Restringe los casos que pueden solicitar baja

Sanidad insta a no dar la baja laboral a la mayoría de trabajadores vulnerables al Covid

Aunque recomendó publicamente a los perfiles más vulnerables no incorporarse al trabajo, el Gobierno ha reducido a la mínima expresión los casos en que recomienda la incapacidad temporal

Foto: El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)
El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)

El Gobierno ha limitado con fuerza su recomendación de supuestos para solicitar bajas laborales por vulnerabilidad al coronavirus, tal y como se desprende de la distinta documentación que ha ido publicando en las últimas semanas.

El Ministerio de Sanidad actualizó el 11 de abril, justo al término de la hibernación de la actividad económica, una guía genérica de buenas prácticas en los centros de trabajo con medidas para la prevención de riesgos de contagio por Covid-19. En la misma, el Ejecutivo señala en el tercer punto de "medidas para antes de ir al trabajo" que "si eres vulnerable por edad (más de 60 años), por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo".

Las autoridades explicaban que "en caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal". Esta medida fue remarcada públicamente por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, justo antes de que se retomara toda la actividad no esencial. Pero la realidad se esconde en la letra pequeña.

Para entonces, el Gobierno ya había limitado al máximo las recomendaciones para que los colectivos vulnerables pudieran acceder a una incapacidad temporal como especialmente sensibles al Covid-19.Una baja laboral que se asimila a la de accidente laboral, con lo máxima prestación posible para el trabajador.

Las limitaciones son varias y se encuentran en los documentos guía para los servicios de prevención de riesgos laborales. En primer lugar, cabe destacar que el Gobierno, en cuestión de dos semanas (entre el 24 de marzo y el 8 de abril), ha eliminado de la lista de personas especialmente sensibles al coronavirus a los aquejados de enfermedad hepática crónica y los que sufren enfermedad renal crónica. El cambio se produce entre el principio y el fin de las dos semanas de parón total decretadas.

Estos dos colectivos estaban incluidos en la primera 'Guía de procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-CoV-2'. Eran parte de la primera versión de 24 de marzo. Sin embargo, en su última revisión y, según señala Sanidad, "con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020", estos dos grupos de personas enfermas crónicas han desaparecido como supuestos vulnerables al virus.

Pero además, en su versión más reciente, Sanidad incluyó una tabla que no existía en el primer documento de 24 de marzo donde recomienda a los servicios de prevención laboral de las empresas que la mayoría de trabajadores vulnerables acudan a sus puestos.

La guía actualizada del Gobierno señala que todas aquellas personas que no tengan contacto con personas sintomáticas pueden trabajar: "No precisa adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual". Esto, en la práctica, lleva a que casi todos los vulnerables puedan trabajar, dado que ningún sintomático puede acudir a sus lugares de trabajo. La primera advertencia expresa del Ejecutivo en la vuelta al trabajo tras Semana Santa fue que aquellos que tengan síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, problemas de respiración, etc.) no debían ir a trabajar para evitar contagios.

El escenario planteado por Sanidad en dicha tabla incluida justo en el regreso a la actividad no esencial (industria, construcción y jardinería, principalmente) limita la posibilidad de baja solo a los trabajadores cuyas patologías estén en peor estado y mantenga una exposición fuerte a personas con síntomas de coronavirus, algo por otro lado difícil, ya que toda persona que tenga indicios de coronavirus debe permanecer aislado.

Deciden los médicos

En cualquier caso, el Gobierno sacó una nota aclaratoria para especificar que la potestad última de quién debe y quién no ir al trabajo lo tienen los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas. Serían estas las que tendrían que justificar las causas objetivas para tramitar una baja como "Trabajador Especialmente Sensible" con la Seguridad Social.

Fuentes de CCOO explican a El Confidencial que necesitan certidumbre y claridad respecto a esta cuestión porque la vuelta al trabajo está generando un fuerte aluvión de consultas para los departamentos de prevención de riesgos laborales para sus mutuas y servicios médicos, que tienen que analizar caso por caso, único protocolo válido. Temen además que haya empleados que queden en un limbo. Las mismas fuentes explican que esto se debe a que hay muchos trabajadores en las plantillas mayores de 60 años o con patologías muy comunes como hipertensión o diabetes. Las declaraciones del Gobierno, quienes los ha incluido como especialmente sensibles al coronavirus, han motivado las preguntas de si deben o no ir a trabajar con el término del periodo de hibernación económica.

Sanidad ha eliminado de la lista de especialmente sensibles al Covid-19 a personas con enfermedad hepática crónica y los de enfermedad renal crónica

Con esta fuerte restricción de recomendación de bajas laborales para vulnerables al coronavirus que ha especificado ahora el Gobierno, el Ejecutivo señala a las empresas que la mayoría de casos no son susceptibles de tramitar una incapacidad temporal. De otra forma, advierten algunos trabajadores, se hubiera producido una fuerte merma de recursos laborales para las empresas y un elevado coste añadido para la Seguridad Social, ya que las bajas para todos los vulnerables, como dio a entender el Gobierno en un primer momento, hubiera supuesto un fuerte gasto extra para las administraciones públicas en un momento en el que los recursos son más escasos que nunca.

Ahora son los servicios médicos privados de las empresas o en su defecto las mutuas subcontratadas los que tienen la responsabilidad última de decidir quién coge la baja y quién no, con lo que ello implica tanto desde el punto de vista de riesgo para la salud del trabajador como de coste económico y productivo para empresa y Estado.

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