BBVA-Béjar: la intrahistoria de un pacto que el banco se negó a llamar acuerdo

Solución, avenencia… Los abogados de Garrigues, liderados por el prestigioso Rafael Giménez-Arnau, se emplearon este viernes a fondo para evitar que apareciera la palabra ‘acuerdo’ en el pacto al que llegaron, como representantes legales de BBVA, con Antonio Béjar, exdirector de Riesgos de la entidad y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora de Operación Chamartín.

Las dos partes habían sido citadas a las 9 de la mañana en el juzgado de lo social número 10 de Madrid para verse las caras por el despido de Béjar, que acusaba a la entidad de haber tomado esta medida como represalia, después de que el directivo accediera a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del caso Tándem, que intenta aclarar los trabajos que realizó para el banco la agencia Cenyt, empresa del excomisario José Manuel Villarejo.

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Pero la magistrada María Fátima Beardo se empleó a fondo para que las dos partes llegaran a un acuerdo. Si se hubiese celebrado la vista, habría supuesto trasladar de facto el ‘caso Villarejo’ a los juzgados de lo social. Una ligazón a la que el representante legal de Béjar, Antonio Bernal, de Dikei Abogados, trató de quitar importancia tras el acuerdo, asegurando que se trataba de dos causas independientes.

Sin embargo, el claro ejemplo del nexo existente entre esta causa y la penal de la Audiencia Nacional es que BBVA pidió incluir una cláusula según la cual, si Béjar resulta condenado a más de un año de cárcel deberá devolver al banco 910.000 euros de los 1,7 millones en que se ha cifrado su acuerdo económico.

Un pacto al que se llegó a regañadientes y tras varias entradas y salidas de las partes de la sala de vistas; momentos de tensión en los que BBVA contrastaba todo el rato con sus abogados de la parte penal cada paso que daba y cada pacto al que llegaba, consciente de que cada detalle, hasta la última palabra, forma parte de una estrategia mucho mayor.

De hecho, un aspecto que también fue crítico en los corrillos que se formaron en los pasillos y salas de espera del juzgado mientras las dos partes se ponían de acuerdo en la redacción del acta de conciliación era si, finalmente, Béjar había sido despedido de manera procedente o no.

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La entidad, en todo momento, intentó trasladar el mensaje de que se trataba de un despido procedente, llegando a enviar un breve comunicado en este sentido, y argumentando que si la vista respondía a una demanda por despido improcedente y el directivo había desistido de la misma, "queda como procedente”.

Una máxima que negó de manera rotunda el abogado de Béjar, quien apuntó que “el despido no ha sido calificado” porque al no haber habido un juicio, sino un acuerdo económico, “ha quedado sin juzgarse”.

La preocupación mostrada por las dos partes en esta guerra de palabras y mensajes permite entrever el filo en el que se mueven tanto BBVA como Béjar en la que es su verdadera causa, el caso Tándem, en la que ambos, entidad y directivo, están imputados.

Este procedimiento arranca la próxima semana un nuevo ciclo, al iniciarse las vistas sin secreto de sumario y con la posibilidad de que todas las partes pregunten al resto, un fuego cruzado que se avecina y que explica que hasta el último sinónimo pueda tener consecuencias. Y esta vez, penales.