones con las que deberemos aprender a vivir, hasta que aparezca una vacuna o tratamiento, y que obligarán a que los trenes circulen más vacíos.

A este escenario se unirá el auge del teletrabajo y las teleconferencias, lo que, se sospecha, reducirá mucho los viajes de empresa, uno de los principales públicos del servicio a bordo, tanto por el número de viajeros que se desplaza diariamente por cuestiones laborales como por las condiciones extra de la primera categoría, que incluye menú en el precio del billete. Aspectos que explicarían el interés de Renfe por replantearse este servicio y que ayudarían a entender su decisión de romper la baraja justo cuando se daba por hecha otra prórroga hasta diciembre.

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Desde la empresa pública, se defiende que corresponde a Ferrovial hacerse cargo de la plantilla si, finalmente, no se renovara el contrato, aspecto que la compañía privada ya ha dicho que llevará hasta los tribunales, por considerar que al tratarse de una subrogación corresponde a Renfe readmitir a los trabajadores si, a partir de este jueves, no cuenta con otra subcontrata.

Fuentes consultadas por El Confidencial consideran que la compañía dependiente del Ministerio de Fomento tendría muy difícil poder sostener en los tribunales esta postura, ya que exigiría renunciar por completo a ofrecer cualquiera de estos servicios en el futuro. Si no fuera así, y dentro de unos meses licitara un contrato de este tipo, aunque fuera con otras condiciones, lo que está viviendo estos días sería una suspensión del servicio por las extraordinarias circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria y, por tanto, podría recurrir a ERTE hasta despejar el horizonte, como ya ha hecho.

Actualmente, el 80% de la plantilla está en un ERTE por fuerza mayor, aspecto que ya indica que, al menos, un 20% del servicio sí que está siendo necesario, señalan los sindicatos, con lo que en ningún caso se podría hablar de cancelación del servicio. Otro problema que se abre ahora es que, si en las próximas 48 horas no llegan a un acuerdo, Ferrovial se encontraría con una plantilla subrogada en un ERTE que prohíbe despedir en un plazo de seis meses, pero sin el contrato que lleva aparejada dicha subrogación de empleo.

De hecho, las fuentes consultadas aseguran que la intención de la compañía, en el supuesto de que se muestre imposible llegar a un acuerdo, pasa por aplicar un ERE a la totalidad de la plantilla y, posteriormente, reclamarle a Renfe todo el coste del mismo; mientras que los trabajadores exigirían su reingreso en la empresa pública. Una rocambolesca situación que tiene por delante 48 horas críticas para intentar evitarla.