Las renovables preparan la batalla contra el Gobierno para evitar ejecuciones millonarias

Se avecina pelea entre los grandes adjudicatarios de las subastas de renovables de 2017 y el Ministerio para la Transición Ecológica. Según explican fuentes del sector, el departamento dirigido por Teresa Ribera está dispuesto a ejecutar los avales de todas las empresas que no tengan en marcha sus proyectos de eólica y fotovoltaica antes del 1 de enero de 2020, fecha límite que marcaba la subasta.

Sin embargo, los afectados no se van a quedar de brazos cruzados. A menos de un mes para que venza el plazo, ya todos tienen claro cuál es el nivel de maduración de los proyectos y aseguran que una gran mayoría de los megavatios que se adjudicaron no llegarán a tiempo, pero no por culpa suya.

Esto significa que empresas como Forestalia, Cobra (Grupo ACS) o Alfanar, tres de las que más potencia obtuvieron en la puja competitiva, se juegan cientos de millones de euros. Por cada megavatio subastado, se depositaba un aval de 60.000 euros. Las tres empresas con más proyectos se llevaron cerca de 4.000MW.

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Si finalmente no se llega a poner el marcha el proyecto al inicio de 2020, el Gobierno puede quedarse con parte del dinero depositado. Además, pierden el suelo retributivo que garantiza la subasta, aunque esto preocupa menos a los desarrolladores, ya que se trata de una cantidad muy escasa y todos esperan obtener mayores ingresos directamente del mercado.

Aunque Transición Ecológica tiene potestad para quedarse estas garantías —de hecho, ya ha iniciado las reclamaciones a desarrolladores que no cumplieron con hitos intermedios—, los promotores van a poner encima de la mesa argumentos para tratar de esquivar esta pérdida millonaria.

El Gobierno puede pedir los avales por incumplimiento de plazos, pero las empresas de renovables creen que la demora se ha debido en muchos casos a problemas ajenos. Fundamentalmente, de consecución de permisos administrativos, con lo que entienden que es la propia Administración la responsable de que los proyectos no estén ya en marcha antes que las compañías.

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En este sentido, subrayan que ha habido enormes cuellos de botella en diferentes fases que han hecho que los proyectos se retrasen. Uno de ellos ha estado en el Ministerio de Defensa, donde el personal capacitado para dar determinados permisos, como la servidumbre aérea, era prácticamente nulo. Los proyectos de eólica necesitaban la autorización del departamento dirigido por Margarita Robles por la incidencia que los molinos pueden tener sobre el espacio aéreo. Este y otros plácets administrativos han provocado largas esperas, de incluso cerca de tres años, advierten.

Así, alguno de los promotores explica que sin recurrir a la Justicia ordinaria hay mecanismos dentro del propio Ministerio para la Transición Ecológica donde resolver estas disputas. Además, confían en que si los proyectos se culminan a pocas semanas del 1 de enero, el Gobierno entienda la situación y desista de sus reclamaciones.

La batalla que se avecina entre empresas

Sin embargo, la cuestión no es tan fácil. Hay firmas potentes que prefirieron no ir a la subasta por el elevado riesgo de ejecución que entrañaba, ya que los plazos eran muy ajustados. Los dos grandes referentes en renovables en España, Iberdrola y Acciona, no pujaron precisamente por la dificultad de plazos. Fuentes del sector creen que ambas empresas podrían elevar quejas al Gobierno si este hace la vista gorda con la ejecución de avales.

Por otro lado, está la incógnita de Naturgy y Endesa. Ambas compañías siempre han asegurado que llegarán a tiempo con sus casi 2.000 megavatios adjudicados de eólica y fotovoltaica. Si lo lograran, también presionarían para ejecutar avales, ya que se considerarían agraviadas, dados los esfuerzos que han tenido que hacer para cumplir con los plazos. No obstante, aún no hay confirmación de la puesta en marcha del 100% de sus infraestructuras y el plazo está a punto de terminar.

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Para los nuevos actores emergentes, la afectación de Cobra es una baza, ya que la fuerza de un grupo como el de Florentino Pérez para dar la batalla ante la Administración creen que es de gran ayuda.

Ahora está por ver quién tiene mayor capacidad de influencia sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, si Florentino Pérez o el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Lucha de titanes acostumbrados al trato con la Administración. Casualidades del destino, la guerra que vivieron ambos mandatarios por el asalto a la eléctrica sigue más viva que nunca por el caso Villarejo. Se avecina otra derivada de esta guerra empresarial por la subasta de renovables.