Barra libre de la Junta para activar las inversiones del sector minero andaluz

La nueva regulación, recién convalidada por el Parlamento andaluz, para agilizar la tramitación de los grandes proyectos de inversión en Andalucía va a tener una primera y relevante consecuencia. En un sector especialmente aquejado de lentitud administrativa para progresar: el minero. Según diversas fuentes empresariales, así como de las consejerías de Economía y de Hacienda e Industria, la Junta está animando a las compañías que gestionan las minas de Riotinto, Aznalcóllar, Las Cruces, Tharsis y Aguas Teñidas a solicitar que todos sus proyectos actuales o futuros de reapertura y ampliación —según cada caso— sean declarados estratégicos.

Con ello, se reducen a la mitad los tiempos habituales de obtención de licencias, sean municipales o autonómicas. La figura exige, al menos, invertir 25 millones y crear 50 empleos. Cada uno de esos proyectos que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta califique de estratégicos tendrá asignado un 'project manager' centrado en la agilización de su recorrido administrativo. Además, la propia designación de una iniciativa como estratégica se resolverá rápido: el compromiso es que sea en menos de un mes, señalan desde Economía. Junto a las minas que lo obtengan, hay dos proyectos heredados de la etapa anterior del PSOE en el Gobierno que ya tienen esa calificación: las ampliaciones de la refinería de Cepsa en San Roque (Cádiz) y de Cosentino en Cantoria (Almería).

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La solicitud la tienen que hacer las empresas, aunque desde Hacienda se asegura que entren o no en el grupo de proyectos 'premium' por así decirlo, la Junta va a tratar de agilizar todo lo posible su recorrido. "Los trataremos como estratégicos de hecho o de derecho", resumen desde este departamento. La llegada hace un mes a la secretaria general de Industria del exdirectivo de Riotinto, Holcim o Levantina Fernando Arauz encaja en esta línea de actuación, argumentan desde Hacienda.

Esta voluntad de imprimir celeridad se ha materializado, esta misma semana, en la declaración ambiental favorable para la mina de Riotinto (Huelva). Se da así respuesta a la anulación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), por un defecto formal, dictada por el Tribunal Superior andaluz el año pasado. Pero esta misma mina tiene pendientes de aprobación, desde hace dos años, una nueva AAU y un nuevo proyecto de explotación relativos a su ampliación de capacidad de procesado hasta los 15 millones de toneladas de mineral anuales.

Economía circular

También urge, como adelantó este medio el pasado 15 de enero, la autorización de todos los permisos presentados en octubre de 2018 para el nuevo proyecto minero en Las Cruces (Sevilla) ya que a final de este año prevé dejar de producir. El agotamiento del yacimiento actual a cielo abierto puede suponer al menos dos años en blanco hasta que el nuevo proyecto de minería subterránea reciba luz verde y se inviertan en él los 400 millones previstos por su propietario, la minera canadiense First Quantum. A estos dos se suman los procesos de reapertura de Aznalcóllar (Sevilla), que se arrastra desde 2015 aunque afectado también por investigaciones judiciales, y Tharsis (Huelva).

Además, según ha podido confirmar El Confidencial, la compañía Atlantic Copper que gestiona la fundición de cobre del puerto de Huelva, será la primera compañía que presente un proyecto totalmente nuevo que se acogerá a esta figura. Es una iniciativa relacionada con la economía circular, aunque ni desde la empresa filial de Freeport McMoran ni desde la Junta se han querido aportar más detalles. Tanto el cobre como los subproductos derivados de su proceso de refinado tienen amplias posibilidades de reutilización y valorización. La empresa ya ha recibido respaldo financiero de la UE a dos proyectos de economía circular (recuperación de agua y reutilización de residuos) en los últimos años. Un tercer proyecto nuevo sería el que se presentaría a la Junta como estratégico.

La Junta considera sectores relevantes, primero, al industrial; pero también las renovables, servicios tecnológicos avanzados o atención a dependientes

Los sectores que se consideran relevantes por la Junta a efectos de recibir de ellos proyectos estratégicos son, primero y fundamentalmente, el industrial. También los de energías renovables, servicios tecnológicos avanzados o aquellos de cariz social relacionados con atención a dependientes. El decreto ley con la nueva regulación de esta figura, elaborado por la consejería de Economía, modifica la ley de 2011 que no logró agilizar ni desatascar las iniciativas privadas.

Hay cien solicitudes recibidas de funcionarios de la Junta para optar a unas de las 20 plazas de 'project manager' públicos, y las entrevistas para hacer una primera criba hasta dejarlos en 40 ya han comenzado. Algunos de los aspirantes ya tienen formación específica para desempeñar esas funciones, otros tendrán que recibirla tras resultar elegidos. Esa veintena de altos funcionarios estará adscrita a la secretaría general de Función Pública de la consejería de Presidencia. Conformarán la denominada unidad aceleradora de proyectos.

Previamente, las empresas deben de contactar con la consejería de Economía para presentar la solicitud, redactar una memoria específica y tener así la seguridad de que la Comisión Delegada dé su visto bueno a calificarlos como estratégicos. No hay, por decirlo así, un formulario base común a cumplimentar por las compañías, sino que se hará un acompañamiento a medida desde Economía para lograr una evaluación favorable antes de enviarlo a la citada comisión.

El reto de la Junta estará, según inciden las fuentes consultadas, tanto en agilizar las tramitaciones que directamente dependan de consejerías del Gobierno como, sobre todo, las de administraciones locales (ayuntamientos) o estatales (confederaciones hidrográficas o ministerios).