La Junta pide proyectos a las empresas para relanzar la alianza público-privada en 2021

El tercer foro anual organizado por Azvi, primer grupo andaluz de construcción y servicios, y El Confidencial, en Sevilla, para analizar las perspectivas del modelo de colaboración público-privada en infraestructuras, ha dejado una idea clave en la mente del centenar largo de directivos y representantes públicos asistentes. La de que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos espera proactividad del sector privado para hacerle llegar proyectos hasta los meses de marzo o abril de 2020, con el objetivo de hacer hueco a la licitación de obras con esta fórmula en los presupuestos de 2021.

La jornada, celebrada en la sede de la patronal de la construcción y la promoción sevillana Gaesco, permitió visualizar la confluencia de objetivos entre la Junta andaluza y las empresas del sector. Juan Bravo, consejero de Hacienda, y Marifrán Carazo, consejera de Fomento, reiteraron en sus intervenciones de apertura y cierre que el Gobierno regional "está convencido de que la alianza público-privada es la fórmula adecuada, conceptual y políticamente, la apoyamos". "No queremos poner etiquetas a los proyectos, nuestro único criterio a la hora de elegir si se hacen con cargo al presupuesto o en alianza con el sector privado es que sea el que más beneficia al ciudadano", aseguró Bravo.

Carazo precisó que hay que buscar consenso político sobre la "bondad" de esta vía de financiación para poner en marcha lo que la Administración no puede hacer sola, al tiempo que hay que despejar las trabas jurídicas que la vienen frenando. Para la recepción y análisis de esas propuestas que lleguen del sector privado, remitió a la Oficina de Evaluación de Proyectos, "que tendrá en cuenta el beneficio económico y social, el coste y viabilidad económica, así como su respeto al medio ambiente".

Las licitaciones de las ampliaciones de los metros de Sevilla, Málaga y Granada previstas para el próximo mes de diciembre serán el primer test para esta nueva orientación. Bravo expresó además su deseo de que esta Oficina de Evaluación esté "atestada" de propuestas cuando el Gobierno comience en la próxima primavera a elaborar los presupuestos de 2021.

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Nacho Cardero, director de El Confidencial, destacó la evolución positiva y ascendente que ha tenido el foro conjunto con Azvi en estos tres años de trayectoria. "Nuestro interés creciente en Andalucía, tanto del periódico como de Azvi, queda aquí puesto de manifiesto". Cardero destacó la enorme dotación de infraestructuras con que ya cuenta la comunidad, y añadió que pese a ello las necesidades de ampliarlas, renovarlas y conservarlas exigen contar ineludiblemente con este modelo de cooperación entre empresas y Administración.

"Lo que queremos es trabajar, no tenemos ningún proyecto encima de la mesa y puedo asegurar que la rigidez que supuestamente existe legalmente para desarrollar este tipo de proyectos en España no es tal". Con esta señal de confianza arrancó la mesa de debate —que fue el núcleo de la jornada— el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez. Junto a él, completaron el plantel de ponentes el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano; el director de la filial de concesiones de Azvi (Cointer), Alfonso Budiño; el socio fundador del fondo TIIC, Filipe Dias, y el socio de las áreas Fiscal y Jurídica de PwC en Andalucía José Luis Nores.

Rentabilidad y sesgo político

Tanto Méndez como, de manera singular, Nores matizaron la idea de que la Ley de Desindexación de 2015 y la de Contratos Públicos de 2017 limitan de manera inamovible la rentabilidad que pueden obtener los concesionarios de un proyecto público-privado. "Una orden del Ministerio de Hacienda, según recoge la propia ley, es suficiente para modificar esa tasa, pero ninguno de los ministros de Hacienda a los que se les ha pedido en estos últimos años lo ha hecho", según el socio de PwC. Méndez abundó en esta dirección al citar un pequeño tramo de la A-7 en Murcia donde se ha usado una tasa superior en un proyecto público-privado. "La Oficina de Evaluación de Proyectos está analizando jurídicamente cómo aprovecharla", aseguró el secretario general.

Filipe Dias, con experiencia en los mercados de Portugal, Francia y España, aseguró con franqueza que no entendía "por qué la Administración tiene que fijar la rentabilidad del socio privado, debería sacar un pliego con un volumen económico y ya nosotros hacemos las cuentas". En este sentido, Budiño, desde Azvi, puso de manifiesto la paradoja de "tener que estar invirtiendo nuestros capitales en el exterior ante la falta de proyectos en España, estamos preparadísimos para empezar".

