DEBATE SOBRE LAS AYUDAS DEL ESTADO

¿Aval del contribuyente para inversores en Luxemburgo? Un debate ausente en España

Varios países han prohibido a los 'private equtiy' beneficiarse de los millones de ayudas públicas por tener sus domicilios fiscales en países de baja tributación

Foto: Gran Palacio Ducal de Luxemburgo. (Reuters)
Gran Palacio Ducal de Luxemburgo. (Reuters)
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Cuando usted podía salir a la calle y disfrutaba de la libertad de movimientos de un ciudadano normal, sin estado de alarma, estaba, aunque no lo supiera, rodeado de dinero de Luxemburgo. Más aún, cada vez que entraba a tomarse una hamburguesa a la cadena de restaurantes Goiko Grill, o a comprarse una chaqueta en Cortefiel, o un regalo para su pareja en Tous, o unos sándwiches en Vips, o cuando veía por la tele las carreras de Marc Márquez en Moto GP, estaba generando ingresos para sociedades con domicilio fiscal en el Gran Ducado.

Lo mismo era aplicable a cuando se casaban con un traje diseñado por Pronovias, usaban la electricidad de Naturgy, echaban gasolina en Cepsa, paraban en uno de los restaurantes de carretera de Areas, cogían un avión de Volotea para ir a Ibiza a tomarse una copa en Pachá, se pedían una pizza en Telepizza, o entraban al Parque Warner del grupo Parques Reunidos. Todas estas empresas y muchas más que estaban a su alrededor son de accionistas cuyo nombre termina en SARL y que es el acrónimo de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Luxemburgo.

Un domicilio fiscal donde van a parar los beneficios de estas inversiones realizadas por los llamados 'prívate equtiy' o fondos de capital riesgo, gracias a un marco fiscal favorable para rentas, plusvalías y patrimonios. Un grupo de inversores entre los que destacan firmas mundiales como Blackstone, EQT, Permira, PAI Partners, KKR, BC Parners, CVC, Bridgepoint y otros más pequeños y locales como Trilantic, Portobello o GPF Capital, que domicilian legalmente su dinero en el Gran Ducado. El dinero que invierten estos fondos los aportan los llamados 'limited partners', que suelen ser fondos de pensiones, family office o aseguradoras, que les ceden su dinero a cambio de una comisión y ante la expectativa de una elevada rentabilidad. Todo legal, aunque el rastro de algunas de ellas pueda aprovechar las facilidades que otorga Luxemburgo para acabar en jurisdicciones fiscales como Islas Caymán, Panamá, Jersey o Delaware, cuyo sistema tributario se ha ganado a pulso la fama de ser extremadamente laxo y opaco.

Generan miles de puestos de trabajo pero sus estructuras fiscales agresivas han minado los ingresos de la Hacienda nacional durante años

Muchas de estas empresas y otras más participadas por estos 'private equity' han recurrido al programa de ayudas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para darles liquidez urgente con la que sobrevivir al derrumbe de los ingresos provocado por el covid-19, al tener cerrados sus establecimientos. En mayor o menor proporción han solicitado parte de los 15.000 millones de euros en préstamos a la banca garantizados en hasta un 80% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), es decir, por el Estado español. En caso de impago, la deuda recaerá sobre las arcas públicas y, en consecuencia, sobre su bolsillo.

Una situación excepcional que ha suscitado el dilema de si estas compañías, que generan miles de puestos de trabajo, tienen derecho a beneficiarse de las ayudas públicas cuando, por sus estructuras fiscales agresivas, lo que han hecho durante años ha sido minar los ingresos de la Hacienda nacional. Algunos países han dicho no. El principal, Estados Unidos, que ha prohibido que los 'private equity' se beneficien del Paycheck Protection Program (PPA) con el que el Gobierno de Donald Trump ha inyectado 354.000 millones de dólares a la economía americana al 1% de interés al considerar que este tipo de inversores se dedican a la especulación y pueden acceder a otras fuentes de financiación, aunque sean más caras.

Shake Shack, una de las cadenas de hamburgueserías de moda en Nueva York, ha tenido que devolver 10 millones de dólares que pidió a la administración estadounidense para digerir el impacto del covid-19 ante la crítica social surgida por acogerse a este programa de ayudas tras ganar cientos de millones en los últimos años. En el Reino Unido ha ocurrido algo similar con la petición del multimillonario Richard Branson al Gobierno británico para que le concediese un préstamo urgente de 500 millones de libras para evitar la quiebra de Virgin, su aerolínea y uno de sus múltiples negocios.

En Dinamarca, el Ejecutivo del país escandinavo ha limitado el acceso a los préstamos con garantía del Estado a las empresas cuyos accionistas últimos tengan su sede en paraísos fiscales y les ha prohibido destinar el dinero recibido para financiar compras de acciones para autocartera (un método para hacer subir una cotización) o pagar dividendos en 2020 y 2021. Polonia ha hecho algo similar.

En España, este debate ético todavía no ha emergido, pero fuentes de varios de estos 'prívate equity' admiten que su modo de hacer dinero, de multiplicar por varias veces sus inversiones en un corto plazo de tiempo —apenas depositan cerca del 30% de lo que apuestan, ya que el resto es deuda— va a cambiar tras el coronavirus. Lo de entrar en el capital de una empresa y salir a los tres años, con el doble del dinero invertido, se ha acabado, admiten mientras revisan día a día el agujero que les está provocando la pandemia. "Habrá que ser más humildes, más prudentes en las remuneraciones o 'fees' de éxito y tener visión de más largo plazo, más humanista", reconocen en una firma que pide el anonimato.