Iberdrola modifica el reglamento y se cubre ante una salida inesperada de Galán

Iberdrola aprobó en la última reunión del consejo de administración de 2019 una reforma del reglamento de su órgano de gobierno, cuya principal modificación está relacionada con la sustitución de su presidente y consejero delegado, Ignacio Sánchez Galán, en el caso de que tuviera que dejar sus funciones por causas inesperadas. Unos cambios que se producen en medio de la investigación de la Audiencia Nacional sobre los pagos al comisario de policía José Manuel Villarejo.

Según han confirmado fuentes oficiales de Iberdrola, el consejo de administración de la eléctrica acordó el pasado 17 de diciembre una actualización de las normas de funcionamiento del órgano de gobierno, así como de las comisiones de nombramientos y de retribuciones. Según las mismas fuentes, la modificación más importante del reglamento fue la de “incorporar al consejero coordinador en el régimen de sustituciones del presidente y del consejero delegado (no puntual e inesperada) en ausencia de vicepresidentes”. Es lo que acaba de ocurrir exactamente en Red Eléctrica de España (REE), donde su consejera coordinadora, Carmen Gómez de Barreda, ha tenido que hacerse cargo de la gestión del consejo por la abrupta dimisión de Jordi Sevilla.

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Hasta la fecha, el articulado del consejo de administración indicaba que “a propuesta de su presidente y previo informe de la comisión de nombramientos, podrá elegir de entre sus miembros a uno o más vicepresidentes que sustituirán transitoriamente, con todas sus facultades y responsabilidades y según el orden que se establece en este artículo, al presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad no puntual e inesperada”.

A partir de ahora, Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro, como consejero independiente y coordinador, podrá relevar a Galán en caso de que el actual primer ejecutivo y consejero delegado tuviera que dejar el cargo de forma no programada. En el caso, entre otros supuestos, de que finalmente fuese llamado a declarar como imputado o investigado por la contratación de los servicios del comisario de policía.

El reglamento de Iberdrola indica que “todo consejero deberá informar a la sociedad, a través del secretario del consejo de administración, en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”. En ese caso, el consejo “examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible y adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés social”.

Cualquier miembro del órgano de gobierno de Iberdrola, incluido Galán, debe poner su cargo a disposición si “por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal”. También “cuando perdieran la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la sociedad”. Así como "cuando por circunstancias sobrevenidas se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la ley o en el sistema de gobierno corporativo".

González Serna ocuparía la presidencia, siempre y cuando Inés Macho, la actual vicepresidenta, no aceptara el cargo. Pero se da la circunstancia de que Macho fue una de las investigadas por Villarejo a instancias del consejo de administración para conocer su idoneidad para el cargo de consejera, cuando fue nombrada por primera vez en 2006. Un trabajo que habitualmente las empresas cotizadas suelen encargar a firmas de cazatalentos o ‘head hunters’ y que, en este caso, con pesquisas incluso sobre su vida personal y familiar, llevó a cabo el comisario.

El precedente

Iberdrola ya ha tenido un precedente de un consejero imputado. Fue Ángel Acebes, ministro de Interior con José María Aznar, al que Galán incorporó al consejo de administración pese a no tener experiencia en la empresa privada ni en el sector eléctrico. El exdiputado fue imputado por la salida a bolsa de Bankia, de la que también fue consejero, pero el presidente decidió mantenerlo en su puesto varios años después de que pusiera su cargo a disposición.

Finalmente, Galán prescindió de él en la pasada junta general de accionistas, tal y como adelantó El Confidencial justo hace un año. El consejo renovó a todos los consejeros a los que les vencía el mandato, menos al exministro. Acebes se quejó posteriormente en su declaración ante el juez de que esa imputación le había costado su trabajo en Iberdrola, por el que había ingresado algo más de 2,19 millones de euros, a razón de 313.000 euros al año.

La gran diferencia con el caso del dirigiente Popular es que su estigma judicial venía por su presencia en el consejo de una empresa, en este caso Bankia, ajena a Iberdrola, mientras que la posible imputación de parte de la cúpula de la eléctrica se va a producir, según fuentes judiciales, por la investigación relacionada con los pagos internos a Villarejo.