¿Por qué no paran las obras? Las empresas esperan que el Gobierno imponga el cierre

Fueron muchos los españoles que, este lunes por la mañana, al mirar por la ventana de sus casas, se quedaron sorprendidos al comprobar que la obra de enfrente seguía en marcha. Pero ¿el Gobierno no ha ordenado parar también las obras? Se preguntaron. Y la respuesta, sencillamente, es no.

Ni entre privados (una promoción de chalés, por ejemplo) ni cuando el cliente es la Administración pública (las obras del AVE), en ningún caso el estado de alarma decretado para combatir la expansión del coronavirus conlleva la paralización de estos trabajos, según reconoce oficialmente el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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“El decreto de alarma no incluye la paralización de las obras. En cualquier caso, la empresa contratista tiene que seguir las recomendaciones de Sanidad, como en todos los trabajos, para garantizar la salud de los trabajadores”, señalan desde la cartera dirigida por José Luis Ábalos.

Esta postura choca frontalmente con la petición que, desde las empresas, se ha hecho llegar al Gobierno de que tome la iniciativa e imponga el cierre de las obras, como ya ha hecho con otras actividades, como el comercio o la restauración.

De hecho, el domingo, la APCE (Asociación de Promotores y Constructores de España) envió un escrito al ministro de Transportes solicitándole que tomara la iniciativa; mientras que Seopan, la patronal de las grandes constructoras de obra pública, está intermediando con el Ejecutivo para que dictamine el freno de la actividad.

Detrás de quién toma la decisión de parar las obras hay en juego muchos millones de euros, especialmente en el caso de la obra pública, ya que en este caso la Administración es juez y parte, ya que es ella la que ha decretado el estado de alarma y la obligación de cumplir unas medidas de sanidad, y también el cliente que tiene la potestad de suspender temporalmente el contrato.

En el caso de las obras públicas, la Administración es juez y parte, ya que es el cliente y quien declara el estado de alarma que impide trabajar

De ahí el malestar que existe en el sector por la resistencia gubernamental a ordenar el cierre de las obras, sobre todo cuando en su mayoría son proyectos que ya van con mucho retraso, como ocurre con las diferentes líneas del AVE, por ejemplo, lo que echa por tierra cualquier posible argumento o excusa ligado a la importancia de la celeridad o el cumplimiento de los plazos.

“El Estado no quiere parar las obras públicas porque, en ese caso, se le puede reclamar el coste directo más un 3%”, explican desde una gran constructora. La alternativa que están analizando estas compañías es demostrar la imposibilidad de seguir adelante con el trabajo y cumplir las recomendaciones de Sanidad, lo que les permitiría parar la obra por causa de fuerza mayor y tratar de reclamar el coste.

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Bajo esta casuística, además, podría aplicarse un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), que exoneraría a las compañías de pagar los salarios durante el tiempo que dure el estado de alarma (inicialmente, dos semanas, aunque Ábalos ya ha dicho que previsiblemente se tendrá que alargar), pero sí deberán hacer frente a las cotizaciones sociales.

Como explica Diana Rodríguez, socia de laboral del bufete Ashurst, “una instrucción del ministerio ya ha confirmado que se puede solicitar el ERTE por motivos de restricción de movimientos, actividades suspendidas, que el 100% de la plantilla esté enferma o porque el negocio carece de abastecimiento”.

Este último punto terminará afectando a todas las obras, según advierten desde el sector, primero, porque las medidas que ya se han aplicado conllevan que toda la producción industrial esté trabajando a medio gas, lo que hará imposible cumplir con las entregas pactadas, y segundo, porque la situación se agravará conforme se vayan cerrando fronteras.

De hecho, este es uno de los puntos que, se espera, alegarán las empresas cuando se tenga que parar una obra entre privados, es decir, cuando cliente y contratista sean empresas. En este caso, al considerar que los trabajos se frenan por causa de fuerza mayor, ninguna de las partes estará incumpliendo el contrato y se podrán acoger al ERTE, explican expertos jurídicos.

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No obstante, todo el sector está pendiente del Consejo de Ministros de este martes que, si no hay más sorpresas, aprobará una batería de medidas económicas dirigidas a intentar paliar en la medida de lo posible el fuerte impacto económico que tendrá la crisis del coronavirus.

Suspender el pago de las cotizaciones durante el tiempo que dure el ERTE es una de las opciones que han pedido las compañías. No obstante, con esta solución, o sin ella, las empresas se muestran convencidas de que, antes de concluir esta semana, de una manera o de otra, las obras estarán paradas, lo que piden es que el Estado no les obligue a asumir el coste porque, si ya estaban mal, esto puede suponer, en muchos casos, el cierre. Y no de la obra sino de la empresa.