Un directivo de BBVA denunció el espionaje "ilegal" a periodistas en mayo de 2018

Un directivo de BBVA denunció en mayo de 2018 presuntas prácticas irregulares de la entidad con los periodistas. Lo hizo el propio director de comunicación, Paul G. Tobin, según recoge el pliego de cargos del banco en el expediente contra Eduardo Arbizu, exdirector de Regulación y Control Interno.

Este documento expone que Tobin planteó una denuncia en mayo de 2018 "sobre la ilegalidad cometida por Julio Corrochano, responsable de Seguridad, al extraer y obtener de manera fraudulenta e ilegal información del tráfico de llamadas de los teléfonos de periodistas de medios financieros". "Esta información se obtuvo por el responsable de Seguridad con la finalidad de averiguar quién de la organización podía estar filtrando información confidencial a los medios", añade el escrito de BBVA.

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Esta denuncia, que Arbizu negó haber recibido y de la que el banco no hace comentarios, habría coincidido con la salida de Julio Corrochano, exdirector de Seguridad, de la entidad y con las primeras noticias públicas sobre la contratación de Cenyt —Villarejo— por parte de BBVA. El exdirector de Regulación sostiene que de haber habido irregularidades, el dircom debía haberlas denunciado antes.

Este presunto espionaje ilegal entró en el caso BBVA-Villarejo a raíz de unos documentos encontrados en el ordenador del socio del comisario, Rafael Redondo. Se trata de archivos enviados por el expolicía Antonio Bonilla, con los listados de llamadas de tres periodistas de información económica: el entonces adjunto al director de El Confidencial, José Antonio Navas, y las del hoy adjunto, Jorge Zuloaga (entonces en 'Expansión'), junto a las del periodista de 'El País' Íñigo Barrón.

Práctica habitual

Frente a la denuncia de 2018 y estos documentos, la entidad ha negado recientemente que cometiera ningún tipo de irregularidad al respecto. Ciñó sus actuaciones a revisar si empleados suyos hablaron con determinados periodistas con sus teléfonos corporativos. Lo hizo tras las aportaciones del 'forensic' de PwC, coordinado por Garrigues: "En el análisis forense, se han encontrado determinados correos electrónicos en los que se pone de manifiesto que los servicios internos del banco habrían generado con información existente en la entidad varios listados de llamadas correspondientes a teléfonos corporativos titularidad de la entidad con la finalidad de comprobar si desde esos teléfonos corporativos se habían mantenido llamadas con ciertos periodistas de la prensa económica", expone el escrito de BBVA.

"Esta es una posibilidad amparada en la legalidad y en la propia normativa interna de la entidad, en la medida en que se trata de dispositivos de comunicación propiedad de BBVA y los listados se elaboran con información de la propia entidad, por lo que la elaboración de estos listados no es constitutiva de irregularidad alguna. Asimismo, no se han localizado evidencias de que este mismo análisis hubiese sido encargado a Cenyt ni de que Cenyt hubiese elaborado listados de llamadas como los generados por los servicios internos del banco, o cualesquiera otros", añade la defensa de BBVA.

Lo hizo aportando documentos que acreditan que revisó las comunicaciones de una decena de periodistas con sus empleados durante varios años, a petición de sus directores de comunicación, y con la intervención de Corrochano.