Aena pide a la banca hasta 2.000 M de urgencia para mantener los aeropuertos

El cierre del tráfico aéreo motivado por la expansión del coronavirus ha dado de lleno en el corazón de Aena: El operador de los aeropuertos españoles, controlado por el Estado en un 51% del capital, también se ha visto forzado a pedir asistencia financiera para sobrevivir mientras las pistas siguen cerradas. Según indican fuentes próximas a las negociaciones, la compañía pública ha solicitado un crédito urgente de 1.000 millones de euros y está negociando otro en paralelo que podría alcanzar la misma cantidad. En total, si se firman los dos, 2.000 millones de euros que se usarían para hacer frente a la brusca caída de ingresos en los aeropuertos españoles por culpa de la pandemia del Covid-19.

La compañía presidida por Maurici Lucena, que hasta hace unos días mantenía la idea de seguir pagando un dividendo millonario a sus accionistas, entre otros, el propio Estado, se ha visto forzada a lanzar un SOS a sus acreedores para poder mantener su estructura mientras duren las medidas de restricción de la movilidad. El grupo, dueño de los aeropuertos de Barajas-Adolfo Suárez (Madrid) y El Prat (Barcelona), entre otros, se ha visto afectado por una drástica reducción del tráfico aéreo y la práctica total paralización del negocio comercial en nuestra red de aeropuertos.

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Según reconoció este jueves Aena, el tráfico de pasajeros del mes de marzo en la red de aeropuertos españoles lleva acumulada hasta el martes pasado una caída del 45,5% respecto al año anterior. "Este es el resultado de una tendencia crecientemente negativa en la evolución del tráfico que, en concreto el 24 de marzo, representaba aproximadamente una reducción del 97% del número de pasajeros en el conjunto de la red española respecto al mismo día del año anterior", explica la empresa.

Aena añade que, "ante esta situación y debido a la ausencia de visibilidad sobre cuándo remitirá esta tendencia, la estimación de tráfico y las perspectivas de negocio para 2020 que Aena hizo públicas a finales del mes de febrero dejan de tener validez en el momento actual, sin que sea posible cuantificar una estimación razonable de las mismas para el conjunto del año".

Para hacer frente a este escenario, Aena ha adoptado una batería de medidas para asegurar la correcta operatividad de sus servicios y la disponibilidad de liquidez en el corto y medio plazo. La compañía sostiene que ha paralizado temporalmente su programa de inversiones, lo que supondrá una reducción mensual de las salidas de caja promedio de aproximadamente 52 millones de euros.

Aunque la empresa pública asegura que dispone de caja y facilidades crediticias por importe de 1.350 millones, a las que se añaden su capacidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta 900 millones, lo cierto es que ha tenido que recurrir con urgencia a la banca. Las mismas fuentes indican que Aena está negociando con Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, así como con otros bancos extranjeros, un crédito urgente de 1.000 millones.

La solvencia se degrada

A 31 de diciembre de 2019, Aena tenía una deuda financiera neta de 6.672,8 millones de euros, incluyendo 491,5 millones procedentes de la consolidación de la deuda del aeropuerto de Luton y 41,4 millones de AIRM. La ratio de deuda sobre su beneficio operativo o ebtida es de 2,4 veces, por lo que esta petición exprés a la banca supone incrementar en hasta un 30% su pasivo y empeorar significativamente su proporción sobre su beneficio de explotación hasta las 2,8 veces. Esta métrica se deteriorará aún más por la caída de los ingresos, lo que previsiblemente se traducirá en una reducción de 'rating' o nivel de solvencia.

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Hace dos días, además, el consejo de administración de Aena decidió suspender la junta general de accionistas y, con ella, la decisión de reparto de dividendo, con el objetivo de dejar para cuando pase el estado de alarma tanto la celebración de la asamblea como la toma de decisión definitiva respecto a la remuneración del accionista. El Estado, propietario del 51%, es el principal beneficiario del dividendo, con el que iba a llevarse para las arcas públicas 580 millones de euros, millonaria inyección que, sin embargo, cada día más empresas y bancos están optando por dejar en reserva a la espera de acontecimientos y para garantizar la liquidez.

Los aeropuertos de la red de Aena tienen la consideración de infraestructuras de interés general y, por consiguiente, deben mantener un grado de actividad que garantice no solo el servicio a la aviación comercial en la medida que sea necesario, sino también otros tipos de aviación como la carga aérea, así como los servicios de Policía, Guardia Civil, salvamento marítimo, trasplante de órganos, etc.