España paga más en multas por no depurar bien el agua que en obras medioambientales

Es la otra cara de la cumbre del clima que acoge Madrid esta semana, una cita en la que políticos, empresarios y sociedad civil se visten de verde por unos días y debaten sobre el gran reto del planeta. Pero la sostenibilidad, como tantas cosas, está más en el hacer que en el decir, y ahí, el flamante Gobierno anfitrión de Pedro Sánchez aparece seriamente contaminado por los datos.

En lo que llevamos de año, España apenas ha invertido 42 millones de euros en obras ligadas el Ministerio de Transición Ecológica, cifra un 62% inferior a la arrojada en el mismo periodo del año anterior y que pone en evidencia la verdadera apuesta de nuestro país por este tipo de infraestructuras, directamente ligadas a aspectos tan relevantes como el agua.

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Un pecado que actualmente afecta al equipo de Teresa Ribera, pero que se remonta a muchos años atrás y ha sacado por igual los colores a los ministros de un signo político u otro, como queda reflejado en el reiterativo incumplimiento de la directiva europea de tratamiento de aguas residuales. A esto se añade la clara apuesta de los diferentes ejecutivos por el ferrocarril o las carreteras, pero no así por las infraestructuras de agua.

Según los datos oficiales de licitación y contratación públicas recopilados por Seopan, patronal del sector, para el periodo enero-octubre de este año, mientras que el Ministerio de Fomento ha más que duplicado la contratación de obra pública, fundamentalmente la ligada al AVE y a carreteras, Transición Ecológica cuenta con auténticos puntos negros, como la Dirección General del Agua, que en la recta final del año aparece con el contador a cero.

Este dato resulta especialmente grave cuando se cruza con la multa impuesta a España por la Comisión Europea, por incumplir una directiva comunitaria de 1991 sobre depuración de aguas residuales. Esta norma obliga a todos los núcleos con más de 15.000 habitantes a tratar correctamente el agua que se vierte al mar y a los ríos, y España lleva incumpliéndola desde 2001, año límite para haberse adaptado.

Tras varios avisos y fallos en contra, Bruselas terminó imponiendo a nuestro país una multa de 12 millones de euros y el pago de 11 millones cada semestre hasta que se cumpla la directiva, castigo que se remonta al verano de 2018, lo que significa que España acumula ya más de 40 millones devengados en sanciones por este tema (la multa inicial, los dos semestres transcurridos y lo que llevamos de este).

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Suma y sigue, porque la factura final amenaza con dispararse por encima de los 100 millones si, como se pronostica, nuestro país todavía tardará otros cinco años en adaptarse a lo exigido por la Comisión... Y eso si se realizan las inversiones necesarias, algo que a tenor de los datos oficiales, podría ponerse en entredicho.

La inestabilidad política de los últimos tiempos y la repetición electoral tampoco pueden esgrimirse como responsables de esta falta de ejecución inversora, ya que mientras Fomento ha contratado en los 10 primeros meses de este año un 25% de lo que se licitó el año pasado, Transición Ecológica ha ejecutado casi un 25% menos.

Frente a la fuerte caída de la contratación, está el disparado ritmo de licitación de la cartera dirigida por Teresa Ribera en lo que llevamos de año, al sumar 211 millones de euros, frente a los 55 millones del anterior. El problema histórico es que se deja sin ejecutar gran parte de las licitaciones, lo que explica los dispares números que resultan entre lo que se dice que se va a hacer y lo que finalmente se hace.