Cien mil españoles, sobre todo andaluces y madrileños, buscan un trabajo en el campo

Desde el pasado 12 de marzo, España ha perdido cerca de 890.000 ocupados, según datos oficiales, ante el impacto de la pandemia del coronavirus. En paralelo, las organizaciones agrarias levantaron ya hace semanas la voz para advertir de que el cierre de fronteras suponía un déficit de 80.000 temporeros extranjeros que usualmente llegan a España a recoger frutas y hortalizas. Ante ello, el Gobierno abrió la opción de que parados -no afectados por Ertes por fuerza mayor derivados del coronavirus- pudieran optar a trabajar como temporeros agrarios.

Tras todo ello, Asaja ha cuantificado en alrededor de 90.000 las solicitudes de personas que desean trabajar en las campañas, mientras que en COAG han recibido unas 3.000 peticiones y en UPA, otras 400 en su lista nacional, sin contar con las territoriales. En total rondarían las cien mil. Dos de cada diez de esas personas interesadas habían desempeñado su último empleo en la hostelería y el turismo, y un porcentaje similar en la agricultura y la ganadería, según las estadísticas de Asaja, que señalan que las tasas más altas proceden de las provincias de Madrid (10,34 %), Málaga (8,5 %), Alicante (8,33 %) y Sevilla (8,33 %), según los datos recopilados por la agencia Efe.

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Fuentes de COAG subrayan que se han presentado sobre todo inmigrantes en situación irregular frente a una proporción "mínima" de desempleados, muchos de ellos procedentes de Madrid pese a que no pueden desplazarse hasta las zonas rurales por las restricciones de movilidad. Desde UPA reconocen que no se está contratando mucha mano de obra adicional en lugares como Murcia o Huelva, en plena campaña, porque los empresarios están recurriendo a contratados de otros años, el cierre de la restauración ha reducido la demanda de producto y se está recogiendo la cosecha a menor ritmo.

Gustavo Orcas es uno de los pocos españoles que se ha animado a participar de nuevas en las campañas de la zona de Fraga (Aragón) tras el parón sufrido por la empresa de turismo activo en la que trabajaba. "Hay que buscar otros ingresos. No tengo ninguna prestación. Estaba con un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), pero nunca sabes si vas a cobrar la prestación o te la van a conceder. Opté por algo seguro para seguir cotizando", explica a Efe Orcas en uno de sus descansos.

Requisito de proximidad

Ahora se encuentra preparando el melocotón y en breve comenzará a recoger cerezas después de dos semanas de labores en las que tuvo una experiencia "desagradable" en una primera explotación y otra "buena" en una segunda.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han detallado que solo es exigible el requisito de proximidad si se quiere compatibilizar el empleo agrario la percepción de las prestaciones y demás beneficios recogidos en el decreto del 7 de abril que abrió el campo a los parados. Un decreto que también autorizó la extensión temporal de permisos de trabajo a migrantes y jóvenes extranjeros en situación regular, según la norma, que facilita la contratación siempre que las personas vivan en zonas cercanas a las explotaciones agrícolas.

Los contratos a demandantes de empleo deben hacerse por escrito y respetar el umbral del salario mínimo interprofesional de 48,54 euros al día

Desde Agricultura se añade que son las comunidades autónomas las que pueden modular ese requisito en función de sus características territoriales y que, siempre que haya contrato, los jornaleros se podrán desplazar al lugar de trabajo para realizar actividades agrarias. Algunos empresarios confirman que han recibido el visto bueno de las autoridades para contratar a personas que han participado en las recogidas de otras regiones, mientras que otros mantienen los contactos para posibilitar los traslados.

Por su parte, los sindicatos señalan que los parados ya están inscritos en los servicios públicos como demandantes de empleo y los empresarios pueden contratarlos como antes, aunque para eso suelen tener canales propios. Los contratos deben hacerse por escrito y reflejar el salario recogido en los convenios colectivos de referencia o, en todo caso, respetar el salario mínimo interprofesional (48,54 euros al día).

Manuel Coronel, actualmente en desempleo y antiguo dirigente de UGT-Fica en Sevilla, lamenta que le ofrezcan trabajo fuera de la provincia o por menos salario del que deberían pagar. "Estoy dispuesto a trabajar en el campo porque habitualmente lo hago en las campañas, pero lo que me retiene ahora es tener que pagar la gasolina para ir y volver de Huelva, que está a 130 kilómetros, y sin poder ir más de dos en el coche", apunta Coronel, que está por ello a la espera de cobrar el subsidio.