El auditor de PwC pide protección policial antes de declarar sobre Fridman y Dolset

Protección policial. Eso es lo que ha pedido un testigo clave para dilucidar la guerra entre Javier Pérez Dolset y el multimillonario Mikhail Fridman por la quiebra del grupo tecnológico español Zed Worldwide, del que eran accionistas, entre otros, Planeta (dueño de Antena 3 y Onda Cero), Banco Santander y Juan Abelló. Según un auto del juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la suspensión de la declaración de Edwin Harland, el auditor que advirtió de las presuntas irregularidades del socio ruso del empresario español, al haber pedido protección antes de dar su testimonio de lo ocurrido.

La Fiscalía indica que, antes del interrogatorio a Harland, necesita tener acceso a los informes que el auditor de PwC hizo sobre la situación de estrangulamiento financiero provocado por empresas vinculadas a Fridman para quedarse con el Grupo Zed Worldwide a precio de saldo, según la versión de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que derivó en la imputación del magnate ruso el pasado 5 de agosto.

Una vez que tenga en su poder estos documentos, publicados por El Confidencial en enero de 2017, José Grinda, el fiscal que lleva el caso, "se pronunciará sobre la conveniencia o no de dicha protección [solicitada por Harland] con arreglo a la ley de protección de 1994". Un auto que ha supuesto la suspensión, por tercera vez, de la declaración del exempleado de PwC, que tenía que haber acudido al juzgado el pasado 10 de diciembre. Su primera cita fue el 12 de septiembre y la segunda, el 7 de octubre, pero ambas fueron también retrasadas.

El exdirectivo de PwC, que en 2015 se refugió en Londres, "trabaja actualmente en una investigación global de alto nivel" que no concreta

Harland, que llegó a reunirse con ministros de Vladimir Putin, en referencia a Vladimir Alexander Kolokoltsev, responsable de Interior y cuyo hijo recibió hasta 30 millones de dólares de empresas (Vstrecha) vinculadas a Zed en Rusia, había alertado en sus informes de 15 de octubre y 9 de noviembre de 2014 de las presuntas irregularidades cometidas por ejecutivos rusos: "Creemos que hay un riesgo de que las evidencias sean destruidas, alteradas o fabricadas, lo que podría afectar negativamente al resultado de la revisión [investigación]".

El exdirectivo de PwC, que en 2015 abandonó Rusia para refugiarse en Londres, “trabaja actualmente en una investigación global de alto nivel” que no concreta. Según otras fuentes, Harland ha estado colaborando con las autoridades judiciales estadounidenses, cuyos servicios de seguridad, como el FBI y la CIA, también están involucrados en el caso.

De hecho, varias de las declaraciones ante el Department of Homeland Security and Treasury de directivos rusos han sido incluidas en el informe de la Policía Nacional en manos de Grinda. Algunos de los ejecutivos cercanos a Fridman, como Mikhail Slobodin, consejero delegado de Vimpelcon, la operadora rusa controlada por el accionista de DIA y rebautizada como Veon tras pagar una multa de 800 millones de dólares por soborno, han estado en busca y captura por la Interpol.

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El testimonio de Harland es clave para saber el desarrollo de una investigación con muchos millones en juego, que también ha salpicado a ING —ha sido multado con 775 millones de euros por facilitar el lavado de dinero de grandes fortunas rusas y la asfixia de Zed—.

El ruso denuncia al español

Fridman, que declaró el pasado 21 de noviembre ante Grinda y el juez Manuel García-Castellón, negó cualquier responsabilidad en los hechos y señaló a Pérez Dolset responsable de la "gestión indebida" de Zed, así como de haber proporcionado documentos falsos para implicarle en la causa. El inversor ruso, asesorado por los socios de Baker McKenzie Víctor Mercedes y Jesús Santos, aseguró que no tiene participación en los hechos investigados, ni por ende "ninguna responsabilidad legal atribuible en relación con los mismos".

Días después, Fridman, accionista mayoritario de la cadena de supermercados DIA a través del fondo LetterOne, presentó una querella contra Javier Pérez Dolset en los juzgados de Madrid por un presunto delito de falsedad en documento privado y estafa procesal en grado de tentativa, ya que asegura que la documentación que aportó a la Audiencia Nacional y motivó su imputación por la operación Hanta es falsa.

Se refiere a "al menos tres documentos falsos" que Pérez Dolset, tras denunciar a Fridman ante la Fiscalía Anticorrupción por la quiebra de Zed, fue aportando a los investigadores "con conocimiento de su falsedad, y con el fin espurio de inducir a engaño a la Fiscalía, a la policía judicial y eventualmente al juzgado" mostrando "indicios pretendidamente inculpatorios" contra Fridman.