Andalucía, líder en ERTE en España: la Junta reprocha a Sánchez no usar la vía danesa

Hace ahora tres semanas de la declaración del estado de alarma, y de la elección del Gobierno central del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como vía prioritaria para gestionar el impacto de la pandemia del coronavirus en el mercado laboral. Llegados a este punto, y a falta de conocer los datos actualizados de la Comunidad de Madrid sobre el uso de esta herramienta, Andalucía se erige como líder de la penosa clasificación de comunidades autónomas con más procesos de ERTE presentados ante su Consejería de Empleo. Hasta el viernes pasado, 88.650 se habían agolpado en los despachos de sus funcionarios.

Una cifra que la sitúa por delante de las otras dos grandes regiones, además de Madrid, con mayor volumen de tejido productivo. A cierre de la semana, los servicios de empleo de Cataluña acumulaban 83.553 expedientes (cifra actualizada el sábado), mientras que en Comunidad Valenciana sumaban 51.134. Ahora bien, las diferencias entre el tamaño medio de las empresas en unas y otras regionales hacen que en Cataluña los trabajadores afectados por estos procesos conformen el colectivo más numeroso del país: 617.558. En Andalucía son 427.000. Y en Valencia, 276.880.

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El balance facilitado por la Consejería andaluza de Empleo dibuja además en cifras lo que es una realidad en las calles desiertas de ciudades y pueblos. El departamento que dirige la consejera Rocío Blanco (Ciudadanos) ha resuelto el 41% de las solicitudes presentadas, esto es, 36.345. Entre estos últimos están representados 265 códigos de actividades económicas diferentes, y las más afectadas son las siguientes: establecimientos de bebidas (bares): 30,3%; restaurantes y establecimientos de comidas: 14,7%; comercio al por menor: 23%; otros servicios personales; 4,7%, y actividades deportivas: 2,8%. Del total de resoluciones, el 96,3% es favorable, y el 3,7% ha sido rechazado (1.345).

Expuestas las cifras, la Junta andaluza entra en las críticas. Si bien el Gobierno de Juanma Moreno está de acuerdo en utilizar la vía de los ERTE, lo primero que se rechaza es que se eligió y se priorizó por parte del Gobierno central este instrumento "sin consultar a quien es uno de los principales responsables de su implementación: la comunidad autónoma de Andalucía, que cumple con la tarea de ser la autoridad laboral y debe realizar el registro y resolución de las solicitudes". Empleo tiene a 527 funcionarios analizando y resolviendo ERTE, a razón de 45 en sus servicios centrales, 352 en las ocho delegaciones provinciales y 130 trabajadores públicos que se han ofrecido voluntarios para ayudar procedentes de otras consejerías.

Sin incluir el empleo temporal

Junto a esa discrepancia, el Ejecutivo regional aporta otra más de fondo sobre el modelo general a seguir. En concreto, la vía danesa, una opción que el departamento andaluz de Empleo trasladó en distintas ocasiones al Gobierno central. "La vía adoptada por el Gobierno de Dinamarca de pagar a las empresas un porcentaje del salario de los trabajadores para que mantengan el pago de las nóminas se considera más rápida y eficaz. Esta decisión, que se podría haber aplicado acotándola a determinadas actividades, se podría haber instrumentado a través de la Seguridad Social, de manera que se habría conseguido mantener la renta de forma inmediata. Además, habría tenido la ventaja de incluir a los trabajadores temporales en plantilla".

Esto último ha sido tenido en cuenta, aunque solo recientemente por el Gobierno central, que en el Consejo de Ministros del pasado martes 31 de marzo aprobó una prestación de 440 euros para los trabajadores temporales despedidos por causa del impacto del coronavirus. Esa prestación se cobrará en principio durante solo un mes y aplica a quienes tuvieran un contrato de al menos dos meses y se quedaran sin trabajo tras la declaración del estado de alarma (14 de marzo). Una cantidad, en cualquier caso, inferior en muchos casos al sueldo que venían percibiendo esos empleados temporales.

El 94,5% de los contratos que se firmaron fueron temporales (368.200), y el resto fijos (21.055)

Alrededor de 2,5 millones de trabajadores tenían un contrato de menos de seis meses en España antes del estallido de la crisis, de los que 240.000 lo tenían por menos de un mes. A ello hay que añadir que la temporalidad es especialmente relevante en algunos de los sectores impactados de forma más general, como son todos los relacionados con servicios. En Andalucía en concreto, los datos de febrero (último mes antes del estallido de la pandemia), indicaban que el 94,5% de los contratos que se firmaron fueron temporales (368.200), y el resto fijos (21.055).

El Gobierno andaluz, por último, defiende que está colaborando "lealmente" con el central para afrontar la situación y pide a Madrid tener más en cuenta las opiniones de otras administraciones antes de decidir los instrumentos a utilizar de manera general. Añade a esta petición la crítica por "haber arrebatado los recursos necesarios para aplicar las políticas de formación que permitan ayudar a mantener el empleo en Andalucía". Una decisión sobre los fondos para formación que afecta en cualquier caso a todas las autonomías tras la decisión del Ministerio de Trabajo el pasado 1 de abril de repartir solo 1.000 de los 2.300 millones previstos este año para este fin a las comunidades. Andalucía, según lamentó ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno, pierde debido a ello 200 millones de euros.