Y es que, como recordó Juan Lazcano, España lleva 12 años sin licitar ningún proyecto de concesión de obra pública. "Y a ello se suma la decisión de eliminar los peajes en 1.000 kilómetros de la A-7", recordó. Esto hará descender el porcentaje de kilómetros de autopistas y autovías de peaje del 18% al 9% del total. "Tenemos un problema de falta de mantenimiento brutal, y esto lo empeorará", advirtió. El veterano dirigente patronal, y expresidente de Inypsa, pidió además al consejero Bravo hacer una doble evaluación de costes de forma sistemática para comparar lo público con lo público-privado. A lo que el titular de Hacienda se mostró receptivo.

Nores y Budiño sostuvieron también la necesidad de eliminar el sesgo político asociado a esta fórmula de ejecución de infraestructuras. La propia consejera Marifrán Carazo reconocía en la clausura de la jornada que hay que hacer un trabajo de "recuperación de la confianza en esta fórmula, asociada a deficiencias de control y a impactos económicos. Pero es una fórmula perfectamente válida, nuestra voluntad política es relanzarla". Budiño lanzó a este respecto un mensaje de aliento: "Los fondos internacionales, pese a los problemas que ha habido, tienen voluntad de volver a invertir".

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Su compañero de Gobierno en Hacienda, Ignacio Méndez, había lamentado en la mesa que solo el metro de Sevilla había aflorado 360 millones extra en pasivos, lo que descuadró las cuentas de la Junta el pasado año. "Nuestro endeudamiento está limitado y en 2020 el objetivo de déficit es del 0%, así que los nuevos mecanismos de financiación no pueden impactar en ninguno de esos parámetros". Baño de realismo que posteriormente, a una pregunta del presidente de la patronal sevillana CES, Miguel Rus, combinó con el ofrecimiento de que desde cada consejería se destine parte de sus recursos a este tipo de proyectos.

Entrando en el aspecto presupuestario, Lazcano destacó que solo en el campo de las infraestructuras para cumplir con la legislación europea en materia de aguas hacen falta unos 12.000 millones de euros. En esta misma visión general, el directivo de Azvi recalcó: "Se echa de menos un modelo de país en la planificación de las infraestructuras. Tenemos modelos de éxito fuera, como por ejemplo la conversión de las autovías con pago en la sombra al peaje blanco en Portugal, o aquí en España un peaje a tráfico pesado en un tramo de la A-1 en Guipúzcoa que está funcionando perfectamente".

Coincidieron todos los ponentes, a propósito de estas vías para sortear los impedimentos legales, en que para otro tipo de proyectos, como edificios de uso público o viviendas, existen otras fórmulas poco utilizadas. Como la de los derechos de superficie que se ceden a un privado para construir un activo, lo que por ejemplo rebajaría sustancialmente el coste de las VPO.

¿Por dónde empezar entonces? ¿Algún proyecto icónico como la mejora de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, una de las grandes reivindicaciones históricas de la comunidad? La consejera de Fomento apuntó en otra dirección: "Necesitamos unos cuantos proyectos pequeños, que nos faciliten la colaboración a ambas partes, no queremos frustrar las expectativas de la sociedad y además impactar en el presupuesto de la Junta, como ocurrió en la legislatura de PSOE e IU".

Oportunidades y fondos

También citó como oportunidades la intención de la Junta de facilitar suelo propio para hacer VPO, pero tras "flexibilizar el concepto de vivienda protegida". "Desde hace una década, no se promueve vivienda social por parte de la Administración andaluza", recordó Carazo. Fomento quiere igualmente dar entrada a privados en la red autonómica de puertos, y prevé que el mes que viene se apruebe la nueva Ley de Suelo que elimina trabas y diseña un nuevo plan de Infraestructuras 2021-2027.

Recursos públicos, en cualquier caso y pese a todas esas cautelas y constreñimientos, no renuncia la Junta a levantar fondos para destinar a infraestructuras. El consejero Bravo esgrimió el plan de venta de activos inmobiliarios del Ejecutivo, de 320 millones, que se van a redestinar a obra pública para no descapitalizar al Gobierno andaluz tras esas enajenaciones. El próximo lunes, se celebra la primera subasta de inmuebles. A ello añadió el ahorro neto —"hemos dejado de gastar 50.000 euros en luz solo por apagarla al salir en la sede de Hacienda en Torretriana"— y la voluntad de maximizar los ingresos aumentando el control.