Duro se dispara un 44% tras el espaldarazo de la Audiencia Nacional a su deuda
La incertidumbre en torno a los efectos que causará en la economía esta extensión del Covid, la compañía había perdido más de la mitad de su valor en Bolsa desde el pasado 3 de marzo
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Las acciones de Duro Felguera se han disparado 44% al cierre del viernes, después de que la Audiencia Nacional haya confirmado la ilegalidad de la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central de no admitir la suspensión solicitada por Duro Felguera en 2017 de la deuda derivada de una inspección relacionada con el impuesto de sociedades pagado entre 2010 y 2012.
La incertidumbre en torno a los efectos que causará en la economía esta extensión del virus entre la población, la compañía había perdido más de la mitad de su valor en Bolsa desde el pasado 3 de marzo, cuando empezaron a aumentar los casos de contagiados en el país.
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Sin embargo, tras la notificación recibida este viernes por la ingeniería asturiana de parte de la Audiencia Nacional, ha conseguido que sus acciones se recuperen por el momento, impulsadas también por las inyecciones de liquidez anunciadas por el Banco Central Europeo y las medidas expansivas en materia fiscal aprobadas por el Gobierno español para hacer frente al coronavirus.
El origen de esta deuda se encuentra en la denegación por parte de la inspección de la aplicación de la exención a las rentas obtenidas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Termocentro, por entender que no operaba en extranjero.
La decisión de la Audiencia Nacional supone que deberán anularse tanto la providencia de apremio como los embargos que recientemente notificó la Agencia Tributaria, quedando la deuda suspendida cautelarme mientras no se pronuncie el Tribunal Económico Administrativo Central.
Las acciones de Duro Felguera se han disparado 44% al cierre del viernes, después de que la Audiencia Nacional haya confirmado la ilegalidad de la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central de no admitir la suspensión solicitada por Duro Felguera en 2017 de la deuda derivada de una inspección relacionada con el impuesto de sociedades pagado entre 2010 y 2012.